El colectivo Vecinos Autoconvocados de La Juanita, que rechaza las excepciones concedidas por el gobierno departamental de Maldonado para que el empresario argentino Diego Filkenstein construya un “hotel de campo” en la costa, firmará esta semana un convenio de asesoramiento con investigadores del Centro Universitario Regional Este (CURE) expertos en asuntos ambientales, jurídicos y de ordenamiento territorial.
La viabilidad del desarrollo fue aprobada en enero pasado por los ediles oficialistas, pero quedó condicionada a la opinión del Ministerio de Ambiente (MA), que deberá expedirse sobre si corresponde o no que el emprendimiento se implante dentro de los 150 metros de la faja de protección costera.
Anticipándose a esa decisión, los vecinos solicitaron asistencia técnica a un equipo integrado por los académicos Isabel Gadino, José Luis Sciandro, Daniel Panario, Ofelia Gutiérrez, César Fagúndez, Patricia Gallardo y Germán Taveira, quienes harán un diagnóstico “del estado actual de la zona y los potenciales impactos vinculados a la realización del proyecto”, indica el documento del acuerdo al que accedió la diaria.
Los componentes se vinculan con el ordenamiento jurídico y territorial, la dinámica costera y ecosistémica. En todos los casos, “los análisis se focalizarán en los predios en donde se proyecta la construcción, pudiendo alcanzar zonas cercanas que necesariamente queden implicadas en los impactos de la obra proyectada”, detalla el texto.
Estrategia en etapas
“El trabajo se hará por etapas, en la medida en que surjan avances del proceso de aprobación del proyecto inmobiliario, correspondiente al MA”, dijo a la diaria el vocero de la agrupación vecinal, Isidoro Felcman. “La asistencia técnica se focalizará sobre los informes de impacto ambiental que el desarrollador irá presentando según requerimientos del ministerio”, agregó.
Además de la presentación de los documentos técnicos de cada etapa, el convenio puntualiza que el equipo técnico “ratificará el contenido del informe en posibles audiencias públicas, instancias administrativas o instancias judiciales que el proyecto referido implique”.
“Hasta ahora no hubo movimiento, pero estamos frente a un oponente racional que deberá presentar su proyecto en el MA para iniciar el proceso de evaluación ambiental. Queremos estar preparados para esa jugada”, dijo Felcman.
En principio, los vecinos apuntan al análisis jurídico del proyecto, con todas las normas vinculantes sobre las que deberá expedirse la cartera. “Si el MA dice que el proyecto está dentro de la normativa vigente, tendremos que estar preparados para fundamentar por qué entendemos que no es así”, explicó el vecino.
Si la cartera considera que el proyecto puede avanzar, seguirá la categorización de la propuesta empresarial como de interés ambiental A, B o C. Por sus características, el colectivo vecinal entiende que será categorizado como C (la ejecución produciría impactos ambientales negativos significativos), lo cual obligará al desarrollista a presentar un estudio de impacto ambiental (EIA) completo y convocar una audiencia pública. Ante esa posibilidad, los vecinos también quieren estar preparados.
Tras el ejemplo de Punta Ballena
“Varios de estos académicos han hecho un muy buen trabajo, por ejemplo, en el caso de Punta Ballena. Por eso confiamos en que su asesoría técnica nos dará los insumos para participar en las distintas instancias del proceso”, puntualizó Felcman. “Vamos a estar atentos y preparados para rebatir los informes que presente el inversor cuando esto empiece a moverse en el MA”, enfatizó, para anunciar que la firma del convenio se concretará este miércoles 12 en Maldonado.
El colectivo Vecinos Autoconvocados de La Juanita ha hecho tres movilizaciones en contra del hotel de campo propuesto. A su vez, la Red Unión de la Costa –que integran casi todos los expertos del CURE en territorio y ambiente– rechazó el proyecto y advirtió sobre la “irresponsabilidad del gobierno departamental” al promover un expediente con irregularidades y sin considerar la normativa vigente sobre el espacio costero.
Más recientemente, 15 empresarios inmobiliarios de José Ignacio y Garzón se manifestaron en contra de las excepciones edilicias al firmar una carta-compromiso para la preservación del ambiente y la identidad local.