En una nota planteada en la última sesión del concejo municipal, la bancada del Frente Amplio (FA) en el Municipio de Piriápolis enumeró varios hechos recientes que, a su juicio, evidencian el avasallamiento de la Intendencia de Maldonado (IDM) sobre la jurisdicción local y sus organizaciones.
Los concejales Alberto Miranda, Mariela Camargo y Federico Casas mencionaron en primer lugar el caso del padrón 10.702 de Sauce de Portezuelo, que, a instancias de la IDM, fue “reservado para su venta sin la comunicación ni la consulta” al municipio.
Como informó la diaria en agosto pasado, la Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo había conseguido fondos internacionales para transformar esa zona boscosa en un parque, con anuencia municipal. Si bien en las últimas semanas fuentes de las comisiones de la Junta Departamental que estudian el caso indicaron a este medio que habría un acuerdo para dar marcha atrás con el plan del intendente, esto no se ha formalizado.
El caso del fraccionamiento de Reserva de Mar, proyectado con excepciones a la normativa edilicia entre la ruta Interbalnearia y el río de la Plata a la altura del aeropuerto de Laguna del Sauce, también fue citado por los concejales, quienes recordaron que en febrero pasado los desarrollistas comenzaron las obras sin autorización.
Sigue la “insólita situación de Playa Grande” en la zona del arroyo Zanja Onda, donde, pese a las denuncias vecinales ante el municipio, la IDM y el Ministerio de Ambiente continúan las obras de relleno para construcción y afectación al monte nativo. “Tras un año de accionar de los vecinos, se entiende frustrante y tardía la respuesta del Estado”, señalan en el documento.
Tampoco falta la polémica colocación de un nuevo monumento a Francisco Piria en la rambla de Piriápolis. “Una desprolijidad institucional y de ética, como ya es de costumbre, subrayando el autoritarismo y la falta de empatía con la democracia y el bien público”, acotan Miranda, Casas y Camargo.
Las obras viales anunciadas por el gobierno en la localidad de La Capuera son otro de los puntos en cuestión. “Prometida en campaña y dilatada hasta una nueva campaña. Son insumos y acciones constituidos dentro de la jurisdicción del municipio de Piriápolis al que, como tal, poco y nada, hemos podido aportar de manera institucional”, advierten.
Los concejales entienden que se trata de hechos “de enorme relevancia” para el territorio y su población, que tienen un común denominador: “la ausencia total de respeto por las instituciones; la falta de empatía y consideración hacia la población y el ejercicio del gobierno de manera autoritaria y antidemocrática”.
No faltaron cuestionamientos a los ediles oficialistas que aprobaron las iniciativas presentadas por el intendente blanco Enrique Antía ante la Junta Departamental. En particular, mencionaron las “bochornosas” e “infelices” intervenciones durante el tratamiento de la instalación del monumento a Piria en el plenario legislativo.
“El valor de las ciento y pocas firmas parecen suficientes para articular la oscura gestión de su emplazamiento, pero las casi 600 de los vecinos de Piriápolis no merecen consideración”, cuestionaron sobre este punto.
“Atropello” a la descentralización
Ante los citados casos, la bancada del FA considera que es necesario informar a la ciudadanía sobre “el atropello de cada resolución tomada por el ejecutivo departamental” encabezado por Antía. “Nos obliga a reflexionar sobre la naturalización de este modelo anacrónico que debemos erradicar del sistema político”, sostienen en la nota.
Por último, enfatizan el carácter “republicano y democrático” de la bancada, que se “solidariza con las comunidades y legitima su derecho y protagonismo en las defensas de sus intereses”, además de “alentar y valorar” su capacidad y “aunar esfuerzos para consagrar el respeto, la libertad y el desarrollo de la pública felicidad”.
La nota cierra con una cita del artículo 5 de la Ley de Descentralización: “Los municipios instrumentarán la participación activa de la sociedad en las cuestiones del gobierno local. Cada Municipio creará los ámbitos necesarios y los mecanismos adecuados, dependiendo de la temática y de los niveles organizativos de la sociedad, para que la población participe de la información, consulta, iniciativa y control de los asuntos de su competencia, los que deberán ser implementados bajo su responsabilidad política”.