Organizaciones ambientales y agrupaciones vecinales de Maldonado trabajan sin tregua en múltiples conflictos vinculados con la costa departamental. El último se desató la semana pasada, cuando maquinaria pesada de la Intendencia de Maldonado (IDM) comenzó a hacer movimientos en la costa con vistas a retomar la obra de la rambla que irá desde Punta Colorada a Punta Negra.
La única información oficial que había hasta entonces sobre ese proyecto fue comunicada por el intendente Enrique Antía a la Comisión Fomento de Punta Colorada (CFPC) en el marco de una reunión mantenida el 7 de mayo por el conflicto de los ranchos de techos rojos del balneario.
Entonces, según reportó la comisión vecinal, el intendente les informó someramente sobre su plan de continuar con las obras en la rambla de Punta Colorada –aquellas que la Justicia ordenó parar como medida cautelar y de las que la comuna finalmente desistió–, con un trazado más alejado de la costa.
“Un sector de la rambla actual quedaría invadido por la arena y se ingresaría por caminos perpendiculares con algún espacio de estacionamiento. A la playa se accedería por pasarelas de madera, de manera de no tocar las dunas”, resumió la CFPC, en base a lo comunicado por Antía. Al día siguiente, los vecinos confirmaron que esas obras ya habían comenzado. “Habrá una bicisenda pegada a los padrones existentes y, pegada a la bicisenda, una nueva ruta con destrucción y remoción de la actual –ubicada más cerca al mar, que hoy corta las dunas–, para dejar evolucionar las dunas y la flora en el espacio liberado sobre la costa”, les dijeron operarios que intervenían el lugar.
En consecuencia, la CFPC envió una nota a la IDM para que informara con precisión las características de la obra, sobre todo en materia de permisos ambientales. Daniel Giménez, presidente de esa organización, dijo este miércoles 15 a la diaria que no recibieron contestación. De todos modos, la comisión reunirá a su directiva en la noche de este viernes 17 para avanzar en la información que, por cuentagotas y gracias a la “buena disposición” de los capataces a cargo de las obras, han podido recolectar. Desde la semana pasada, la diaria intenta entrevistar a los jerarcas implicados en el proyecto para conocer la versión oficial, pero ninguno contestó.
Trabajos en la rambla de Punta Colorada.
Foto: Natalia Ayala
Denuncia judicial de la RUC en ciernes
A todo esto, la Red Unión de la Costa (RUC) anunció que planteará una demanda judicial bajo la convicción de que las obras, iniciadas repentinamente y sin comunicación oficial a la ciudadanía, carecen de la autorización ambiental correspondiente.
“La RUC declara su alerta y condena la ejecución de las obras por considerarlas violatorias de la legislación ambiental vigente y de derechos ciudadanos reconocidos. Son acciones llevadas a cabo en ausencia de la autorización ambiental requerida del Ministerio de Ambiente y de las direcciones de obras de las intendencias respectivas, en violación de normas constitucionales e internacionales como el Acuerdo de Escazú”, sentenció la organización.
También advirtió que “el ritmo acelerado de ejecución en entornos ecosistémicos tan frágiles ha impedido las acciones de los vecinos y la protección de valiosos parches psamófilos del ecosistema original, así como de las cañadas del lugar que ya fueron arrasadas”. Con base en su información, la RUC sostuvo que “no hay proyectos presentados para estas acciones, no están en consecuencia los permisos requeridos”. Por eso entiende que se trata de “un simple abuso de poder que debe denunciarse en la Justicia”.
Nativos Punta Colorada denunció ante el Ministerio de Ambiente
También la Asociación Civil Nativos Punta Colorada expresó su “enérgico rechazo al inicio de las obras” y divulgó algunas consideraciones al respecto. En principio, sostuvo que con esta obra la IDM “contradice el compromiso que asumió en el marco del proceso judicial y que determinó el cese de la medida cautelar”.
“Constatamos, además, la ausencia de evaluaciones de impacto ambiental aprobadas por el Ministerio de Ambiente, la inexistencia de protocolos de actuación en la faja costera y la carencia de un proyecto de obras”, añadió en su comunicado.
Concretamente, la asociación civil señala que la IDM “hace caso omiso” de las disposiciones de la Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata, aprobada en 2019 y más conocida como ley de defensa de la faja costera. “Esta ley estimula la coordinación y cooperación público-privada para promover un modelo de desarrollo costero sostenible, democrático y participativo”, remarcó.
Paralelamente, denunció la violación de normas constitucionales e internacionales –como el Acuerdo de Escazú–, ratificadas por Uruguay. Observan, asimismo, que las intervenciones en la faja costera deberían estar de acuerdo con la Ley 19.772, de protección de los ecosistemas costeros y componentes vulnerables; deben ser compatibles con el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas.
Con esa base, Nativos Punta Colorada advierte que las infraestructuras que se construyan deberían contribuir a la conservación y rehabilitación de la dinámica costera y que “para todo ello se necesitan proyectos escritos”.
“Toda la legislación citada establece que antes de programar y ejecutar intervenciones de tal envergadura en ecosistemas frágiles, por definición, se debería ponderar aspectos ambientales, sociales e histórico-culturales, entre otros”, sostiene, y acota: tanto para proteger el entorno natural como para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan las dinámicas de dichos entornos.
En definitiva, la asociación plantea “las mismas objeciones” que motivaron su rechazo al proyecto anterior llevado ante la Justicia en 2022. “Ante esta grave situación, nos hemos visto obligados a presentar la denuncia correspondiente al Ministerio de Ambiente”, informa la asociación, para reafirmar su disposición al diálogo y a la colaboración para lograr el bien común.
Otros vecinos independientes y agrupaciones, como Nativos Punta Negra y Ambientalmente Piriápolis, han hecho denuncias a la cartera a través del portal digital, al tiempo que convocan a la población a sumarse a esta campaña hasta que la IDM detenga sus tareas y aporte la documentación que acredita las autorizaciones ambientales reclamadas.
Otra agrupación intentó parar las obras con Prefectura
Otro grupo de vecinos de Punta Colorada y Punta Negra se apersonó en la zona de obras, el martes 14, con el objetivo de detenerlas. “Según funcionarios que estaban en el área, trabajando con las maquinarias y retroexcavadoras, se va a planificar una calle nueva y una ciclovía para todo ese tramo”, informó la organización Naturalmente Piriápolis. Con ese objetivo, los funcionarios municipales afirmaron que estaban “haciendo tareas de limpieza y nivelación”.
Los vecinos, entre los que hay expertos en plantas nativas y ecosistemas costeros, observaron que las obras “vienen arrasando distintos ecosistemas frágiles de la zona, como vegetación psamófila, dunas, los humedales y cañadas que terminan en el mar”.
Ese martes llamaron al 911, a la Policía y a la Prefectura, ya que los funcionarios no presentaron documentos que acreditaran “una resolución, expedientes o autorización” para las obras. Por ese motivo, también convocaron al lugar al director de Obras de Zona Oeste, Miguel Vigliante.
Según divulgaron las agrupaciones en sus redes sociales, el funcionario les dijo “que no tenía nada por escrito, ya que la directora de Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Bethy Molina, le dijo que no necesitaba ninguna autorización”. A pesar de su insistencia, los vecinos no lograron que las máquinas se detuvieran.
la diaria reiteró, este jueves, sus pedidos de entrevistas con el director de Obras de la Intendencia, Darío Camacho, y con la directora de Medio Ambiente, Bethy Molina. La respuesta fue que los jerarcas se expresarían únicamente mediante un comunicado que se estaba elaborando en el área de Comunicaciones. Al cierre de este artículo, no se había emitido esa comunicación.
A su vez, la semana pasada, ediles frenteamplistas enviaron pedidos de informes a la comuna para conocer cuál es el trazado de la obra, mediante qué procedimientos se definió la construcción –si hubo licitaciones o si se hizo con recursos propios de la IDM–, cuáles son los estudios ambientales realizados para intervenir en la costa y cómo quedará el viejo trazado, en caso de que se confirme que será descartado.