En 2014 el gobierno del frenteamplista Óscar de los Santos concedió un terreno en comodato al Instituto Cuesta Duarte para construir una sede destinada a la formación sindical en Maldonado. Sin embargo, el proyecto se atrasó por diversos motivos y, dos años después, el intendente nacionalista Enrique Antía rescindió ese contrato, en medio de una fuerte polémica con el instituto del PIT-CNT, que todavía aspiraba a sentar bases en el departamento.
Semanas atrás, dos instituciones plantearon formalmente a la Intendencia de Maldonado (IDM) su petición para que parte de ese padrón, ubicado frente al parque Mandela de la capital departamental, les sea entregado mediante el mismo mecanismo que al Cuesta Duarte, con el objetivo de construir sedes que permitan desarrollar sus actividades en mejores condiciones.
La escuela 79 de Maldonado, que funciona como centro de inclusión educativa, y la ONG Juntas Podemos, que atiende a pacientes oncológicos, son las aspirantes. Desde la Junta Departamental, en nombre de su fuerza política, la edila frenteamplista Mary Araújo expuso, este martes 26, los fundamentos de la petición.
La escuela 79 Rosalía de Castro atiende a casi 200 estudiantes con capacidades diferentes, de los cuales el 80% logra pasar al liceo o UTU. No obstante, el resto presenta discapacidades graves y para ellos es que el centro desarrolla un plan de Continuidad Educativa desde 2018. “Es un proyecto de transición de los niños para su vida adulta, para que puedan aprender oficios y desarrollarse con cierta autonomía”, explicó Araújo.
Actualmente, 31 niños y niñas asisten a este plan, que se cumple de forma provisoria en el centro comunal del barrio Lausana, prestado por el Municipio de Maldonado. Sin embargo, como no presenta la infraestructura adecuada para los talleres, padres y madres aspiran a que se les otorgue una parte del padrón de la IDM. El terreno está ubicado un polo educativo compuesto por la escuela para personas sordomudas, el Centro Regional de Profesores del Este, el liceo 4 y el Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República.
Otro espacio dentro del mismo padrón fue solicitado por la ONG Juntas Podemos, fundada en 2021 como centro de referencia para mujeres con patologías oncológicas, y que ahora también atiende a hombres. “La enfermedad se transita desde el principio en procesos difíciles. Después del shock de un diagnóstico, además del tratamiento médico los pacientes requieren contención emocional, distracción y desarrollo físico, que en otros países avanzados se incluyen en los tratamientos”, recordó Araújo, quien además es doctora.
También la ONG desarrolla su tarea en un local cedido por el municipio fernandino. El problema es que, de acuerdo con la edila, en apenas dos años de funcionamiento, la población que atiende se incrementó en un 200%: son más de 150 pacientes de Maldonado y la región, con hasta 18 tipos de cáncer.
Si bien la actividad es autorizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y apoyada por diferentes instituciones, además de integrar en forma paulatina a los prestadores de la salud pública y privada, la organización no dispone de un local apto para desarrollarla. “Ya tienen personería jurídica y piden parte del terreno para que, en un futuro cercano, se construya una sede accesible para trabajar adecuadamente”, resumió la edila.
Añadió que el objeto social de la ONG es ofrecer atención, contención y apoyo a pacientes de todo el territorio nacional mediante la promoción de tratamientos psicológicos y grupos de autoayuda, una vez que ya estén definidos el diagnóstico y el tratamiento de la actividad. Cada año se registran en Uruguay unos 17.000 nuevos casos de cáncer y mueren por esta causa unos 8.000 habitantes, según registros epidemiológicos del MSP.