En vísperas de que, este martes 7, la Cámara de Diputados dé media sanción al esperado proyecto de Ley de Operador Inmobiliario, la Cámara de Inmobiliarias de Punta del Este emitió un comunicado para reivindicar la importancia de regular el sector.
El mensaje, que también suscriben la Intergremial de la Costa (cámaras de Maldonado, Rocha, Canelones y Colonia), la Cámara de Inmobiliarias del Uruguay, el Colegio de Administradores y la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay, está dirigido a todos los habitantes del país, en particular, “a los más de 30.000 empleados y dueños de inmobiliarias que trabajan directamente en el rubro, más todos aquellos que trabajan indirectamente en el sector”.
El texto señala que es “imprescindible que el sector inmobiliario tenga una ley que regule su actividad”, para que los clientes tengan el respaldo y la seguridad de que sus transacciones “se llevarán a cabo dentro de los lineamientos de la legalidad, formalidad y transparencia”.
“Es sustancial entender que la actividad inmobiliaria es una actividad crucial que genera grandes movimientos de dinero y por ende es imperiosa su regulación”, añade, para recordar que actualmente el sector no está regulado, no existe un registro de operadores inmobiliarios y tampoco un código de ética sobre la actividad.
“Todos saben que la Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo] necesita un marco regulatorio para dar cumplimiento a lo que pide el GAFI [Grupo de Acción Financiera Internacional]. Uruguay está en falta y todos lo saben y miran para el costado, sabiendo lo imprescindible que es contar con una ley como esta, para que todo sea transparente y claro, evitando toda la informalidad que hay en Uruguay”, advierten las cámaras en otro tramo del comunicado.
Sobre esa base, las gremiales entienden que la ley permitirá a los ciudadanos actuar de forma independiente y libre en la compra de bienes, sin la necesidad de la participación de un operador inmobiliario, pero “si hubiese un cobro de comisión se requerirá la intervención de un corredor inmobiliario que esté registrado en todas las dependencias del Estado, que pague los impuestos, obligando a que este se encuentre dentro de la formalidad, brindando garantías a todas las partes”.
En adelante, el operador inmobiliario que participe en la negociación, obligadamente, deberá estar capacitado y será profesional en el tema, con el fin de asesorar correctamente a sus clientes. “Uruguay es un país que otorga grandes beneficios en inversiones y que cuenta con seguridad económica y jurídica. Además, está posicionado como un país confiable y estable, lo que hace que sea necesario aggiornar su marco normativo para afianzar la actividad inmobiliaria”, concluyen.
El “frontal rechazo de Cumei
En las antípodas de esas gremiales se encuentra la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (Cumei), que desde hace semanas advierte que el proyecto incluye “aspectos inconstitucionales”, con base en un dictamen del catedrático Martín Risso.
A juicio de este conglomerado de franquicias internacionales del rubro (Engels & Völkers, Coldwell Banker, RE/MAX entre otras), el texto que la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos elaboró el año pasado “no contempla la realidad del mercado inmobiliario uruguayo” e ignora los aportes que ofreció la Cumei a los parlamentarios con el ánimo de mejorar la iniciativa.
En los últimos meses, esta corporación ha insistido en generar “una mesa de diálogo”, en tanto considera que el proyecto no contempla la modalidad de negocio que desarrollan y no reconoce al operador que actúa de manera independiente.
Por ese motivo, la Cumei ha manifestado varias veces su “frontal rechazo” a la iniciativa de las restantes gremiales inmobiliarias del país.
Diego Echeverría: “Un proyecto que aporta justicia”
Para el diputado del Partido Nacional por Maldonado Diego Echeverría, el proyecto de ley implicó “muchísimo trabajo” en la Comisión de Constitución y Legislación, que escuchó a todas las partes interesadas en la “transparencia” y la formalidad laboral en el sector.
Echeverría dijo a la diaria que se puso el proyecto “al hombro” para poder concretarlo al cabo de varios años de espera de los inmobiliarios. “Cada uno tiene distintas interpretaciones, escuchamos los aportes de todos y en comisión se votó por todos los partidos políticos”, remarcó.
A su juicio, se trata de “un gran avance” que demoró tanto tiempo, justamente, porque los legisladores atendieron a los diferentes actores que ofrecieron su impronta y su visión. “Compatibilizar no es fácil. Pero es un proyecto justo, que pone orden y regula, con transparencia, una actividad que ha sido muy desvirtuada”.
Echeverría entiende que el proyecto “aporta justicia”, sobre todo para las pequeñas inmobiliarias que se sostienen “con los costos operativos que implica hacer las cosas bien, mientras otros ejercen la competencia de manera desleal”. También “trae justicia, transparencia y certeza” para los usuarios.
El legislador aseguró que el negocio de las franquicias está contemplado y que la ley “es flexible” en ese sentido. Por otra parte, resaltó que “todo el mundo está de acuerdo en la constitucionalidad, cuando esto defiende el derecho al trabajo”. “No se puede decir que no está cumpliendo con parámetros constitucionales. Afirmar eso es hasta faltar el respeto a la figura del operador. Decir que es inconstitucional es querer que las cosas sigan como están”, sentenció.
Entre otros puntos tendientes a profesionalizar la actividad, la ley crea un Registro Nacional de Operadores, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, y sancionará a aquellos que no estén registrados en organismos como el BPS, la DGI o la Senaclaft.