“Acá está lo que la gente votó en mayo”, dijo el intendente de Maldonado, Miguel Abella (Partido Nacional), al presentar el presupuesto 2026-2030 en la Junta Departamental de Maldonado, el sábado 30. Acompañado por los integrantes de su gabinete, el gobernante entregó un documento de 1.013 hojas, distribuidas en seis biblioratos, que recoge los compromisos de su campaña electoral y espera tener vigente a partir del 1° de enero de 2026.
El proyecto consta de 60 artículos con grandes lineamientos, a cuenta de una adecuación presupuestal para el período 2027-2030 que se presentará en junio de 2026. Según la administración, esa adecuación contará “con datos reales y proyectos detallados”, además de “datos concretos” sobre el retiro de funcionarios con causal jubilatoria en 2026 y los resultados del diálogo promovido con los partidos políticos en las comisiones de Movilidad, Ambiente, Ordenamiento Territorial y Políticas Sociales.
Entretanto, el presupuesto anual será de 360 millones, estructurado en un 85% de ingresos de origen departamental y 15% de origen nacional, dijo el secretario general de la Intendencia de Maldonado (IDM), Álvaro Villegas, tras presentar el documento. A su juicio, se trata de un proyecto “realista”, “con disciplina fiscal” y “con lineamientos económicos claros”, que pone énfasis en los temas de infraestructura y de políticas sociales.
La discusión de la propuesta presupuestal comenzó este lunes 1° en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, convocada por la presidenta del legislativo, Verónica Robaina.
Ingresos, gastos e inversiones
La IDM estima, “con un criterio conservador”, que los ingresos de origen departamental tendrán un crecimiento anual de 2% por contribución inmobiliaria (que podría llegar a 5%) y un 4% anual real para el impuesto de patente de rodados e ingresos públicos relacionados. En función del acuerdo con el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes, las transferencias nacionales para Maldonado serán del 7,92%.
Con este escenario, se prevé destinar un 39% del presupuesto para gastos en funcionamiento de servicios públicos, “que implica atender las políticas públicas sociales, deportivas, culturales, ambientales y los servicios en todas sus dimensiones”. De este porcentaje, la mitad irá a gestión ambiental y obras comunitarias, el 31% a inversión social y el 19% a administración, detalla la exposición de motivos del proyecto.
El convenio colectivo firmado con el sindicato de municipales (Adeom), recientemente inscripto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, representa el 35% del gasto.
En tanto, un 12% se destinará a obras públicas. “Se invertirán más de 220 millones de dólares en pavimentos, luminarias, veredas y las obras orientadas al desarrollo del departamento”, con prioridad en los barrios. Para el “manejo y reducción de la deuda”, se destinará “el 10%” del presupuesto.
Regla fiscal y control de la ejecución presupuestal
La exposición de motivos del proyecto señala que la administración tuvo en cuenta que “los gastos previstos no pueden superar los ingresos” (equilibrio fiscal) y que se trazó un plan “con capacidad de sostener los compromisos financieros en el tiempo”.
Asimismo, se propone “mostrar con claridad los distintos programas que componen el presupuesto” y “un riguroso control y seguimiento de la ejecución presupuestal”, además de una “flexibilidad controlada por las reglas fiscales”. Esto permitirá márgenes de reasignación presupuestal, fondos de contingencia y trabajo con alertas tempranas, indica el documento.
Paralelamente, el proyecto introduce el concepto de “regla fiscal” y un “cuadro de mando integral”. Esto implica que, si durante el ejercicio no se alcanzan los ingresos de origen departamental proyectados, se ajustarán automáticamente los créditos presupuestales. Además, se medirá el grado de avance en el cumplimiento de las distintas políticas, en función de metas e indicadores en lo económico/financiero, políticas sociales, inversiones y desarrollo local.
La IDM también sostiene que apunta a “reducir desigualdades territoriales y sociales entre los municipios” y que pone énfasis en “acciones permanentes de monitoreo, evaluación y revisión para ajustar periódicamente la planificación financiera”.