Ezequiel Bueno, Juan Manuel Otero y Adriana Leal, tras la audiencia entre el Sunca de Maldonado y la empresa Wasi, en el Juzgado de Paz y Conciliación (archivo, mayo de 2026).

Foto: Gianni Schiaffarino

Subcontratista en obra de Cipriani en Punta del Este pidió a la OIT que evalúe conflicto del Sunca

Wasi espera que el organismo exhorte al Estado uruguayo a dar “una respuesta eficaz” ante la “vulneración de los derechos” por medidas sindicales.

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La empresa Wasi, subcontratista de Criba SA en la obra del resort del Grupo Cipriani en Punta del Este, pidió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que intervenga en el conflicto iniciado en enero pasado por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) de Maldonado a raíz de la situación laboral de trabajadores peruanos.

Tras haber presentado en mayo una demanda civil contra autoridades del Sunca de Maldonado, delegados sindicales y trabajadores peruanos involucrados en el conflicto, la empresa reclamó, sin éxito, la intervención del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en el caso. En consecuencia, la semana pasada la propietaria de Wasi, Adriana Leal, dirigió una carta al director adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe, Fabio Bertranou.

El documento, al que accedió la diaria, plantea que la organización, a través de sus mecanismos institucionales y diplomáticos, “considere exhortar a las autoridades competentes de Uruguay a adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno restablecimiento de los derechos vulnerados” a la empresa.

Leal menciona que, desde el 15 de enero, integrantes del Sunca “impiden el ingreso a su lugar de trabajo del responsable técnico [Juan Manuel Otero]”, tras una asamblea en la que fue declarado persona non grata, con las “consecuencias personales, profesionales y económicas que ello implica”. En este sentido, Wasi sostiene que se siente “desprotegida” frente a esta situación y señala que resulta “preocupante” que esta medida “pueda mantenerse durante meses sin que exista una respuesta estatal eficaz que restablezca plenamente la legalidad y los derechos afectados”.

“Entendemos oportuno que se promueva la consideración de mecanismos normativos que impidan la utilización de medidas de hecho consistentes en la declaración de ‘persona non grata’ acompañada de restricciones de acceso al lugar de trabajo”, debido a que “pueden constituir una afectación de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y los principios y convenios internacionales que inspiran el sistema de protección de la OIT”, indica.

Asimismo, Wasi entiende que el “respeto al Estado de Derecho exige que las normas vigentes sean aplicadas de manera objetiva, imparcial y uniforme, sin interpretaciones arbitrarias ni tratamientos diferenciados que vulneren derechos fundamentales”. Por último, afirma que confía en que la defensa de la justicia social y la promoción del trabajo decente, “contribuyan a encontrar una solución justa y respetuosa de los derechos de todas las partes involucradas”.

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