El juzgado de segundo turno especializado en Violencia de Género, Doméstica y Sexual de San Carlos, a cargo de la doctora Carolina Bird, dictaminó medidas cautelares para el director del liceo de La Barra que enfrenta varias denuncias de estudiantes por acoso sexual y maltrato.
La medida precautoria prohíbe al profesor Andrés Nogués acercarse por 180 días a los denunciantes menores de edad y al centro educativo, indicaron a la diaria fuentes del caso. De acuerdo al dictamen judicial del 14 de agosto pasado, Bird recogió declaraciones que involucran a cinco estudiantes. Tres adolescentes relataron que el director les comentó que “si no fueran sus estudiantes les haría algo indebido”. Por otro lado, una estudiante y un varón sostuvieron que fueron “tocados de manera indebida”.
“De la verosimilitud de los hechos relatados y la prueba sumaria que caracteriza a estos procesos, se estima que existe riesgo para la integridad emocional, psicológica y sexual de los adolescentes”, consideró la jueza al fundamentar las medidas cautelares, de acuerdo a la resolución a la que accedió la diaria.
Dos días después, el 16 de agosto, la misma jueza tomó otro caso, en apariencia más grave que los anteriores. La víctima contó que el director la llevó a su despacho y entornó la puerta, y que “sin mediar palabras la tomó de los hombros y la forzó hacia abajo”. La adolescente intentó “zafarse”, pero el director “le tocó las nalgas” antes de que ella lograra huir.
En consecuencia, la magistrada resolvió prohibir la “comunicación y acercamiento del victimario a los adolescentes, a su domicilio y a su centro de estudio en un radio de 500 metros, por el plazo de 180 días”. También dispuso la intervención del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) a fin de coordinar “los servicios públicos y privados para la atención inmediata y reparación del daño”.
Las medidas dictaminadas por la jueza Bird se sustanciaron en el ámbito de Familia y son independientes de la investigación penal que lleva adelante la fiscal de primer turno de San Carlos, Mabel Brites, quien recibió denuncias de los padres de tres adolescentes el sábado 12.
Las actuaciones de la ANEP
De acuerdo a las fuentes consultadas, la fiscal no sólo indagará los hechos relatados por los alumnos, sino también la actuación de las autoridades del liceo y de la Inspección Regional Este, que desarrollaron la investigación administrativa de los hechos.
Según revelan actas internas y testimonios de los padres de las denunciantes, el procedimiento administrativo violó leyes y protocolos, en tanto las adolescentes fueron sometidas a reiterados interrogatorios y el propio director ofició como “juez y parte” en algunas actuaciones.
Trascartón, en lugar de separar del cargo al director luego de registradas las primeras denuncias –una en la comisaría de La Barra, el 19 de junio, y otra en el liceo, al día siguiente–, la Inspección Regional Este recomendó al funcionario que “continuara trabajando” y no reportó ninguno de los casos ante unidades especializadas en la materia. De hecho, la Inspección recién “elevó” sus actuaciones a la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) en la mañana del 11 de agosto.
El día y la hora de registro de ese expediente ante la DGES coinciden con una reunión de padres y madres que llegaron al despacho del inspector regional Aníbal Camacho para reclamar por celeridad en la investigación y exigir la separación del cargo del director. Es que, en el mes y medio que el director continuó en funciones se detectaron casos más graves que los denunciados en primer término. También en la mañana del 11 de agosto, el psicólogo del equipo técnico del liceo, Federico Silvera, llevó nuevos casos a la Inspección. El grupo de padres contabilizó unas nueve situaciones de acoso sexual y maltrato en perjuicio de alumnos menores de edad.
Si bien Camacho aseguró al grupo de padres que la separación del cargo ya había sido adoptada, se negó a mostrar la resolución correspondiente, amparado en la Ordenanza 10 de la Administración de Educación Pública que prohíbe a los funcionarios ofrecer información o hacer declaraciones públicas sobre asuntos internos. Según supo la diaria en ese momento, el director dejó de asistir al liceo tras tomarse una “licencia médica por estrés” y no por una resolución administrativa. Desde entonces su suplente es el subdirector, Sergio Barrios.
Tanto en la investigación administrativa como a nivel judicial, Nogués niega “rotundamente” los hechos que le imputan los adolescentes.