Representantes de Overtrust SAS, fideicomiso promotor del country privado Reserva del Mar, se reunieron por primera vez con las asociaciones vecinales de Ocean Park y de Chihuahua, balnearios linderos al proyecto diseñado para unas 4.000 personas. En tanto, la Asociación Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo y la Comisión en Defensa del Arroyo El Potrero rechazaron la convocatoria “tardía”.
Carlos Chavert, coordinador y accionista minoritario del fideicomiso que encabeza el empresario Sergio Grosskopf, se presentó ante los vecinos junto a la arquitecta del estudio Gómez Platero, Natalie Cáceres, para exponer las principales características del proyecto. La instancia se produjo luego de que el Ministerio de Ambiente clasificó los impactos del emprendimiento en la categoría B en octubre pasado.
Carlos Font, presidente de la Asociación de Vecinos de Ocean Park, dijo a la diaria que “fue un encuentro cordial” y que los participantes se retiraron “satisfechos”. De lo conversado, destacó en primer lugar que los desarrollistas garantizan la navegabilidad pública del arroyo El Potrero en toda su extensión y que prometieron preservar la flora autóctona.
“El arroyo no será cercado, e incluso se dejarán algunas playas para que las personas que naveguen en embarcaciones menores bajen a descansar. Además, en la desembocadura van a construir pasarelas para facilitar el acceso en una zona de arena de unas ocho hectáreas”, celebró el dirigente vecinal.
En total habrá “823 lotes con una superficie entre 700 y 1.000 metros cuadrados, más 140 apartamentos. Los edificios tendrán 4 pisos y no serán visibles desde fuera del predio”, informaron los empresarios, de acuerdo al resumen del encuentro elaborado por la asociación.
Por otra parte, señalaron que tienen la “obligación” de dejar libre el terreno por debajo de la cota de máxima inundación cada cien años, conocida como TR100. La flora nativa en esa zona, que implica unas 28 hectáreas contra el arroyo, “va a quedar virgen y se preservarán los humedales”, indica el documento.
Además, Font destacó que un profesional relevó los corredores biológicos y “se tomarán medidas para no interrumpirlos”. “Eso da una respuesta adecuada a una de nuestras mayores preocupaciones”, dijo. A esto sumó que, según los promotores, el barrio tendrá “un reglamento de copropiedad que incluye la obligación de reponer los árboles retirados para la construcción de casas”.
Integración con los barrios vecinos
Los delegados empresariales prometieron, asimismo, “asegurar el adecuado escurrimiento del bañado de Ocean Park comprendido entre Viarreggio, Copacabana y Acapulco. Desde la altura de Viareggio hasta la empalizada sur habrá lotes, sólo la construcción de un beach club”.
En cuanto a la integración con los barrios existentes, Font destacó que “el padrón 14.009 fue adquirido por la empresa y pasará a dominio municipal como espacio público. En coordinación con los vecinos de Ocean Park, se hará un proyecto para hacer algo útil para el balneario”.
Agregó que, como parte del Estudio de Impacto Ambiental exigido por el ministerio, “se está realizando un estudio de impacto social” del proyecto. Por otra parte, valoró que la empresa asumirá la construcción de un colector de saneamiento que “se podría conectar en el futuro el saneamiento de Ocean Park”.
El único “reparo” planteado por la Asociación de Vecinos de Ocean Park es la proximidad de un futuro espacio multiuso que incluirá “un salón de fiestas de grandes dimensiones y una entrada de servicio sobre la calle San Juan de Luz”. Font indicó que, más adelante, insistirán en la reubicación de ese espacio ante los desarrolladores y las autoridades municipales.
Finalmente, dijo que para la asociación de Ocean Park el encuentro transcurrió “sin sorpresas”, ya que sus integrantes habían tenido una instancia previa con la directora de Urbanismo de la IDM, Soledad Laguarda, y complementaron la información a través de artículos de prensa y datos recabados por algunos asociados.
Por qué otras organizaciones rechazaron la convocatoria
Chavert y Cáceres argumentaron a los vecinos presentes que “hubieran querido tener antes la instancia de diálogo”, pero que optaron por esperar a tener “la certeza” de que la iniciativa sería avalada por los organismos competentes en los términos planteados.
La Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo y la Comisión de Defensa del Arroyo El Potrero -que denunciaron movimientos irregulares en febrero de este año y también iniciaron acciones para garantizar la navegabilidad del curso de agua- no asistieron al encuentro.
“El tiempo para reuniones de información pasó, dado que la viabilidad del proyecto fue aprobada por la Junta Departamental de Maldonado sin que los vecinos tuvieran conocimiento”, cuestionó el presidente de la asociación de Sauce de Portezuelo, Fernando Niggemeyer, en declaraciones a la diaria.
Por otro lado, consideró que la categorización que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental otorgó al proyecto “está en consonancia” con los planteos de estas dos organizaciones y, en ese sentido, destacó la movilización social de estos meses.
“El control social desarrollado por grupos de vecinos de la zona fue eficaz al poner en evidencia la ausencia total de autorizaciones. Claramente, no eran unos pocos vecinos peleados todos entre sí, sino vecinos que se organizaron más allá de las distintas asociaciones para defender el paisaje y sus derechos”, remarcó Niggemeyer.
Por último, consideró que la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental “quedó confirmada, a pesar de la posición de los jerarcas de la Intendencia y de los desarrolladores en cuanto a que no era necesaria”.