la diaria Maldonado › Justicia

(archivo, agosto de 2023).

Foto: Alessandro Maradei

Familiares de Valentina Cancela reclaman indemnización económica del Poder Judicial y el padre del femicida

La demanda civil radicada en Montevideo también pretende una reparación moral, mediante un homenaje a la víctima, y la reserva o eliminación de datos sobre ella en los registros oficiales.

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A tres años y tres meses del femicidio de Valentina Cancela, en Maldonado, sus familiares presentaron una demanda civil contra el Poder Judicial, el femicida y el padre de éste. Las demandantes son la madre, la hermana, la madrina, la cuñada y un grupo de amigas de la adolescente, representadas por los abogados Ignacio Barlocci y Juan Williman.

La acción se radicó el pasado lunes 9 ante el Juzgado Letrado en lo Civil de 13º Turno, en Montevideo, a cargo de la doctora Lucía Granucci. Barlocci explicó a la diaria que el reclamo comprende tres etapas: una refiere a la “la violencia física y psicológica” que sufrió Valentina durante la relación con su exnovio, que incluyó “prácticas sexuales no consentidas” hasta agosto de 2023; la segunda abarca el día del femicidio (15 de agosto de 2023) y el siguiente, cuando el cuerpo fue hallado en la playa de Brava de Punta del Este; la tercera se basa en que la madre de Valentina y sus amigas “fueron engañadas por el femicida”.

Williman, en tanto, señaló a la diaria que “no hubo medidas de protección” para la adolescente -como una prohibición de acercamiento- ni una “evaluación de riesgo” por parte de equipos técnicos, tras denuncias previas presentadas por la madre de Valentina ante “agresiones físicas y verbales” por parte del exnovio. Este “es un criterio de prevención de daño, distinto a las medidas cautelares que tienen requisitos más altos”, fundamentó el abogado.

Las demandantes consideran que el “el sistema falló” y por eso relaman una indemnización, dijo. Williman entiende que “hay elementos suficientes para, que en este juicio civil, quede acreditado la situación emocional, la gravedad de lo que sucedió, y la entidad de la aflicción emocional que se generó en su familia y, sobre todo, de su madre”.

La indemnización económica reclamada

La demanda combina el reclamo de una reparación económica por daños morales y patrimoniales con medidas de reparación no patrimonial vinculadas a la privacidad, la reserva de actuaciones y un homenaje simbólico.

De acuerdo al escrito, al que accedió la diaria, se reclama la condena del Poder Judicial y del padre del femicida a abonar 300.000 dólares, “de manera solidaria”, por los daños padecidos por la adolescente; la madre de Valentina sería “beneficiaria del 50%”. Por otra parte, la mujer y su hija aspiran a cobrar 150.000 dólares “por daño moral en sentido estricto” y 10.500 dólares “por daño moral por rebote”; las demás demandantes reclaman cifras menores por estos mismos conceptos.

Además, se reclama la “responsabilidad civil” del padre del femicida, de acuerdo al artículo 1.324 del Código Civil N° 16.603. Barlocci considera que el hombre “conocía los antecedentes de violencia de su hijo contra mujeres de su entorno y no adoptó medidas educativas, sociales, sanitarias y de salud mental para prevenir nuevas agresiones”.

La madre le solicita 50.000 dólares “por daño moral en sentido estricto”, la hermana 50.000 dólares y la cuñada y las amigas 5.000 dólares. En tanto, la madrina solicita 20.000 dólares “por daño moral por rebote”. La madre de Valentina solicita, asimismo, que “se haga efectiva la reserva ya dispuesta sobre las sentencias de condena y confirmatorias” que tienen a su hija como víctima y, en especial, que se elimine de la Base de Jurisprudencia Nacional y de su página web toda mención a la autopsia.

Privacidad, homenaje y memoria

El escrito también plantea “una reparación moral hacia Valentina y las demás accionantes, así como un homenaje a ella y de recordatorio a la erradicación de la violencia de género”. Esto sería, condenando al Poder Judicial a que ponga el nombre de la adolescente a algún espacio físico de su propiedad o a jornadas académicas sobre la temática.

Las partes demandadas tienen un plazo de 30 días para responder a partir de la notificación. Según Barlocci, luego habrá una primera audiencia para definir los medios de prueba, otra para recibir las declaraciones de los testigos, una tercera para hacer los alegatos y, finalmente, la resolución sobre la eventual responsabilidad de los demandados.

También adelantó que “se solicitarán medidas de seguridad para las audiencias y que la familia sea exonerada de asistir a ellas, con el objetivo de evitar situaciones de violencia durante el proceso”.

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