Tras el fracaso de una audiencia realizada este lunes en el Juzgado de Paz y Conciliación en Montevideo, la empresa Wasi, subcontratista de Criba SA en el obrador del resort del Grupo Cipriani en Punta del Este, presentará una demanda civil contra autoridades del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) de Maldonado, delegados sindicales de la obra y trabajadores peruanos involucrados en el hecho ocurrido en enero en una vivienda en la que residían.
El abogado de la empresa, Ezequiel Bueno, dijo a la diaria que “hay pruebas documentales y testimoniales” para presentar la demanda dentro de un máximo de 45 días. La acción se fundamenta en “el daño a la imagen por una denuncia falsa” y uno de los rubros mayores es por “el lucro cesante que nace de la pérdida directa de un proyecto que se había presupuestado por casi dos millones de dólares”.
Por otra parte, a fines de abril, Wasi radicó una denuncia penal por “calumnia, difamación e injurias” contra los mismos sindicalistas y trabajadores ante la Fiscalía Letrada Departamental de Maldonado de primer turno, con el patrocinio de los abogados Carlos Elias Uriarte y Pablo Pisciottano.
“Utilizaron una denuncia falsa para difundir una situación de trata de personas, lo que produjo que a [Juan Manuel] Otero, responsable técnico de Wasi, no lo dejaran ingresar más a la obra y se lo declarara persona non grata”, recordó Pisciottano en declaraciones a la diaria. Esto “lo perjudicó en su imagen y económicamente”, afirmó, y añadió que se busca “formalizar a los trabajadores y al delegado del centro de trabajo [Yhonattan Rodríguez]; son delitos comprobados”.
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Empresarios dispuestos a ir “hasta las últimas instancias”
“Seguiremos por la vía de la Justicia hasta las últimas instancias, para que la situación se aclare y llegue a su fin”, sostuvo a la diaria la propietaria de Wasi, Adriana Leal, tras la audiencia. Subrayó que “hubo un perjuicio causado por una denuncia falsa” y que durante estos meses “siguieron llegando amenazas que están incluidas en la denuncia penal”. A su vez, aseguró que hasta hoy “se siguen generando daños como consecuencia del hecho”.
Según comunicó la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) ante la consulta del abogado de los empresarios, “no existe norma que habilite a una organización sindical a privar u obstaculizar el acceso del empleador al local de trabajo, por lo cual el responsable técnico de la obra no tendría ningún impedimento”. A su vez, el doctor Bueno explicó que “se citó a dos audiencias tripartitas, pero el Sunca nunca se presentó”.
Otero aseguró a la diaria que “el daño es enorme y que los involucrados deben pagar por sus actos”, así como realizar una “retractación pública”. Acerca de la declaración de persona non grata, dijo que “es una obstrucción al derecho al trabajo” consagrado en la Constitución de la República.
Por este motivo, Wasi convocó al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y a la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, para que comparezcan en la obra del exhotel San Rafael. Su intención es que realicen una asamblea para transmitirles a los delegados sindicales “que están cometiendo una ilegalidad con esa medida”, pero aún no hubo respuesta.
