Los dueños de las principales inmobiliarias de José Ignacio y Garzón, en el este del departamento de Maldonado, firmaron una “carta compromiso” en la que acordaron “contribuir al desarrollo sustentable” de la zona y rechazaron que se construyan más proyectos con excepciones a la normativa vigente.
“Manifestamos nuestra voluntad, cada vez más fortalecida por el paso del tiempo y la evidencia, de promover la preservación de la identidad local, el cuidado del medioambiente y la defensa del espacio público -especialmente de la playa, las dunas y la faja costera-, sin excepciones a la normativa vigente” para la microrregión delimitada por las lagunas Garzón y José Ignacio, la ruta 9 y el mar, señala el documento, al que accedió la diaria.
Las 15 personas que suscribieron la nota entre mediados de abril y esta semana, representantes de todas las empresas inmobiliarias radicadas en esa zona, expresaron “de común acuerdo” la necesidad de contribuir entre todas para que el lugar “sea sustentable, cuidando el valor ambiental y cultural” de un territorio que consideran “bendecido por la naturaleza”.
Por último, manifestaron su compromiso de “preservar” José Ignacio y Garzón “para todos los habitantes del departamento de Maldonado, del Uruguay y del mundo” que se acercan y lo disfrutan “maravillados por su belleza y su conservación”.
Si bien el texto no lo explicita, la carta responde al proyecto del hotel de campo que promueve el empresario argentino Diego Filkenstein en la playa de La Juanita y a las consecuencias de que consiga, de forma definitiva, excepciones para construir sobre la playa.
La viabilidad del desarrollo fue aprobada en enero con votos oficialistas en la Junta Departamental, pero quedó condicionada a la opinión del Ministerio de Ambiente, que deberá expedirse sobre “la correspondencia o no” de que el emprendimiento se implante dentro de los 150 metros de la faja de protección costera.
Tanto los vecinos detractores de la iniciativa de Filkenstein como el Frente Amplio han advertido sobre desprolijidades en el trámite iniciado por el desarrollista. Tampoco soslayan que la Intendencia de Maldonado omitió informes jurídicos e integrales sobre múltiples decretos y leyes, ya que la evaluación del caso se limitó a un único informe elaborado en la Dirección General de Urbanismo.
La última palabra
La organización vecinal ha fracasado en sus intentos de convencer a Filkenstein -uno de los tantos empresarios radicados en José Ignacio en los últimos años- de que desista de sus planes. La “gran esperanza” -dicen- está depositada en la decisión final del Ministerio de Ambiente.
“Si aprobara la viabilidad de un proyecto que a todas luces viola todas las normas de protección establecidas, el ministerio estaría decretando una defunción simbólica de su credibilidad y de la propia marca Uruguay Natural”, observó recientemente la escritora y economista argentina Delfina Linck -también vecina de la zona- en un amplio análisis del caso que divulgó a modo de carta abierta.
“Con ese antecedente todos los proyectos actuales o futuros frente al mar podrían solicitar y conseguir la misma excepción de construir sobre las dunas y dentro de la faja costera, hipotecando así el futuro de las playas que forman parte del valioso patrimonio territorial uruguayo”, agregó, para advertir que así José Ignacio se convertirá en “un pueblo de playa sin playas”.
Linck entiende que el Ministerio de Ambiente es “la institución que puede detener este caso ilegítimo, honrando las normas y el prestigio del país”. Además, en un proceso electoral que ya está en marcha, considera oportuno preguntarles “a todos los políticos, sin distinción partidaria, en qué cabeza cabe pisar los médanos de la faja costera, que son irreemplazables, con construcciones que pueden ser realizadas donde corresponde”.