La Cámara Empresarial de Maldonado emitió un comunicado público para “expresar de manera enérgica su respaldo inquebrantable al cuerpo policial y, en particular, a la respuesta ejemplar proporcionada por el jefe departamental” de Policía, Erode Ruiz, “ante los eventos de notoriedad” el viernes 11 de agosto.
La gremial enfatizó su “firme compromiso con la implementación de las normativas vigentes” y con el “total respeto” hacia los funcionarios encargados de aplicarlas. “Nuestra postura se enfoca en el respaldo al cumplimiento de las leyes y en el reconocimiento del trabajo esencial llevado a cabo por la Policía en beneficio de la comunidad”, concluye el texto.
Entrevistado este lunes en FM Gente, el presidente de la gremial, Rolando Rozenblum, dijo que el apoyo de la Cámara Empresarial a Erode Ruiz fue acordado por la directiva tras realizar “una reunión virtual” para evaluar los hechos. “El empresario tiene que tener una buena relación con las autoridades”, comentó.
Rozenblum fue quien ofició de nexo entre el intendente Enrique Antía y el gobierno de Israel para la millonaria compra de cámaras de videovigilancia del departamento. El proyecto Maldonado, Ciudades Inteligentes se gestó en 2014 por iniciativa de la Comunidad Israelita Punta del Este-Maldonado (Cipemu) –presidida en ese entonces por Rozenblum–, con apoyo de la Cámara Empresarial de Maldonado.
El empresario es conocido como un fuerte desarrollista de proyectos de construcción de viviendas en el departamento. No obstante, también se sabe que, por lo menos hasta 2016, fue objeto de un pedido de captura internacional de Interpol, según consignaron los semanarios Búsqueda en setiembre de 2017 y Brecha en junio de 2018.
Investigaciones de ambos medios revelaron que en 2006 el empresario y su padre habían sido condenados a prisión en Brasil por malversación de fondos, evasión fiscal, falsificación ideológica y “corrupción activa” a través del grupo empresarial familiar Sundown. Dos años después, mientras cumplían su condena, ambos fugaron a Uruguay. Según publicó la revista brasileña Veja en 2017, los Rozenblum “escondieron en Uruguay unos 300 millones de reales con los cuales pudieron reinsertarse en el mundo empresarial”.
Como dirigente de Cipemu y promotor de la construcción, aún con requisitoria de Interpol, en 2016 el empresario entregó placas de reconocimiento a Ruiz y al entonces subjefe Víctor Trezza, quien en 2017 se jubiló como policía y asumió como subdirector general de Tránsito y Transporte de la administración de Enrique Antía.
Finalmente, la causa por corrupción que afrontaba Rozenblum en Brasil fue anulada por el Supremo Tribunal de Justicia porque el juez del caso, Sérgio Moro, excedió los plazos legales para hacer escuchas telefónicas sobre los acusados. El resto de las causas prescribió tras permanecer años congeladas por la huida de Rozenblum y la ausencia de un tratado de extradición entre Uruguay y Brasil.