Más de un centenar de vecinos de La Barra, balneario ubicado junto a la desembocadura del arroyo Maldonado, esperan respuesta a una petición que presentaron ante la Junta Departamental (JDM) para que no se aprueben nuevos proyectos de construcción o fraccionamientos mediante excepciones a la normativa vigente en esa zona y para que se suspenda por 180 días (prorrogables por otros 180) la “tramitación de permisos para la construcción de inmuebles que también supongan el otorgamiento de excepciones”. Eso fue el 18 de diciembre pasado, tras casi un año de reunirse con el ánimo de frenar el ritmo de grandes emprendimientos que consideran nocivos para el ambiente, residentes y turistas.
Laura Navarro, representante legal de los vecinos, dijo este miércoles a la diaria que las peticiones administrativas cuentan con un plazo de 150 días corridos para que se dicte una resolución expresa. No obstante, aclaró que en este caso se pidió la suspensión de la tramitación por excepción a la normativa vigente, “una medida cautelar que se debería tomar inmediatamente”. Eso no ocurrió y, por el contrario, en una sesión extraordinaria realizada el 30 de diciembre, la bancada del Partido Nacional revalidó excepciones concedidas un año antes para la construcción de tres edificios en la zona de Palmas de La Barra, junto al arroyo Maldonado.
Ante este escenario, este jueves 15 los vecinos presentarán, de forma individual, recursos de reposición y apelación con firma letrada “para que se anule el acto que se dictó de forma ilegítima”, informó la abogada. Presentarán los fundamentos a partir del 1º de febrero, cuando culmine la feria judicial. De no prosperar la impugnación, “se podría accionar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) o los nuevos juzgados administrativos”, añadió Navarro. Además, dijo que, si no hay respuesta a la petición de diciembre, evaluarán otras acciones.
Un crecimiento “inconmensurable” sin infraestructura
La petición, fundada en una vasta recopilación de decretos y leyes, es similar a la que días antes presentaron los vecinos de La Juanita preocupados por la contaminación de la laguna José Ignacio y por la falta de infraestructura de saneamiento en aquella zona.
En La Barra se verifica “un inconmensurable” aumento de edificios de apartamentos en régimen de excepción. Esto es “incompatible con la ausencia de la infraestructura adecuada de saneamiento, sin perjuicio de lo discutible de las excepciones aun con saneamiento adecuado”, afirmaron los vecinos en el extenso documento al que accedió la diaria. También remarcaron que la normativa está “desactualizada y forzada a su máxima expresión” por parte de la IDM, al tiempo que “se desconoce la situación global del lugar” y no hay “infraestructura mínima para dar soporte a lo autorizado”.
Los bloques de apartamentos que ya se comercializan y promocionan implicarán un aumento exponencial de población y de aguas residuales domiciliarias. En ese contexto, los vecinos no pierden de vista que, si bien la conexión al saneamiento resulta competencia de OSE, “es netamente responsabilidad de la IDM evaluar el contexto e infraestructura en las que otorga los permisos de construcción excepcionales”. La zona no cuenta con saneamiento ni con obras de conexión que puedan “canalizar suficiente, adecuadamente y sin impacto” las aguas servidas que provienen de las viviendas, apuntaron.
Descarga de barométricas en El Tesoro
Los vecinos de La Barra quedaron aún más preocupados tras acceder a la respuesta que dio OSE a un pedido de información realizado por vecinos de La Juanita. Esto reveló que, entre las medidas para mitigar el impacto del crecimiento de aguas residuales, OSE prohibió la descarga de barométricas en los piletones de La Juanita y las habilitó en la planta de tratamiento de El Tesoro (ubicado en la cabecera norte de los puentes de La Barra, junto al humedal del arroyo Maldonado). Para los peticionantes, esto evidencia "una situación más grave" de la que suponían.
En línea con múltiples denuncias presentadas ante la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de OSE y recogidas por algunos ediles en la pasada legislatura, afirmaron que esa falta de infraestructura ha determinado la emanación de “olores nauseabundos” y que, si se siguen sumando bloques de apartamentos, “la situación empeorará generando graves perjuicios en la zona, dañando a los vecinos y al turismo”.
De incongruencias, derechos y obligaciones
El planteo vecinal no es descabellado: la petición recuerda que existe “al menos un antecedente” en el que se resolvió no autorizar permisos de construcción o urbanizaciones por un plazo determinado. A modo de ejemplo, citaron el Decreto 3.656, aprobado en julio de 1992 por la JDM para la zona de José Ignacio. Paralelamente, advirtieron “la flagrante incongruencia entre el espíritu de la norma y los permisos de construcción emitidos por la IDM”.
Tras señalar que en La Barra hay edificios en bloque que invaden la faja costera y que “las dunas fueron arrasadas por toneladas de concreto”, sostuvieron “de forma inequívoca” que “la IDM viola la normativa”. A modo de ejemplo, mencionaron que el proyecto The Corner, que ofrece 20 unidades en tres pisos más una terraza en cuarto nivel, vulnera “todas las medidas establecidas”. “¿Cómo puede permitirse construir en la costa, superando los niveles establecidos legalmente y alterando todo el ordenamiento territorial?”, cuestionaron.
El documento también detalla las normas que sustentan “el derecho de la comunidad de bregar por los intereses” expuestos, “a participar en los proyectos de ordenamiento y a acceder a la información sobre el territorio” que se encuentre en poder de la IDM. En esa línea, los vecinos reivindicaron su derecho a “participar en los procedimientos que impliquen decisiones de impacto en el medio”, en tanto la ley “concede el derecho de intervención y de obligación de escucha y evaluación por parte de la administración”.
Además, citaron los instrumentos que les dan derecho a reclamar “una planificación y ejecución de las acciones que puedan impactar en el territorio”. “La norma consagra que un crecimiento sostenible es el que evalúa las consecuencias del impacto del medioambiente a futuro, y que garantice que no se comprometerá a las generaciones futuras. Hasta donde es de nuestro conocimiento, dichos estudios de impacto ambiental no se han efectuado”, sostuvieron.
Advertencias sobre riesgo ambiental para la salud
La petición también advierte sobre el impacto en la salud ambiental de residentes y turistas que generan las excepciones autorizadas por el gobierno departamental. Los vecinos recurrieron a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que define la salud ambiental “como la disciplina que estudia cómo los factores ambientales (físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales) impactan en la salud humana, la calidad de vida y el bienestar social”.
A su juicio, las excepcionales autorizadas, “lejos de mejorar la calidad de vida, la perjudican”. Entre los “riesgos ambientales” mencionaron la contaminación del agua y la planificación inadecuada de entornos urbanos que pueden afectar la salud física y mental. Por eso, entienden “fundamental” que la JDM y la IDM “presten viva escucha” al planteo de la comunidad y que eviten “atropellos por razones meramente económicas”. Pidieron tener una entrevista con las autoridades dentro de los 30 días siguientes a la presentación del escrito; todavía no han tenido novedades.
Para la residente argentina Tamara Villoslada, es importante que las autoridades “escuchen lo que pasa y tengan en cuenta la opinión de quienes viven todo el año [en la zona]”. En diálogo con la diaria, también consideró que es esencial “una planificación urbana que sea acorde a la identidad de La Barra, para tratar de preservar lo que se pueda”.
Verónica Predovic, radicada en el balneario desde 2019, enfatizó que el objetivo es que la IDM y la Junta “frenen las excepciones y toda aprobación de construcción hasta asegurarse de que hay infraestructura”, incluso con proyectos amparados en la normativa vigente.
Desarrollos inmobiliarios con excepciones
De acuerdo con un relevamiento realizado por los vecinos, que planean confirmar con pedidos de acceso a la información pública por cada proyecto, estos son los desarrollos aprobados con excepciones a la normativa.
The Corner, ubicado entre la ruta 10 y Los Destinos (padrón 18.546), a cargo de Wave Arquitectura.
Pausa, ubicado entre Iris y Pedro Campbell (padrones 16.745, 16.746 y 16.705), a cargo de Bree Desarrollos by Ventus Construcciones.
La Guadalupe, situado en Las Sirenas y Los Romances (padrón 18.513), promovido por el estudio Gómez Platero para Bomfin Desarrollos.
Maderos beach, en Los Suspiros y Pedro Campbell (padrones 16.447 y 16.448), a cargo del grupo argentino GNV Group.
Surfhouse, ubicado en Exeter y Las Sirenas, en el padrón 18.529, a cargo de Dexsur.
Surfhouse II, situado en Los Romances y Graf Spee (padrones 17.967 y 17/969), también de Dexsur.
Dúo La Barra, situado en Graf Spee (padrón 18.414), entre Las Sirenas y Los Romances, a cargo de Gómez Zorrilla Desarrollos.
Casa Godai, frente a la estación de servicio Ancap, promovido por Pacífica Arquitectura.
Proyecto ubicado detrás del exhotel Mantra (padrón 24.023), a cargo del desarrollista Enrique Etchebarne y el arquitecto Martín Velazco.
OH, ubicado en Montoya, por iniciativa de la firma Netzaj SA.
The Colette Beach, ubicado en Montoya, a cargo de The Colette Group.
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