La sesión ordinaria de la Junta Departamental de Maldonado (JDM) de este martes se extendió durante unas doce horas debido al tratamiento de dos temas polémicos para oficialismo y oposición, incluidos en el orden del día.
Por un lado, apenas una hora antes del comienzo se supo que el Partido Nacional (PN) había resuelto aprobar esa noche el proyecto de adecuación planteado por el intendente Enrique Antía para los dos últimos años de su administración. Por otro, el Frente Amplio (FA) decidió plantear la reconsideración de crear una comisión que investigue por qué la Intendencia de Maldonado (IDM) adjudicó 23 becas que no cumplían “con los requisitos mínimos” para calificar.
Esto ya se había tratado -y frustrado- en una sesión anterior. No obstante, en vistas de nueva información surgida en los días siguientes, cuando la bancada opositora accedió a un informe que le había sido negado por la IDM y constató que algunos beneficiarios están vinculados con funcionarios municipales y con el expresidente de la JDM, el edil Leonardo Delgado pidió reconsiderar el asunto.
Aunque tampoco alcanzaron los votos necesarios, esta vez el Partido Colorado (PC) cambió su postura y se expidió a favor de reconsiderar el tema. El edil colorado Luciano Fernández argumentó que justificó esa decisión en la nueva información conocida en las horas anteriores. “Creemos que sería bueno que se conforme la investigadora para ver, realmente, qué fue lo que pasó”.
En sus intervenciones, los ediles frenteamplistas recordaron la existencia de becas otorgadas sin el puntaje necesario para calificar, sin haber pasado por la evaluación de asistentes sociales, o con el argumento de que habían sido aprobadas “por descargos”, cuando la etapa de reclamos aún no estaba habilitada.
Delgado, quien junto a Antúnez integra la Comisión Externa de Becas Terciarias de la JDM, enfatizó que hay involucrados “ediles, cargos de confianza, una funcionaria en pase a comisión de la intendencia y referentes políticos del PN”. Además, dijo que los funcionarios de la comuna se “molestaron” cuando el FA solicitó, en “reiteradas” oportunidades, información sobre estos casos.
“Si los cargos de confianza y quienes son parte del gobierno no están dispuestos a contestar los pedidos de informes y brindar todo lo que pide, esta Junta Departamental se tienen que ir, porque se negaron esclarecer la situación”, opinó, para reafirmar que esta “política de amiguismo” tiene la impronta del intendente Antía.
Por su parte, Antúnez lamentó que “más de 20 chiquilines quedaron sin obtener la beca por falta de presupuesto”, de acuerdo a otro informe al que accedió en la semana. “Hay muchos elementos para investigar. Le están diciendo que no al pueblo de Maldonado, porque son dineros de la gente que están en juego. Celebro que el PC haya reconsiderado su posición y haya visto que hay elementos sustanciales para investigar”, subrayó.
Entre los pocos ediles oficialistas que fundamentaron su voto contrario a investigar, figuró Cristian Estela. En su exposición, sugirió al FA que, si encontró “corrupción” en la adjudicación de las becas, plantee la denuncia en el juzgado. Sin embargo, Estela dijo que “comparte que el acto administrativo es irregular” y reconoció que algunos ediles de su fuerza política votaron en contra de investigar por “disciplina partidaria”.
El edil nacionalista Adolfo Varela atribuyó la insistencia de la oposición por debatir el tema de las becas a una intención de “demorar y dilatar” la sesión para evitar el tratamiento del “tema de fondo”, que era el proyecto de adecuación presupuestal. “¿Les importan esos 23 muchachos? No. ¿Les importan las becas? No. Les importa que no se lean algunas actas y se discuta la modificación, donde ahí está la cuestión de esta noche”, opinó.
El debate por las becas se extendió por varias horas entre gritos, abucheos desde la bancada oficialista hacia la opositora, e interrupciones y comentarios constantes que entrecortaron las exposiciones de algunos ediles.
De gritos, silencios e intencionalidades
El presidente de la Junta, Darwin Correa, pidió incontables veces que se permitiera hablar a todos y llamó al orden a sus pares, aunque en una oportunidad fue él quien ordenó a la edila Antúnez que dejara de hablar. Para reforzar su mandato, alguien apagó el micrófono de la edila cuando aún faltaban varios segundos reglamentarios para finalizar su exposición.
Si bien Antúnez no se quejó en el momento, tras un cuarto intermedio su compañera de bancada y exintendenta de Maldonado, Susana Hernández, manifestó su molestia por ese hecho y lo definió como una forma de violencia de género. La edila recordó que, en diversos ámbitos de mujeres políticas, este tipo de gestos es considerado como una forma de acallarlas y advirtió que son hechos que no deben permitirse.
Horas más tarde, durante el debate por la adecuación presupuestal de la IDM, algunos ediles del FA sugirieron que la inesperada inclusión de este tema en el orden del día respondía a un intento del Ejecutivo departamental por eclipsar las “graves situaciones” detectadas con la adjudicación de becas.