El edil frenteamplista Joaquín Garlo planteó este martes, en el plenario de la Junta Departamental, que un desarrollista inmobiliario sigue rellenando con tierra y escombros tres padrones ubicados junto al arroyo Zanja Honda pese a que la Intendencia de Maldonado (IDM) y el Municipio de Piriápolis dictaminaron la paralización de las tareas. De este conflicto dio cuenta la diaria semanas atrás, cuando el Grupo de Protección Ambiental del arroyo denunció el desacato y los daños ante la Policía y envió un escrito a la IDM con el detalle de los hechos para exigir el cese efectivo de las intervenciones.
En la sesión de este martes, Garlo aportó filmaciones sobre el trasiego de maquinaria registrado horas antes, como muestra de que el desarrollista sigue sin acatar la orden emitida el 5 de este mes por la Dirección de Control Edilicio de la IDM, según le informaron los vecinos de la Red Ambiental de Piriápolis y Alrededores. También mencionó el caso de un constructor que ocupó tres predios públicos en el balneario Playa Hermosa para disponer desechos y materiales de obra, también denunciado por vecinos del lugar.
Para el edil, tanto este caso como el de Playa Grande “son dos claros ejemplos de la función central” de la sociedad civil organizada en “el control de la gestión ambiental y el respeto a las normas territoriales y ambientales”. Pero además de subrayar la importancia de las denuncias ciudadanas en la materia, Garlo remarcó la necesidad de “un compromiso de todo el sistema institucional y de todo el sistema político” para facilitar los mecanismos de denuncia y proteger los ecosistemas costeros de Maldonado, que son fuente de ingresos económicos a través del turismo para el departamento.
En este contexto sugirió que se constituya la figura del defensor del vecino, largamente discutida en el seno de la Junta. “Podría ser una defensoría del vecino temática, ambiental, defensora del pueblo en temas ambientales y territoriales que va más allá del gobierno y los partidos. Los estados deben asumir compromisos y nuevas responsabilidades en torno a esos temas, tenemos que ponernos de acuerdo más allá de las mezquindades políticas”, dijo.
Correa redobló la apuesta
Tan pronto Garlo redondeó su exposición y propuso los destinos institucionales para sus palabras, el edil nacionalista Darwin Correa lo desafió a que llevara su denuncia a la Fiscalía por entender que se trata de “algo grave”. También propuso que la Comisión de Ambiente de la Junta cite a los jerarcas de la IDM y al alcalde de Piriápolis, René Graña, para que expliquen cómo han gestionado la situación.
Aunque Garlo le recordó que el caso ya está en la Fiscalía a instancias de los vecinos, Correa insistió: “Denunciar acá es como tirar agua en un saco roto, una denuncia de ese calibre debe ser atendida por la Fiscalía. No hay que ir por el costado ni recular en chancletas; si un ciudadano incumple una ley tenemos que ir al Poder Judicial, de lo contrario es una tormenta con matracas. En Fiscalía se verá qué pasa, no tengan miedo”.
Terció en el debate el frenteamplista Jorge Pieri para recordar que el Ejecutivo departamental “es el encargado de la Policía territorial en el departamento” y “tiene toda la fuerza de la ley para recurrir al Ministerio del Interior para hacer cumplir la normativa”. Finalmente, todos los ediles en sala votaron las dos propuestas de Correa. La intención es convocar “esta misma semana” a los jerarcas que designen la IDM y el Municipio de Piriápolis para que asisten “con urgencia” a la Comisión de Ambiente.