En lo que va de enero fueron asesinados tres periodistas en México: Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, en Baja California, y José Luis Gamboa, en Veracruz. Sus fotos fueron levantadas el martes de noche en una manifestación frente al Ministerio de Gobernación –que equivale al del Interior– por cerca de mil periodistas y representantes de organizaciones sociales que denunciaron la violencia que enfrentan quienes trabajan en la prensa. Movilizaciones similares se repitieron en más de 40 ciudades y en la mayoría de los 32 estados del país.
En Ciudad de México, en la oscuridad, iluminadas con cámaras y velas, también estaban colocadas las fotografías de otros periodistas asesinados en los últimos años, informó el diario La Jornada. En total son 28 los trabajadores de la prensa asesinados desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al gobierno, en diciembre de 2018, y si se cuenta desde 2000, la cifra sube a 148. Según informó la agencia Efe, cada 12 horas se registra en México una agresión a la prensa.
“Nos han asesinado a dos compañeros en una semana, ninguno de nosotros estaba preparado para cubrir su muerte, o para repetir esta pesadilla”, dijo al periódico mexicano Inés García, periodista de Tijuana. Otra, Claudia Martínez, de Puebla, dijo que quienes cuestionan a las autoridades han sufrido amenazas.
Lourdes Maldonado fue tiroteada en su casa, a pesar de que estaba bajo el programa de Protección para Periodistas de Baja California debido a un conflicto legal que mantenía con el exgobernador Jaime Bonilla. Una de las mayores protestas fue, justamente, la de Tijuana, ciudad situada en ese estado.
El presidente de México anunció que dio instrucciones de investigar “a fondo” el asesinato de Maldonado, y envió un equipo del gobierno a la zona para reforzar los recursos locales. Tres años antes, en 2019, Maldonado había pedido ayuda al presidente durante su conferencia de prensa habitual, porque tenía miedo de represalias de parte del gobernador, en cuya empresa, Primer Sistema de Noticias, había trabajado seis años.
López Obrador manifestó el martes que su gobierno no permite la impunidad y que, incluso en el caso de estos “lamentables asesinatos, siempre o casi siempre” se detiene a los culpables. Aclaró que cuando Maldonado pidió ayuda fue recibida por funcionarios de su gobierno y que después le había sido otorgada protección por parte del gobierno de Baja California. López Obrador dijo que algunos opositores querían utilizar esta muerte para cuestionar a su gobierno a pesar de que Maldonado “no estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del gobierno federal”, sino del de su estado. Pero agregó: “Nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de los ciudadanos, y por eso trabajamos todos los días”.