La mayoría oficialista en la Junta Departamental de Maldonado concedió, en la madrugada de este miércoles, la anuencia para que la administración del intendente nacionalista Enrique Antía constituya un fideicomiso de hasta 45,5 millones de dólares para realizar obras “estratégicas” para el departamento. La deuda se saldará dentro de los próximos 20 años, con recursos surgidos de la cesión de derechos por cobro de Sucive, más ingresos por la cobranza de tasas, impuestos y contribuciones departamentales.
El fideicomiso autorizado se divide en tres bloques: el primero, por 32,5 millones de dólares, comprende obras de movilidad urbana, viales, arquitectura y paisajismo; el segundo bloque, por 11 millones de dólares, refiere a obras de iluminación, veredas y pavimentación; el tercero, destina 2 millones de dólares a la compra de terrenos para regularizar los barrios Maldonado Nuevo y San Antonio.
El decreto aprobado por los 21 ediles oficialistas habilita al intendente a ajustar las descripciones de las obras y reprogramar los montos de los proyectos, “dando cuenta a la Junta Departamental”. Asimismo, señala que el intendente “podrá sustituir cualquiera de las obras de la nómina [del fideicomiso] por otras previstas presupuestalmente, sin que ello pueda importar superar el monto de la emisión destinado a obras, deducidos los gastos y costos de la misma”.
El debate
La discusión del proyecto de decreto planteado por Antía se extendió durante ocho horas, en una sesión extraordinaria que finalizó sobre las 4.30 de la madrugada. La convocatoria la hizo un día antes el edil herrerista Darwin Correa, presidente de la Junta Departamental, tan pronto se recibió el informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR); el organismo no objetó la iniciativa, pero advirtió que, al contraer el fideicomiso, el endeudamiento de la Intendencia de Maldonado (IDM) se incrementará un 31% .
La bancada del Frente Amplio (FA) había solicitado en la Comisión de Presupuesto prorrogar por una semana la discusión del proyecto, a fin de analizar en profundidad el informe del TCR. Pero no lo consiguió. Los ediles blancos llevaron el debate hacia la necesidad de afrontar “proyectos de infraestructura y obras estratégicas” siguiendo los “desafíos que plantea el crecimiento” del departamento, y posibilitar su desarrollo en los próximos años.
El Partido Nacional (PN) señaló, además, que la deuda se solventará con el “crecimiento natural” de la recaudación de los tributos inmobiliarios debido a la incorporación de nuevos padrones, lo cual se verifica “a través de un crecimiento sostenido de la recaudación año a año”.
El FA comenzó cuestionando el inciso que habilita al intendente a modificar obras del fideicomiso por “otras previstas presupuestalmente”. A juicio de la oposición, si los proyectos planteados en el fideicomiso pueden cambiarse “de forma unilateral” por parte del jefe comunal, “entonces, los 45,5 millones de dólares se convierten en una deuda adicional a las muchas que ya tiene la IDM” y las obras nominadas no son “tan estratégicas” como se alega.
Ediles y edilas frenteamplistas remarcaron que esa potestad convierte al fideicomiso en una especie de “bolsón de destino indeterminado con el que se puede financiar cualquier obra presupuestada”. En ese sentido, consideraron que el nuevo endeudamiento apunta a cubrir obras que ya estaban previstas en los presupuestos quinquenales de Antía y que no se ejecutaron porque, aun con el aumento de la recaudación, el intendente incrementó los gastos de la comuna con su política de “clientelismo” y “amiguismo”. “Las consecuencias fueron inmediatas: si se gasta más de lo que se recauda, la única manera de cerrar la brecha es aumentar el endeudamiento”, sentencia el informe en minoría del FA.
Para graficar tal afirmación, la oposición subrayó que el PN asumió en 2015 con un déficit acumulado de 47 millones de dólares y lo llevó a 126 millones en 2022. “Se trata de 79 millones de dólares más en siete años. ¿Cómo se explica, sin grandes obras públicas, con otro fideicomiso para el realojo del Kennedy y otro más por 95 millones de dólares para licuar la deuda acumulada?”, fustigó el edil Joaquín Garlo. En la misma línea, el FA enfatizó que el intendente blanco “duplicó” el déficit de los últimos 30 años de la IDM: “desde 1985 a 2015 el déficit acumulado era de 47 millones de dólares; al 2022 son 126”.
Sabiendo de antemano que haría pesar su mayoría de 21 ediles para aprobar el discutido fideicomiso, los ediles del PN argumentaron que el FA se niega a aprobar obras que dan trabajo y prosperidad al departamento, que se dedica a poner “palos en la rueda” y que nunca hace propuestas. Sin embargo, no consideró ninguna de las alternativas, modificaciones y aditivos que la izquierda planteó en su informe en minoría.
Lo aprobado y lo que se descartó
El decreto aprobado establece que el bloque de 32,5 millones de dólares se destinará a construir el corredor vial para el tránsito pesado al sur de la ruta 9, el puente del Paso del Guerrero en San Carlos, la reconstrucción del Camino de los Ceibos (en jurisdicción del municipio fernandino), la repavimentación parcial de la ruta 39, una rotonda en Aparicio Saravia y Paso de la Cadena, la reconstrucción de la avenida Leandro Gómez, obras para las estaciones de AFE en San Carlos, Garzón y Solís; el acondicionamiento vial de Paso de la Cadena en toda su extensión y la revitalización del centro de Maldonado.
El análisis de este paquete dejó a los ediles opositores de la Comisión de Presupuesto con más dudas que certezas. Según el FA, la IDM reconoció que no sabía si ejecutará la obra de Camino de los Ceibos y que tampoco dio detalles del plan para revitalizar el centro fernandino. En este último caso, “se pide la expropiación de seis padrones que podrían usarse como estacionamiento público, pero no se fundamenta por qué esos padrones son de interés. Apenas hay un informe muy pobre, de tres carillas”, advirtió Garlo, a modo de ejemplo. Para el FA, las obras del segundo bloque, de 11 millones de dólares, son otro enigma. Se prevé que el dinero vaya a iluminación, veredas y pavimentación, pero el decreto no establece dónde se realizarán ni cuánto se invertirá en cada rubro. La edila Marie Claire Millán remarcó que el destino es “poco claro” y que, durante el análisis del proyecto en la Comisión de Presupuesto, ninguno de los alcaldes que comparecieron supieron dar esa información. “No hubo un verdadero proceso de consulta y participación” de los gobiernos locales, remarcó.
En tanto, el edil Leonardo Delgado recordó que ese tipo de obras son “el ABC” que cualquier administración debería realizar con los aportes de los contribuyentes, sin necesidad de endeudarse. Por eso, el FA pretendía condicionar su voto a que se incluyera un aditivo por el cual el Ejecutivo presentara un detalle de las obras dentro de los 60 días siguientes a la aprobación del fideicomiso.
La situación también parece vidriosa en el caso del tercer bloque del fideicomiso, consideró la izquierda. Solo se informa que 2 millones de dólares irán para comprar inmuebles que permitan regularizar los barrios Maldonado Nuevo y San Antonio. Si bien el director general de Vivienda y Desarrollo Barrrial, Alejandro Lussich, dijo a la comisión que ese fue el monto que “pidió para regularizar” e informó que los terrenos serán adquiridos mediante expropiación, el FA sostiene que el expediente con los detalles del proyecto “nunca llegó” a la Junta.
En este punto, la oposición marcó que “una expropiación no es una obra de inversión” por lo cual “no se entiende” la razón de incluirla en el fideicomiso. La explicación que recibieron los ediles de la Comisión de Presupuesto es que “fue una decisión política” del intendente. “Algo no cierra”, dijo Garlo, para detallar una propuesta alternativa de su fuerza política.
A juicio del FA, la adquisición de los terrenos puede financiarse con el Fondo de Gestión Territorial, que forma parte del Retorno por Mayor Valor que la IDM percibe de los inversores que obtienen excepciones edilicias. A su vez, propuso que el dinero que los beneficiarios pagan por las viviendas se volcara al mismo Fondo de Gestión Territorial. “Eso bajaría el endeudamiento y generaría una retroalimentación. Hablamos con Lussich, pero nos dijeron que no”, lamentó Garlo.
La izquierda también propuso incorporar al decreto un plan de “metas de ahorro totales o parciales en la ejecución de las asignaciones de 2023 a 2025” para los rubros que, a su juicio, generan más gastos en la IDM: publicidad, viáticos, servicios de vigilancia, subrogaciones y algunos proyectos de inversión. Con estos ahorros, se podría cubrir buena parte de las obras del fideicomiso o incluir otras.
Sobre esa base, la bancada propuso destinar hasta 500.000 dólares para la construcción de un “espacio emprendedor” en el fraccionamiento donde se ubica la relocalización del Kennedy; y un monto similar para la construcción y provisión de un horno crematorio público en el cementerio de Maldonado. También pretendía destinar hasta 2 millones de dólares a obras edilicias “a realizarse como colaboración con el CURE en su predio de Maldonado”. Pero todo fracasó.