El eslogan del Centro de Rehabilitación Maldonado (Cerema), “Volver a la vida”, resume al dedillo las experiencias de miles de pacientes en situación de discapacidad moderada a severa que han pasado por sus instalaciones en los últimos 13 años. La mayoría de estas personas llegan tras haber sufrido accidentes cardiovasculares (ACV) o traumatismos encéfalo-craneanos en siniestros de tránsito, y las edades son cada vez más bajas debido a una mayor incidencia de estos accidentes en la población joven.
Otros requieren rehabilitación como consecuencia de intervenciones quirúrgicas para extirpar tumores cerebrales. Así, muchos pasan de estar inmóviles a articular sus miembros superiores o caminar con ayuda, aprenden a expresarse o a comer solos nuevamente, o todo eso junto.
Los pacientes asisten con cuidadores que reciben instrucciones técnicas sobre cómo tratarlos y cómo adaptar su vivienda -por ejemplo, para eliminar las barreras arquitectónicas- y mejorarles la calidad de vida. La particularidad del Cerema es que la rehabilitación física, cognitiva, neurológica y psicológica es desarrollada por un equipo de profesionales que actúa en forma coordinada, trabajando de forma simultánea con los pacientes y sus familiares. De ese modo, estos no sólo se ahorran el engorroso trámite de solicitar fechas y horarios con especialistas en forma secuencial; también se reduce la frecuencia del traslado de pacientes, que muchas veces residen a cientos de kilómetros de distancia de Maldonado.
Solo el Banco de Seguros del Estado ofrece servicios similares, aunque acotados para trabajadores, lo cual coloca a Cerema como el único centro del país con capacidad para atender a pacientes mayores de 15 años de edad, pertenecientes tanto al sistema público de salud como al privado. Los del sector público se atienden en forma gratuita. Sin embargo, como el tratamiento no está incluido en el Plan de Atención Integral de Salud (PIAS), los pacientes pertenecientes al sector privado deben costearlo en función del patrimonio y el ingreso de su grupo familiar.
Para estos casos, Cerema aplica un baremo por el cual evalúa la gravedad de cada caso y los ingresos totales del grupo familiar, buscando que las personas accedan al tratamiento al menor costo posible. La sensibilidad radica en que la opción de Cerema aparece cuando ya los prestadores de salud consideran que no tienen más que ofrecerles para tratar situaciones de invalidez.
El problema de este mecanismo es que nunca hay fondos suficientes para cubrir los servicios o ampliarlos y eso obliga a que el centro -administrado por una asociación civil sin fines de lucro y cuya directiva es honoraria- esté en constante movimiento para conseguirlos. El debate parlamentario por la Rendición de Cuentas para los dos últimos años del actual gobierno de coalición resulta, por lo tanto, una instancia clave para conseguir al menos una parte de los recursos económicos necesarios.
En ese contexto, esta semana el secretario del Cerema, Gustavo Bortagaray, se reunió con los diputados por Maldonado que responden al oficialismo y, a mediados de julio, también asistió a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda que analiza el mensaje del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados.
Finanzas en rojo
La comparecencia de Bortagaray en la comisión parlamentaria resultó una suerte de radiografía del trabajo que realiza la institución radicada en Maldonado, aunque atiende a pacientes derivados desde todo el país. “Nuestro nudo crítico son las finanzas”, reconoció el secretario a los legisladores, antes de desgranar las cifras sobre los montos de ingresos y egresos del Cerema para justificar la necesidad de una nueva asignación presupuestal del Estado.
La institución percibe fondos públicos y de recaudación privada. Los públicos llegan desde tres orígenes financieros, siendo el más importante un convenio de gestión con los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Salud Pública (MSP) que por ley presupuestal aportan, en conjunto, un total de 4.140.000 pesos al año. Otro convenio con la Intendencia de Maldonado (IDM) le permite recibir 3.000.000 de pesos por año, hasta el final de la presente administración. Por último, producto de la Rendición de Cuentas del año pasado, Cerema consiguió “un refuerzo” de 1.300.000 pesos provenientes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), prestador del que proviene el 60% de los pacientes.
En cuanto a los fondos privados, una parte de los ingresos surgen de la venta de servicios de diagnóstico neuropsicológico y de los aportes de los pacientes en tratamiento. Mientras el primer ingreso está “bastante garantizado”, el de los pacientes es “sumamente variable”, puntualizó Bortagaray. Por ambas vías Cerema recibe alrededor de 1.500.000 pesos por año.
Con todo, los ingresos oscilan entre los 10 y 10,5 millones de pesos. “Lo otro que tenemos garantido son los egresos, de los cuales el 87,5% son salariales”, aseguró el secretario. El resto se destina mayormente al pago de tarifas públicas de la luz y agua, más el gas, imprescindible para el funcionamiento de la piscina de hidroterapia. Por ahí no hay mucho que recortar, salvo algunas pequeñas obras de mantenimiento, aclaró.
Luego informó que el flujo de fondos proyectado para 2023 rondará los 12.200.000 pesos, así que en la actualidad ya existe una diferencia de 2.000.000 con respecto a los ingresos. “Imaginemos que el año que viene, producto de esta solicitud, ya habrá corrido una cierta indexación en los rubros salariales y luego para 2025 será lo mismo. Creemos que el espacio mínimo para poder funcionar es pensar en 2.000.000 de pesos o 2.500.000 pesos, si contamos las indexaciones que deberían hacerse”, señaló Bortagaray.
En vista del panorama descrito, la comisión directiva entiende que si no consigue fondos por Rendición de Cuentas, “el único camino viable” será reducir la carga horaria de los funcionarios, lo que implicará indemnizaciones por despido parcial o enviar a seguro de desempleo. No obstante, Bortagaray remarcó que estas medidas generarán un gasto adicional para el Estado, por lo cual lo ideal sería que el MEF y el MSP aporten “algún refuerzo presupuestal” y se actualicen los valores de los fondos que ya otorgan.
“Sé que es una tarea difícil, pero es muy importante para nosotros porque implica la sobrevida de este centro, que es de referencia nacional y tiene mucho impacto en la regional Este. Nuestra misión es garantizar la financiación del centro y consolidar a Cerema como un centro regional de rehabilitación y también nacional. De hecho, hoy ya lo es, pero implica poder crecer y asistir a más ciudadanos de lugares alejados del país”, dijo el secretario. “Estoy seguro de que el universo es mucho más grande que el que nosotros asistimos, sobre todo en el área pública”, concluyó.
Cerema en cifras
Durante 2022 Cerema atendió a 262 personas y realizó 12.000 consultas o asistencias. El 60% recibió atención gratuita porque provino del sector público; el 40% llegó desde el sector privado y costeó el tratamiento según su cuadro clínico y de ingresos del grupo familiar.
Más de la mitad de los pacientes (53%) sufrió un ACV o un TEC; 21% padeció lesiones medulares y el otro 26% se atendió por misceláneas.
Siete de cada diez pacientes son menores de 61 años. Del total atendido en 2022, 40% tenía entre 15 y 40 años, y 30% tenía entre 41 y 60. Las edades bajan año a año debido a los siniestros de tránsito y a la incidencia mayor de ACV entre los más jóvenes, dijo el secretario de la institución.
En Cerema trabajan 21 funcionarios: dos son administrativos y 19, especialistas. El equipo médico vuelca su experiencia en publicaciones o intervenciones en congresos internacionales, además de colaborar con la formación de estudiantes universitarios que hacen pasantías en la institución. El 87,5% de los egresos corresponde al pago de salarios.
Entre 80% y 90% de los pacientes señala que su calidad de vida es “buena o muy buena” en función del tratamiento recibido.