En un año, la intendencia aplicó 202.463 multas de tránsito en Maldonado, de las cuales el 82,6% se registraron mediante fiscalización electrónica, según indica la respuesta a un pedido de informes planteado por los ediles frenteamplistas Javier Ramírez y Pablo Cicero al Departamento de Movilidad de la comuna. Los datos, correspondientes al período entre el 1° de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026, revelan que dos de cada tres sanciones se debieron a exceso de velocidad o a cruces con luz roja en semáforos.
Al divulgar los resultados de la solicitud en sus redes sociales, Cicero cuestionó que, “en uno de los departamentos con más lesionados del país”, solo el 0,6% de las infracciones se aplicaron a conductores que no usaron el cinturón de seguridad, trasladaron niños sin las sillas reglamentarias o circularon sin luces. “Es justo lo que una cámara no multa y lo que salva vidas”, advirtió, para reclamar al Departamento de Movilidad de la IDM que “ponga inspectores a controlar lo que una cámara no puede hacer”.
En diálogo con la diaria, el edil explicó que, al destacar este tramo del informe solicitado, no busca “recriminar o criticar simplemente la gestión del Partido Nacional en cuanto a movilidad, sino tratar de resolver un problema que viene creciendo” y que, a su juicio, “no está siendo resuelto como debería”, particularmente con el tema de la fiscalización y de las multas. “¿Se multa para cuidar la vida o para recaudar?”, insistió.
En esa línea, observó que los controles por parte de los inspectores de tránsito solo representaron el 17% de las multas, en gran parte, por el uso de celular al conducir. “Hay elementos fundamentales que no se están controlando y que inciden en la siniestralidad, en los lesionados y en la mortalidad en accidentes de tránsito”, enfatizó, en alusión al uso de cinturón, sillas de retención infantil o luces diurnas.
A su juicio, es necesario que Movilidad “tome cartas en el asunto” e intensifique los operativos con inspectores en las calles. También planteó que se realicen mediciones y se divulgue “el nivel real de cumplimiento” y que el dinero recaudado se invierta en seguridad vial.
“En definitiva, no solo se trata de que los conductores asuman su responsabilidad, sino de que Movilidad, que tiene el monopolio del controlador y fiscalización del cumplimiento de la normativa, cumpla su rol para que esto no siga creciendo”, concluyó.
Recaudación de 285,5 millones de pesos en un año
Por otra parte, el edil observó que, en el período de referencia, la IDM libró facturas por 1.200 millones de pesos, pero solo cobró 285,5 millones. A partir de ese dato, infirió que “las infracciones automáticas por medios electrónicos no están siendo efectivas en cuanto a su propósito: el único efecto es la sanción económica, que no está pudiendo completar”.
Consideró que “el problema es más grave en el caso de las motos” porque, al acumular dos o tres multas, la deuda supera el valor comercial del vehículo, “lo que vuelve imposible cobrar el dinero y deja sin sentido cualquier penalización futura”.
Según el reporte de la IDM, la mayor cantidad de multas se aplicaron por infracciones cometidas en Punta del Este (86.796), Maldonado (65.511), Punta Ballena (14.456), La Barra (9.666), Piriápolis (6.599) y San Carlos (6.511), seguidas por Pan de Azúcar, Barrio Hipódromo y Balneario Buenos Aires. El pico de sanciones se registró en enero de 2026 (27.284).
