En la primera semana de febrero, la Junta Departamental de Canelones aprobó, por unanimidad, un decreto remitido por el intendente Yamandú Orsi, por el cual se prohibió la cruenta práctica conocida como “sangría” de yeguas. Maldonado no tiene registrados establecimientos dedicados a esta actividad, aunque no se descarta que haya sitios clandestinos.
Por eso el edil frenteamplista Williams Vitalis, quien venía planteando el tema en la Junta Departamental de Maldonado desde el año pasado, presentó esta semana un proyecto de decreto con el mismo objetivo que logró el vecino departamento canario.
El método, cuestionado a nivel internacional y por organizaciones animalistas nacionales, implica preñar yeguas sistemáticamente para extraerles litros y litros de sangre de la que se obtiene una hormona codiciada en el mercado internacional –sobre todo en Europa– porque permite mejorar la procreación de cerdos, ovejas y vacas.
El proceso provoca abortos espontáneos y, en ocasiones, la muerte de las yeguas gestantes, que son usadas una y otra vez. Por otra parte, “cuanto más estrés sufren los animales, más producen esta hormona. Hasta se las empala para abortar cuando ya no son más útiles para la extracción”, lamentó Vitalis en declaraciones a la diaria.
Semejante práctica sólo es legal en tres países, entre ellos Uruguay, donde está regulada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Sin embargo, el edil recordó que las propias autoridades han reconocido que no hay controles y que puede haber establecimientos no registrados, por lo cual las yeguas son torturadas libremente con fines comerciales.
En busca de acuerdos
El proyecto elaborado por Vitalis lleva la firma de todos sus compañeros de bancada. Establece la prohibición de estas actividades en el departamento y una multa de 350 unidades reajustables para las empresas que incumplan esa disposición, además del decomiso de los animales. La fiscalización correrá por cuenta de la Intendencia Departamental de Maldonado.
“En el momento no tenemos empresas registradas, pero en cualquier momento puede haber. Por eso queremos que se prohíba, para evitar males posteriores”, declaró el edil. Sostiene que no cree que una medida así, que apunta a cumplir con la Ley de Bienestar Animal, pueda afectar fuentes laborales, ya que en estas empresas hay “muy pocas personas” empleadas.
Vitalis consideró que “están dadas las condiciones para que el oficialismo acompañe el proyecto” en Maldonado y manifestó su disposición a que los otros partidos colaboren si es necesario mejorar el texto. “La opinión pública y toda la ciudadanía deberían entender y sumarse a esta causa; es un tema que no ha tenido repercusión e implica claramente una tortura”, acotó.
Según la información que recabó, 100 miligramos de la hormona se pagan a un millón de dólares. “Hablamos de que estas empresas, que son laboratorios, exportan por varios millones de dólares al año. Es terrible, no hay otro adjetivo”, concluyó.