Eduardo Antonini, diputado del Frente Amplio por Maldonado, cursó al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) una batería de diez preguntas, dirigidas a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), sobre “la grave situación” de los edificios de UTU en el departamento denunciada por el gremio de funcionarios a principios de esta semana, que en algunos casos ya venía trabajando desde el Parlamento.
A partir de la extensa lista de carencias que afectan el dictado de clases para estudiantes y docentes en los centros de UTU en San Carlos, Balneario Buenos Aires, Cerro Pelado y La Capuera, y de su experiencia en algunas recorridas, Antonini reclamó saber los motivos del mal estado de las instalaciones, qué inspecciones de seguridad y salubridad se realizaron y qué medidas se adoptaron para evitar que la situación afecte a quienes usan los espacios.
También requirió información sobre la inversión realizada en el período 2020-2024 para el mantenimiento de los edificios de Maldonado, y el detalle de las obras. Por último, solicitó datos sobre la cantidad de mentores para la transformación educativa contratados hasta la fecha, y cuántos cargos de gestión y servicios se contrataron en el mismo período.
Antonini dijo a la diaria que la situación no es nueva, aunque se agrava “por incidencia de la reforma educativa y de los recortes presupuestales” que hizo el gobierno de coalición. A modo de ejemplo, mencionó que “desde hace varios años” denuncia y trabaja ante “situaciones irregulares” en los centros educativos de Maldonado, no sólo los de UTU, sino también liceos como el de San Carlos, el de La Barra y el de Maldonado”.
Estudiantes con frazadas y bolsa de agua caliente
El legislador no tiene dudas sobre la veracidad del reporte de la Regional de Afutu, ya que con frecuencia recibe fotografías y videos sobre el mal estado de los locales. “Hay chiquilines que van con frazada y bolsa de agua caliente a clases. No son las condiciones para que estudien, alientan la deserción”, graficó. El incumplimiento de la obligación legal de instalar espacios para lactancia materna, destinadas a funcionarias, docentes y estudiantes, es otro punto que desalienta a continuar en el sistema, opinó.
“Asistimos a una alabada reforma educativa que se transformó en un recorte presupuestal. En todas las rendiciones de cuentas que llegan al Parlamento sabemos que hubo recortes. Los liceos prometidos para San Carlos y Piriápolis hasta ahora no se han concretado, y quedan unos meses de gobierno. Cursos que han cerrado, docentes sin horas asignadas, grupos más numerosos y esta falta de mantenimiento de los locales también vienen por ahí”, aseguró.
El pedido de informes cursado esta semana viene a reforzar los reclamos de los últimos años y la denuncia pública de la Regional de Afutu, que hasta ahora no ha encontrado respuestas de las autoridades. También apunta a “mantener el tema en la opinión pública, a que la comunidad toda sepa qué es lo que está pasando con nuestros docentes y estudiantes”, concluyó.