Cinco delegados de diferentes agrupaciones y organizaciones que se oponen al proyecto del Complejo Residencial Punta Ballena tuvieron, al atardecer de este martes 21, un mano a mano con el presidente, Luis Lacalle Pou, para explicarle los impactos negativos que tendría la iniciativa privada y solicitarle “apoyo” en la causa. Sin embargo, el conflicto ambiental que ha desatado una oposición masiva sin precedentes, dentro y fuera del país, no fue el único tema de la reunión.
Cecilia Alamon, Isabel Gadino y Marco Rocha coincidieron al resumir a la diaria que mantuvieron un encuentro “cordial, horizontal y ameno”, en el que el presidente remarcó su interés en recibirlos para “escuchar las dos campanas”, aunque mostró que “estaba informado de antemano” y “sensibilizado” con el tema.
“No dejó compromiso ni certezas sobre el destino del proyecto, pero aseguró que cualquier resolución será legal y tendrá en cuenta las valoraciones técnicas”, dijo Alamon, vocera del Movimiento No al Proyecto Punta Ballena, en referencia a la resolución final sobre la viabilidad del desarrollo inmobiliario, que está en manos del Ministerio de Ambiente (MA) desde la audiencia pública realizada el 29 de abril.
“Nos vamos con una sensación positiva porque nos recibió, y es una forma de dar importancia al tema y demostrar preocupación por lo que está pasando. Nos llevamos una buena impresión en cuanto a la voluntad del Ejecutivo de que sea un proceso apegado a la legalidad. También nos pidió que confiemos en lo que resuelva técnicamente el MA”, dijo Rocha, quien asistió en representación de la Asociación Uruguaya de Parapente.
El deseo de preservar y el ejemplo de Minerva
Isabel Gadino, delegada de la Red Unión de la Costa y de los investigadores del Centro Universitario Regional Este (CURE), destacó el interés del mandatario por “preservar el lugar como está, más bien como una impresión personal y de sensibilidad con el tema”. En ese sentido, tras señalar que “el Estado no cuenta con fondos para una expropiación”, Lacalle Pou preguntó por las gestiones de las organizaciones con la empresa Triple Impacto, dedicada a la venta de parcelas digitales y a conseguir fondos a nivel mundial para preservar tierras.
Según los voceros, el presidente remarcó su voluntad de que “la problemática se resuelva de la forma más preservacionista posible con la península de Punta Ballena”. De hecho, aseguró que “si hay que tomar una decisión dolorosa desde el punto de vista de la inversión, pero es legal, se tomará”.
Para graficar esa voluntad, Lacalle Pou mencionó a los delegados la “reciente decisión que adoptó el Estado de cortar la venta de los frigoríficos (de Marfrig) a la multinacional Minerva”. “Para ese caso encontramos una vía legal que favorecía la protección de los intereses nacionales, y lo hicimos. Fue una decisión jugada que tomamos”, dijo el mandatario, a modo de ejemplo.
“¿Y cómo llevan los temas ambientales con la Intendencia?”
El presidente también se interesó por el vínculo de las organizaciones con la Intendencia de Maldonado (IDM), encabezada por el nacionalista Enrique Antía. “¿Cómo se llevan con la IDM? ¿Cómo va en este conflicto y en los temas ambientales?”, consultó.
Los delegados le contestaron que la IDM “no se la ha jugado ni para un lado ni para otro” en el caso de Punta Ballena -el intendente ni siquiera asistió a la audiencia pública- y que, en cuanto a los otros conflictos ambientales, “está un poco más complicado”, aunque han “encontrado cierto apoyo del MA”.
Entonces a Lacalle Pou le pareció lógico que así sea, porque, a su juicio, “el MA es el que debe velar por el interés de los ciudadanos”. Pero sus interlocutores le hicieron saber que “no siempre lo han visto tan claro” y que, en general, son las organizaciones las que ponen su gente a buscar información e investigar para fundamentar la existencia de irregularidades por parte de desarrollistas. Ahí el presidente “puso sus esperanzas en que el MA cumpla ese rol para que no tengan que hacerlo los ciudadanos”, dijo Rocha.
Otro momento del encuentro que a los participantes les pareció “interesante” fue la afirmación del presidente en cuanto a que “el desarrollo inmobiliario debe contemplar lo ambiental”: quizás por su vínculo con la naturaleza y con la costa, evaluaron los voceros, “opinó que el desarrollo inmobiliario no debería seguir extendiéndose hacia el departamento de Rocha”.