La Junta Departamental de Maldonado votó, por unanimidad, un decreto sobre accesibilidad en edificios públicos y privados. Antes hubo polémica entre oposición y oficialismo porque el texto aprobado en la última sesión es idéntico a uno que se votó en diciembre de 2023 y que fue vetado por el intendente Enrique Antía con el argumento de que la comuna trabajaba en “una norma alternativa”.
El decreto obliga a planificar vías públicas, parques y jardines, además de edificios de acceso público y privado para garantizar la accesibilidad de las personas, atendiendo las normas UNIT. También determina que todos los establecimientos industriales, comerciales y todo lugar en el que trabajen personas con discapacidad deben ser adaptados para facilitar la movilidad.
Además establece que los conjuntos habitacionales de cuatro o más viviendas, realizados por organismos públicos o privados, deberán incluir de forma obligatoria un mínimo de 3% de las unidades destinadas específicamente a personas con discapacidad, tanto el exterior como el interior de la casa.
La actitud de Antía, según el FA
El edil frenteamplista Joaquín Garlo, que en 2022 presentó el proyecto junto a sus compañeros de bancada Fermín de los Santos y Fernando Borges, cuestionó que el texto aprobado el martes pasado “plantea exactamente lo mismo” que uno aprobado en 2023 y luego “fue vetado por el intendente Antía con el argumento de que se estaba trabajando en una norma alternativa”.
Garlo recordó que el texto original fue elaborado a raíz del planteo de la Comisión Honoraria de la Discapacidad de Maldonado y sugirió que el veto del intendente y la remisión de un proyecto idéntico a la Junta respondió a una maniobra para atribuirse la autoría de la propuesta.
“Yo no quiero creer que esa actitud era para determinar quién había sido el padre de la criatura. Sería algo muy mezquino, porque el padre de esta criatura no va a ser otro, con este decreto o con el que vetó el intendente, que la Comisión Honoraria de la Discapacidad de Maldonado”, remarcó.
A pesar de esta crítica, el Frente Amplio dio sus votos y la propuesta fue aprobada por unanimidad. Entrará en vigencia 180 días después de su promulgación, para dar tiempo a las adecuaciones necesarias en las construcciones.