La empresa uruguaya Apexuy SA, una filial uruguaya de la panameña Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), una de las principales firmas que aparecen en la investigación conocida como Pandora Papers, fue la que sugirió que el exfutbolista Javier Mascherano disolviera las dos sociedades offshores que había creado mediante otra firma uruguaya, pocos días después de que la Fiscalía española anunciara una investigación contra el argentino por fraude fiscal.
Mascherano, que jugó en River, Corinthians, West Ham United, Liverpool, Barcelona, Hebei Fortune de China y se retiró en noviembre de 2020 en Estudiantes de La Plata, era propietario de Alenda Investments y Lonesome Overseas Ltd., dos offshores con sede en la Islas Vírgenes Británicas cuyo objetivo era la compra de inmuebles en Uruguay, según informaron La Nación, Infobae y eldiarioAR, los tres medios de comunicación argentinos que participan en la investigación.
En 2020, en el marco de otra investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), conocida como FinCen Files, se supo que el argentino había transferido un millón de dólares desde Estados Unidos, primero a Portugal y luego a Uruguay, a través de Alenda, para comprar dos inmuebles: un campo en José Ignacio y un edificio de tres pisos en Punta Carretas, que actualmente es alquilado por la Embajada de Chile en Montevideo. Lonesome Overseas, que fue descubierta en los Pandora Papers, no tuvo actividad.
Las dos sociedades se disolvieron en 2016, poco tiempo después de la acusación de la Fiscalía española. Aquí es cuando entran en juego dos empresas uruguayas.
Mientras vivía en Barcelona, en 2015, Mascherano registró las sociedades a través de Alcogal, que tiene una filial uruguaya llamada Apexuy SA, con sede en un edificio del World Trade Center. La responsable de esta filial, Jacqueline Schwartz, figura en el sitio web de Alcogal como “asociada internacional” en las áreas de “servicios corporativos internacionales” y “fideicomisos y planificación patrimonial”. Sin embargo, en 2016, año en que el ICIJ publicó la investigación conocida como “Los papeles de Panamá”, en su área también se encontraban los “servicios offshores”, según constató la diaria.
La razón social de Apexuy SA inicialmente era Vitolmar SA, pero fue cambiada en julio de 2012, según consta en un Diario Oficial de noviembre de ese año.
Fue en julio que empezó a funcionar como filial de Alcogal, según informó la propia firma de abogados panameña en una publicación en su sitio web del 29 de mayo de 2014. Allí se informa que “la oficina de Alcogal en Uruguay, la cual se inauguró en julio de 2012, muy pronto estará festejando su segundo aniversario” y que su actividad consiste en “la incorporación de sociedades offshores en distintas jurisdicciones, así como en el asesoramiento con respecto a la planificación hereditaria, a través de fundaciones de interés privado y fideicomisos” y también en “el servicio de apertura de cuentas bancarias”.
“Este paso de expansión ya ha probado ser acertado, pues la nueva adición a la familia Alcogal ha sobrepasado todas las expectativas de desempeño que se tenían previstas para sus primeros año”, se explica.
La otra firma uruguaya que aparece en la actividad de Mascherano es Víctor Paullier & Cía., que, según lo informado por Infobae, fue el intermediario entre Alcogal y el exfutbolista durante la conformación de las dos sociedades offshores.
En 2015, Mascherano fue acusado en España de fraude fiscal mediante la triangulación del cobro de derechos de imagen en compañías fuera de ese país. Según informó Infobae, en un mail del 9 de noviembre 2015, Schwartz, en representación de Apexuy SA, le informó a Lorena Zerr, de Alcogal, que “habló con Ana Laura [por Ana Laura Machado, del estudio de Víctor Paullier] y que ‘le va a decir al cliente [Mascherano] que las disuelva’”.
Alcogal dijo al ICIJ que “se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables en todas las jurisdicciones en las que opera”.
Mascherano terminó disolviendo las dos sociedades cuatro semanas después de la acusación y a fines de enero de 2016 fue condenado a un año de cárcel (en suspenso por ser primario y tener una condena menor a dos años) y una multa de 815.000 euros por fraude, además de abonar los 1,5 millones de euros defraudados. Pidió que se le sustituya la pena de prisión por una multa de 21.600 euros, pero la Justicia refutó que para ello debería abonar una sanción económica de 280.000 euros. El argentino consideró que el monto era desproporcionado, por lo que decidió mantener la condena de prisión.