La Fundación Capullos, que funciona en Maldonado, comenzó a analizar con legisladores nacionales el proyecto de ley que elaboró para declarar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, aumentar las penas y crear un Programa de Ofensores Sexuales aplicable a los condenados al salir de prisión.
Tras haber entregado el documento al diputado nacionalista Diego Echeverría, el abogado de Capullos, Leandro Arévalo, se reunió la semana pasada con el senador por el Frente Amplio Eduardo Antonini y varios diputados de esa fuerza política para exponer y debatir sobre los 12 artículos que componen la iniciativa. Con el mismo fin, el abogado se entrevistará próximamente con el diputado colorado Gabriel Gurméndez.
Al exponer los motivos de la propuesta, Arévalo dijo a la diaria que “no es adecuado que la respuesta punitiva a este tipo de delitos sea tan suave cuando genera un daño permanente en la víctima”, por lo que el proyecto apunta a penas más duras.
Argumentó que la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) aprobada en 2017 “le dio más lugar a la víctima”, pero él entiende que “debería haber mayor participación y un seguimiento”. Entonces, además de prevenir, el proyecto busca que “la víctima no quede desamparada”.
Delitos y castigos máximos
En 2020, la ley de urgente consideración (LUC) incrementó las penas por abuso sexual de 3 a 12 años, mientras que las correspondientes al abuso sexual especialmente agravado pasaron de 4 a 16 años. Sin embargo, el proyecto de la fundación fernandina propone agregar entre tres y cuatro años al máximo establecido, modificando los artículos 272-BIS y 272-TER del Código Penal.
Para el delito de atentado violento al pudor (artículo 273), la iniciativa propone un mínimo de tres años de penitenciaría, en comparación con los ocho meses que establece actualmente el Código Penal. También modifica la condena en caso de que las víctimas sean menores de 12 años de edad: en lugar de dos a seis años, el castigo sería de cinco a ocho años. En tanto, el delito de abuso sexual sin contacto corporal (artículo 273-BIS) tendría una pena mínima de tres años de penitenciaría si las víctimas son menores de 18 años.
El proyecto también se ocupa de los delitos vinculados con la trata de personas. En caso de esclavitud sexual (artículo 280 BIS), la pena establecida “será de seis a 18 años de penitenciaría”, y cuando involucre a personas menores de edad, “será de seis a 30 años”, con lo que el máximo vigente para estos casos aumentaría 15 años. Por otra parte, se pretende modificar el artículo sobre prostitución forzada (280 Quater) e incrementar en ocho años el máximo de penitenciaría establecido actualmente, que es de 10.
El delito de unión matrimonial o concubinaria forzada o servil (artículo 280 TER) se modificaría con una pena máxima de 12 años, dos más que la definida en la legislación actual; si involucra a “una adolescente, niña o niño como condición para que acceda a la vivienda, alimentos, vestimenta u otras necesidades básicas para la subsistencia, aun con su consentimiento”, será de cuatro a 16 años.
Experta entiende que el aumento de penas “no es la solución”
La abogada y coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS), Natalia Fernández, aseguró en diálogo con la diaria que el aumento de penas para ofensores sexuales “no va a solucionar la cantidad de delitos sexuales que tenemos contra niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas”.
Entiende que el problema actual es la investigación de las denuncias en la Justicia: “No tienen un seguimiento y en ocasiones son archivadas sin un fundamento expreso a las víctimas, quienes necesitan tener un proceso reparatorio”. Por este motivo, Fernández cree que “no es necesario crear otras leyes, sino que se apliquen de forma efectiva las vigentes”, como la ley de violencia de género promulgada en 2017.
Sostiene, por ejemplo, que es necesario cumplir con el artículo 5: “El Estado es responsable de prevenir, investigar y sancionar la violencia basada en género hacia las mujeres, así como proteger, atender y reparar a las víctimas en caso de falta de servicio”. Sin embargo, lamentó que “para aplicar las leyes que dan garantías, no hay suficiente presupuesto”. Esta situación deriva en que hay infancias, adolescencias y mujeres adultas que son víctimas o han sido víctimas de abuso sexual y “no han tenido su día ante el tribunal”.
Según Fernández, “los hechos no son investigados en la justicia penal”; a modo de ejemplo, mencionó el caso de Milagros Chamorro, cuyo archivo “desencadenó el suicido feminicida” debido a la falta de respuestas. A su juicio, “el problema no fue la pena, sino la falta de una investigación adecuada de ese delito”.
Impacto en jóvenes pobres y reincidencia persistente
La abogada Natalia Fernández señaló que en Uruguay está científicamente estudiado que las personas privadas de libertad son menores de 37 años, lo que significa que “el sistema carcelario capta principalmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad y no a victimarios de otros estratos sociales o edades”.
Por lo tanto, cree que el aumento de las penas, además de “no bajar la tasa de delitos sexuales, va a perpetuar el impacto en los jóvenes más pobres, la sobrepoblación [carcelaria], el hacinamiento y una reincidencia persistente”.
Tratamiento de las víctimas
El proyecto de Capullos propone el acceso de las víctimas a un programa de tratamiento terapéutico “durante el tiempo que sea necesario a los efectos de sanar”; si bien Arévalo considera que debe financiarlo el Estado, también plantea que “se hagan responsables los propios transgresores”. Ese es uno de los puntos a conversar con los legisladores, al igual que definir qué ministerio debería encargarse de la reparación de las víctimas. El abogado cree que la mejor opción sería el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero todavía no está aprobado. En todo caso, entiende que “lo adecuado es que sea un único ministerio para que haya unidad de trabajo y la comunicación sea más fluida”.
La imprescriptibilidad de los delitos sexuales
Este año se desarchivó el proyecto de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes presentado en el período anterior y está bajo análisis de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado.
El proyecto de Capullos también determina que los delitos sexuales son imprescriptibles porque “no se debe marcar cuándo la persona debe estar preparada para denunciar”, dijo su redactor, aunque no soslayó que “a medida que transcurre el tiempo, más difícil es conseguir las pruebas”.
La abogada Fernández está de acuerdo con la imprescriptibilidad, sobre todo en caso de abuso sexual infantil, para que las víctimas puedan “accionar frente a un tribunal, ya que lleva mucho tiempo verbalizar situaciones de poder respecto del agresor”. Sin embargo, también desea “ver resultados hoy”, ya que “hay víctimas que sufrieron delitos sexuales hace un mes o dos años y sus denuncias no han sido investigadas”.