La Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado (Cipem) celebró y agradeció la aprobación de la Ley de Operador Inmobiliario que se concretó este miércoles 11 y que fue reclamada durante tres décadas desde el balneario.
La corporación puntaesteña, que trabajó junto a otras gremiales del sector en la búsqueda de acuerdos sobre el proyecto, emitió un comunicado para destacar que se trata de “un hecho histórico” al cabo de “30 años de lucha” para lograr un marco regulatorio “tan necesario”.
La nueva ley responde a la necesidad de regulación de la actividad de los operadores inmobiliarios para dar mayor transparencia y formalidad a las transacciones, al tiempo que apunta a erradicar la competencia desleal y protege los derechos tanto de los trabajadores como de los propietarios.
“Agradecemos al Poder Legislativo, que nos acompañó y brindó su apoyo, dedicando tiempo al estudio de este proyecto que hoy se transformó en realidad. Desde nuestra institución siempre apoyamos, defendemos y luchamos por todo el sector inmobiliario formal. A partir de hoy, recorreremos unidos un nuevo camino”, destacó la gremial empresarial.
Javier Sena: “La ley da certezas a todas las partes”
El presidente de la Cipem, Javier Sena, dijo a la diaria que la ley “da un orden y certeza a todas las partes: el Estado, los propietarios, los inversores y los inquilinos” y destacó que Uruguay era el único país de América que carecía de este marco legal.
Consideró que “es un hito muy importante para Maldonado, ya que habrá gente responsable detrás” de las operaciones para “garantizar la transparencia en cada caso y no habrá gente que cobre comisión por fuera del sistema” como ocurre actualmente.
“Muchos inmobiliarios no tienen registro ni pagan impuestos y sólo cobran comisiones. Con el crecimiento que hay en Maldonado, nos da tranquilidad estar bien regulados”, dijo el empresario.
Luego destacó que, en adelante, los operadores inmobiliarios tendrán que estudiar como mínimo dos años para poder entrar en el sector, además de estar matriculados. “Buscamos que sea una profesión como cualquier otra”, concluyó.
Habrá un registro nacional en la órbita del MEF
La ley también busca “la promoción del desarrollo y la adopción de medidas que reporten operaciones sospechosas sobre lavado de activos, además del cumplimiento de las obligaciones fiscales y la igualdad entre los operadores”.
Por esta vía se crea el Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios que funcionará en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, establece derechos de los profesionales y sanciones para quienes incumplan las obligaciones establecidas en la regulación.
Asimismo, a instancias de la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (Cumei), reconoce la figura de los operadores que trabajan en la modalidad de “franquicias”, de forma independiente.
Las diferencias sobre este punto entre la Cumei y las cámaras que promovieron el proyecto amenazaron con que la propuesta naufragara en esta legislatura, durante el último año. No obstante, se logró el acuerdo para avanzar y ahora resta la promulgación el Poder Ejecutivo.
Según el informe de regulación de la ley presentado al parlamento, la actividad inmobiliaria representa entre el 12% y 13% del producto interno bruto del país, de acuerdo a estimaciones del Banco Central del Uruguay publicadas en Cuentas Nacionales.
De acuerdo a los registros del Banco de Previsión Social, correspondientes a junio de 2023, el sector emplea a unas 25.000 personas, de las cuales, el 85% son trabajadores dependientes. Sin embargo, sentencia el informe, en los últimos años se advirtió una caída de aportantes a la seguridad social, lo que podría interpretarse como un indicio de crecimiento del informalismo.