El martes, Human Rights Watch publicó un informe sobre la situación de Cuba luego de las protestas de julio. Según esta organización, el gobierno de Miguel Díaz-Canel llevó adelante “detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas”.
El informe denuncia que “al menos un manifestante falleció” y que “muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género”. Además, señala que “decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso”. Se documenta en particular los maltratos y las irregularidades procesales que sufrieron 130 de los detenidos y las entrevistas a 150 personas vinculadas con ellos, entre otros manifestantes, amigos o familiares.
El martes 12 de octubre, una manifestación opositora para reclamar “libertades civiles” fue prohibida por las autoridades, bajo el argumento de que sus promotores forman parte de un “esquema organizativo” diseñado por “organizaciones subversivas” y el gobierno de Estados Unidos para “promover un cambio de sistema político en Cuba”, según proclamaba el sitio Cubadebate.
Las protestas se produjeron en el marco de una situación de crisis y desabastecimiento en la isla caribeña, producto de los problemas económicos que venía arrastrando y se vieron potenciados por la pandemia del coronavirus. En 2020 el producto interno bruto cayó 11%, al tiempo que se denunció la escasez de productos como la sal, el aceite y los cigarrillos, generando también el surgimiento de un incipiente mercado negro de estos productos.
Del mismo modo, también se denunció la escasez de medicamentos. Un artículo publicado a principios de setiembre en Diario de Cuba señalaba que en el caso del antibiótico Azitromicina, pasó en pocos meses de costar 300 pesos cubanos el blíster a 1.000 la pastilla.
Si bien ahora Cuba cuenta con 60% de su población vacunada contra el coronavirus con dos dosis de las vacunas desarrolladas en el país, la decisión de no adquirir vacunas de otros países para potenciar el desarrollo farmacéutico local provocó que los ciudadanos cubanos comenzaran a ser inoculados recién a fines de mayo.
En medio de esta situación, a fines de setiembre el gobierno de Miguel Díaz-Canel habilitó, luego de más de 50 años, la conformación de cooperativas y empresas privadas en formato de pequeñas y medianas empresas, permitiendo la contratación de hasta 100 empleados en casi todas las actividades económicas existentes, a excepción de los diarios y revistas, los estudios profesionales como los de arquitectos o abogados y las instituciones educativas. En el primer día de la convocatoria, el Ministerio de Economía cubano recibió 75 solicitudes.
Monedas
Durante varios años, en Cuba existían dos monedas: el peso cubano (CUP), la moneda oficial, y el peso cubano convertible (CUC), que comenzó a funcionar en 1994 y durante la mayor parte del tiempo en que funcionó equiparaba su valor con el del dólar estadounidense, que fue prohibido en la isla en 2004.
Esta moneda dejó de ser utilizada el 1° de enero de 2021 para reforzar el peso cubano y convertirlo en la única moneda oficial, otorgando a los cubanos un plazo de seis meses antes de retirarlo de circulación por completo, para que quienes tengan CUC puedan cambiarlos. Esta medida se extendió hasta fines de 2021.
En paralelo, desde hace algunos años funciona la moneda libremente convertible (MLC), que surgió ante la necesidad de algunas reformas aplicadas por el gobierno de Raúl Castro, que había habilitado los emprendimientos de trabajo autónomo o unipersonal. Ante los casos de pagos y cobros en el extranjero, con el dólar inhabilitado para su uso, surgió este formato.
Desde fines de setiembre y en paralelo con las medidas tomadas por Díaz-Canel relacionadas con las empresas privadas y cooperativas, la importación en MLC es “libre en efectivo, cheques, letras de cambio, pagarés u otros instrumentos de pago o títulos de créditos utilizados en la práctica bancaria internacional” para los ciudadanos naturales de Cuba.