Trabajadores de la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de OSE en Maldonado pretenden que sus contratos laborales anuales se regularicen a través de la Rendición de Cuentas y que se les reconozca como funcionarios del Estado. Ocurre que la Ley 17.902, por la cual se creó la UGD en 2005, autorizó a OSE a tomar a funcionarios “de acuerdo a las necesidades” del organismo y con modalidades contractuales establecidas en la Ley 17.556, de 2002.
Entre otros puntos, esta ley señala que el trabajador contratado “no adquiere la calidad de funcionario público, ni los beneficios que tal calidad conlleva”. Además, los contratos iniciales no deben superar los 12 meses y pueden ser revocables o renovables según estime el organismo. La renovación debe ser anual, siempre en función de las necesidades del servicio y del rendimiento del trabajador.
Para Johonny de los Santos, delegado departamental de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), cada año los trabajadores sufren la “incertidumbre” sobre su puesto laboral, ya que la administración puede cesarlos si así lo considera. “Tampoco tenemos los beneficios de funcionarios públicos o privados, no tenemos estabilidad laboral, ni acceso a la vivienda, no podemos sacar préstamos en el BROU, por ejemplo, porque tenemos contrato anual”, declaró en FM Voces.
En esa modalidad se encuentran desde hace 18 años. “No sabés si el año que viene va a haber trabajo. Estamos tirando todas las líneas con todos los partidos políticos. Acá no es uno u otro, queremos el apoyo de todos”, agregó. En ese sentido, señaló que fueron respaldados por los senadores Mario Bergara por el Frente Amplio (FA) y Rodrigo Blás del Partido Nacional (PN) y por edil frenteamplista Leonardo Delgado. También el director de UGD, Jesús Bentancur, “está de acuerdo” con la petición, sostuvo el dirigente sindicial.
Luego indicó que esta regularización de contratos que solicitan “no genera deuda al gobierno”. “No pedimos aumento de salarios, sino tener contrato de trabajo indefinido como en cualquier empresa. Tenemos la certeza de que van a poner todo de su parte”, concluyó.
El caso en el Senado
La situación de estos trabajadores fue planteada por el senador Bergara en la Comisión de Hacienda de la cámara alta frente al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y una delegación de la cartera. De acuerdo a la versión taquigráfica, Bergara señaló que la cuestión atraviesa a todos los gobiernos, desde hace 18 años.
“Creo que se estarían violentando principios de las relaciones laborales con este tipo de vínculo contractual, además le complica la vida a la gente, porque si uno quiere sacar un préstamo para vivienda o realizar algún otro tipo de trámite que requiera mostrar un horizonte de ingresos, no puede hacerlo”, agregó.
El legislador solicitó la opinión del ministro y le consultó sobre la posibilidad de “regularizar y sincerar” la situación de los trabajadores, e incorporar en esta Rendición de Cuentas un artículo que les permita adquirir la condición de funcionarios públicos. “Creo que tienen derechos adquiridos, más allá de lo que explicita la ley”, advirtió.
Bouvier respondió que la cartera “no identificó la situación” porque surge de una ley de 2005 y, en su opinión, “se necesitaría una iniciativa del Poder Ejecutivo”. Además, el ministro sostuvo que también deberían analizar “cómo impacta” este cambio en las finanzas de OSE. “Por lo tanto no creemos posible que podamos encarar esta posibilidad”, debido a la etapa en la que ya se encuentra la rendición de cuentas.
Sin embargo el presidente de la comisión, el senador Blás, respondió que tanto Bergara como Sergio Botana apoyarán esta iniciativa en el Ejecutivo, ya que la solución “es muy simple” y no genera “ningún crédito”. A su juicio, se trataría de “modificar los contratos y establecer que después del primero la renovación sea automática, sin modificar la condición, y que el régimen de despido sea normal al año de contrato. Ya está el beneplácito del Poder Ejecutivo. Así que espero su firma”, le indicó al ministro.
Según confirmó el edil Delgado a la diaria existe acuerdo entre los partidos políticos y esta modificación saldría sin inconvenientes en la rendición de cuentas.