La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó este jueves que el Ejecutivo que preside Luis Arce decidió retirar el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para evitar que la oposición continúe usando ese tema como pretexto para desestabilizar al gobierno y generar violencia y confrontación entre el pueblo.
“Hemos decidido retirar este proyecto de ley. Eso es lo que queríamos informar al pueblo boliviano, para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten entre bolivianas y bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, para no dar lugar a la confrontación”, dijo Prada en una conferencia de prensa realizada en La Paz, consignada por la agencia oficial ABI.
La funcionaria, integrante del oficialismo, explicó que la resolución fue tomada en la escucha de las preocupaciones y el temor del pueblo por la normativa.
Prada también reconoció “que hubo fallas en la socialización de este proyecto de ley, y lamentablemente frente a esa ausencia de información se ha instalado en sectores de la población un temor absolutamente infundado, sembrado y promovido por grupos políticos con intereses que buscan la impunidad”.
“En este sentido, como Órgano Ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirarlo y eso es lo que queríamos informar al pueblo para no dar lugar en absoluto a que nos confronten entre bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización y a la violencia”, agregó.
El 2 de julio el presidente Luis Arce había informado que mandó al Legislativo el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales.
La iniciativa fue aprobada el 17 de setiembre en la Cámara de Diputados y pasó al Senado, pero su discusión no siguió adelante porque surgieron fuertes cuestionamientos desde la oposición. De hecho, el lunes se cumplió un paro cívico en contra de la iniciativa y para la próxima semana varios sectores sociales estaban preparando otras medidas para presionar al gobierno.
La noticia fue celebrada por la oposición. Una de las figuras más emblemáticas de la derecha boliviana, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, manifestó su satisfacción por la marcha atrás del gobierno.
“El pueblo boliviano movilizado obligó al gobierno de Luis Arce a retirar de la agenda legislativa otra ley autoritaria del masismo. Con esa ley, cualquier ciudadano podía ser investigado arbitrariamente y despojado de sus bienes”, escribió Camacho en su muro de Facebook.
“Este fue un intento más del masismo por avanzar en su proyecto de control totalitario, pero la ciudadanía y los sectores populares unidos en toda Bolivia supieron oponerse con firmeza y derrotar ese intento de radicalizar más el autoritarismo masista”, agregó Camacho, según informó el diario El Deber.