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Foto: Alessandro Maradei (archivo).

Maldonado aprobó decreto que prohíbe las sangrías de yeguas en su territorio

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La votación unánime de la Junta Departamental fue propicia para reclamar a los partidos políticos la sanción de un proyecto de ley “estancado en Diputados” desde hace dos años.

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Maldonado se declaró departamento “libre de sangrías de yeguas” con la aprobación, este martes, de un decreto que prohíbe la extracción de sangre de equinos para la obtención de hemoderivados en locales públicos o privados, conocidos como “granjas de sangre”.

El proyecto estaba desde febrero en la comisión de Bienestar Animal de la Junta Departamental por iniciativa del edil frenteamplista Williams Vitalis, quien recogió planteos de organizaciones sociales y activistas de Maldonado.

La totalidad de ediles y edilas votaron la erradicación de una práctica que implica preñar yeguas, sistemáticamente, para extraerles hasta diez litros semanales de sangre, de la que se obtiene la hormona eCG Gonadotrofina Coriónica. Tal hemoderivado es codiciado en el mercado internacional porque permite mejorar la procreación de cerdos, ovejas y vacas mediante la sincronización de celos.

“El proceso provoca abortos espontáneos y, en ocasiones, la muerte de las yeguas gestantes, que son usadas una y otra vez hasta que terminan en un frigorífico. Por otra parte, cuanto más estrés sufren los animales, más producen esta hormona. Hasta se las empala para abortar cuando ya no son más útiles para la extracción”, lamentó Vitalis en su exposición de motivos.

Tal práctica sólo es legal en tres países, entre ellos Uruguay, donde se conoce desde hace tres décadas y se reguló hace unos años mediante un protocolo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sin embargo, las autoridades “han reconocido que el protocolo no tuvo éxito, que no hay auditorías sobre las empresas y que puede haber establecimientos no registrados”, dijo Vitalis.

El decreto aprobado tiene cinco artículos, y establece una multa de 350 unidades reajustables (el máximo aplicable) para las empresas que incumplan la prohibición, además del decomiso de los animales.

La fiscalización estará a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia Departamental de Maldonado, que además deberá contar con instalaciones adecuadas para acoger a los animales que sean decomisados.

Los intereses económicos

Aunque celebró la abolición de las sangrías en Maldonado, Vitalis lamentó que en otros departamentos se sigan avalando estas prácticas lucrativas, mientras que la mayoría de los países están utilizando hormonas sintéticas.

Recordó, en ese sentido, la existencia de un proyecto de ley planteado hace dos años que sigue esperando aprobación en Diputados. “Los intereses económicos superan las buenas intenciones de legisladores y gobernantes”, dijo.

Luego cuestionó, en particular, a la Sociedad Médico Veterinaria del Uruguay que “ha defendido las sangrías al exponer que si la hormona no se utilizara en el medio productivo uruguayo se perdería el 3% del rodeo, poniendo la rentabilidad por encima del bienestar animal”.

“El negocio de unos pocos no puede tener el poder de que miremos al costado en este tema. Al prohibir esta tortura, sentiremos que no todo vale”, concluyó, con la esperanza de que sea “un comienzo” para otros departamentos.

Darwin Correa cuestionó “demagogia” en la oposición

El edil nacionalista Darwin Correa intervino para decir que un proyecto de ley para prohibir las granjas fue rechazado en 2007, cuando gobernaba el Frente Amplio.

Más adelante el edil frenteamplista Joaquín Garlo refutó esa afirmación al recordar que “el único proyecto de ley presentado hasta ahora” fue planteado hace dos años por el diputado César Vega, del Partido Ecologista Revolucionario Intransigente.

Correa utilizó su intervención para reivindicar a las organizaciones animalistas y activistas, y sugerir que la oposición “hace demagogia” al promover un decreto que, si bien él acompaña, requerirá la aprobación de recursos para ejecutar la fiscalización.

“¿Quién no cree que esto es un disparate, una práctica de otros tiempos? Nadie está de acuerdo con estas torturas, pero tampoco con la facilidad de decir algo y luego no votar cuando hay que resolver los recursos para ejecutar las disposiciones que se aprueban”, comentó.

Luego abogó por una legislación nacional, más ambiciosa, “que no depende de un partido político, sino de muchos; esto no puede seguir pasando, pero votemos los presupuestos porque si no es palabra vacía”, insistió. “No creo en los discursos vacíos. No a la demagogia”, concluyó.

Por su parte el nacionalista Adolfo Varela, hombre vinculado al campo, destacó el trabajo de quienes redactaron y presentaron el proyecto de decreto. Sin embargo, consideró que lo más importante es “el mensaje” de la Junta Departamental de Maldonado para el resto del país.

Por otra parte, señaló que el decreto “no tiene tanta fuerza” como una ley. Advirtió que estos casos pueden darse a futuro y que es necesario un “brazo nacional” que apuntale los controles y la fiscalización en los campos.

Antúnez: 4.500 yeguas explotadas en 2021

El debate fue seguido desde las barras del recinto por numerosos activistas, que trabajan en el tema desde que comenzaron las primeras denuncias a nivel nacional en 2016. Así lo recordó la edila frenteamplista Ana Antúnez, quien remarcó que el Instituto de Bienestar Animal no puede prohibir la práctica si los legisladores no aprueban el proyecto de ley.

Enseguida enfatizó que la sangría “no es una actividad pecuaria, sino que se trata de una actividad de experimentación” que sólo Uruguay y Argentina llevan a cabo porque el otro país, que es Islandia, ya está camino a prohibirla.

Según registros a los que accedió, en Uruguay se han utilizado 4.500 yeguas preñadas durante 2021 por parte de las tres empresas abocadas a este negocio. “Sólo nacieron 167 potrillos”, comentó Antúnez para graficar el impacto de los procedimientos.

El avance logrado por Maldonado en esta materia se suma a Canelones, departamento que abolió las granjas de sangre en febrero pasado y cuyos ediles y activistas colaboraron para la elaboración del proyecto de decreto en Maldonado, destacó Garlo a su turno.

No obstante, reclamó al sistema político que “esté a la altura” del asunto y que los partidos legislen para frenar estas prácticas en todo el territorio nacional, aunque cada gobierno departamental tiene competencia para atender el tema.

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