En una nota dirigida al intendente de Maldonado, Enrique Antía, y al presidente de la Junta Departamental, Alexandro Infante, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación –perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura– manifestó su “enorme preocupación” por la excepción de construcción concedida a un grupo inversor encabezado por el desarrollista Daniel Zulamián para construir una torre junto a la exestación Ancap de Gorlero.
En el documento, fechado este jueves 22, el director general, William Rey, y el secretario ejecutivo, Andrés Mazzini, lamentaron la “transformación” de la normativa que estuvo vigente hasta 2023 en el padrón 11.493 de la manzana 7 de Punta del Este. En ese lugar, donde otrora funcionaron las cocheras de Ancap, el empresario proyecta un edificio de 20 pisos, que supera ampliamente lo permitido por la ordenanza de la construcción en ese punto de la península.
La excepción aumentó “desproporcionadamente las posibilidades de altura en dicha unidad catastral, sin tener en cuenta razones elementales de valoración del entorno ni de las afectaciones producidas a construcciones linderas”, señalaron Rey y Mazzini al expresar su desacuerdo con la viabilidad que aprobó la Junta a instancias del intendente.
Enseguida recordaron que el Monumento Histórico Nacional denominado Estación de Ancap Gorlero, construido en 1934 por el arquitecto Rafael Lorente, se encuentra en el padrón lindero, el 11.492. “Se vería extremadamente afectado –en términos volumétricos, paisajísticos y de posibles sombras arrojadas sobre él– de materializarse la nueva construcción” promovida con excepciones a la normativa.
Advertencia
La comisión analizó que, dada la ubicación del terreno en la manzana, la altura y densidad de ocupación del suelo aprobadas, así como la escasa conexión del predio con la calle, “resulta altamente probable” la necesidad de una comunicación alternativa a través de la Estación Ancap.
No obstante, teniendo en cuenta el “impacto negativo” que producirá la torre en las edificaciones próximas, recordó que “cualquier intervención” en el padrón del monumento –sobre todo posibles servidumbres en la sede de la antigua Ancap– deberá ser presentada previamente a consideración de la institución.
De ese modo, las iniciativas del privado serán analizadas para su posterior “autorización o denegatoria por resultar perjudicial al bien protegido”. “El ejercicio de esta potestad resulta del marco legal que regula la competencia de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación”, concluye la nota, a la que accedió la diaria.