En Jerusalén Este, el barrio de Sheij Jarrah se ha convertido en un símbolo de la lucha palestina contra la colonización israelí. Ha sido foco de protestas y objeto de campañas de apoyo a familias palestinas que viven allí y están amenazadas con la expulsión de sus viviendas. El año pasado los disturbios por la represión policial a manifestantes en ese barrio fueron uno de los detonantes de nuevos enfrentamientos entre Israel y milicias de Hamas en Gaza.
Durante los últimos días, la tensión en Sheij Jarrah se concentró en la posibilidad de desalojo de la familia Salhiya, que finalmente ocurrió este miércoles, cuando dos casas pertenecientes a sus integrantes fueron demolidas.
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) calificó de “crimen de guerra” lo ocurrido y pidió a Estados Unidos que intervenga. “Que [Estados Unidos] asuma su responsabilidad e intervenga de inmediato para detener estos continuos crímenes israelíes contra nuestro pueblo en Jerusalén, específicamente en el barrio de Sheij Jarrah”, manifestó la ANP en un comunicado citado por la agencia palestina Wafa. “La demolición, el desplazamiento y la intimidación de ciudadanos en Jerusalén, de los que el barrio de Sheij Jarrah es testigo, ponen a la administración Biden y sus obligaciones a prueba”, agregó.
La ANP pidió la protección internacional para la población palestina, “sujeta a una política de discriminación racial que el mundo nunca había visto”.
De acuerdo con las leyes de Israel, si un judío puede demostrar que su familia vivía en Jerusalén Este antes de la guerra de la creación del Estado de Israel, puede reclamar “derechos de propiedad” sobre esas tierras o inmuebles. Pero esa ley no se aplica a los palestinos que también hayan perdido sus viviendas en ese proceso.
Los Salhiya y muchas de las 70 familias con orden de desalojo en Sheij Jarrah ya fueron desplazados de otros territorios con la creación del Estado de Israel. En el caso de los Salhiya, vivían en el barrio de Ein Karen, en la parte oeste de Jerusalén.
La familia Salhiya asegura que compró sus dos casas a las autoridades jordanas que controlaban la zona entre 1948 y 1967, señaló la agencia Efe. Sin embargo, las autoridades israelíes de la ciudad de Jerusalén afirman que el ayuntamiento las compró a sus dueños árabes, y que los Salhiya estaban allí de manera irregular. Las autoridades argumentan que tienen planes de instalar allí un centro educativo para “cientos de niños con necesidades especiales de Jerusalén Este”. Sin embargo, quienes critican estas acciones sostienen que ese centro se podría haber construido en otro lugar.
Para evitar ser desalojada, la familia llegó a atrincherarse durante dos días en las viviendas con garrafas de gas y combustible. Pero en la madrugada de este miércoles policías israelíes llegaron y desalojaron a las personas atrincheradas después de cortarles la electricidad y arrojarles bombas de estruendo. Hicieron 20 arrestos por “violación de una orden judicial, oposición violenta y alteración del orden público”, y dispusieron la demolición de las dos viviendas con excavadoras.
De acuerdo con la agencia AFP, el abogado de la familia, Walid Abu Tayeh, dijo que entre los detenidos se encontraban miembros de la familia y seis israelíes que los apoyaban y ya fueron liberados. Dijo también que Meital, la esposa del dueño de una de las casas, Mahmud Salhiya, es una judía israelí, y que el Tribunal Supremo examinará el caso el 23 de enero. La otra casa pertenecía a la madre de Mahmud Salhiya, Mayidah, y en total vivían 20 personas de las familia en las dos viviendas.
“La expulsión forzosa de la familia Salhiya y la demolición de sus casas en Jerusalén Este ocupado son crímenes de guerra”, dijo el director de Human Rights Watch para Israel y los territorios palestinos, Omar Shakir. Agregó que “estos actos crueles convierten a los Salhiya en doblemente refugiados”, en 1948 y ahora.
La situación de los refugiados palestinos es uno de los puntos sin resolver en las conversaciones de paz que han tenido en el pasado las dos partes. Otro de esos puntos es el estatus de Jerusalén, que israelíes y palestinos reclaman como capital de su Estado.