La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma constitucional, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que mantendrá hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. La iniciativa recibió 339 votos a favor, 155 en contra y hubo dos abstenciones. La votaron el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y el Partido Revolucionario Institucional. Para que entre en vigor, debe aprobarla la mayoría de los congresos de los 32 estados del país.
Esta norma cambia otra de 2019 y amplía hasta 2028 el período por el cual, “en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”, el presidente puede “disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”. Agrega además algunos controles: establece la obligación de presentar al Congreso un informe semestral sobre esas tareas y dispone la creación de una comisión bicameral encargada de vigilar la Guardia Nacional.
López Obrador había prometido mantener el carácter civil de la Guardia Nacional al crearla, en 2019, pero ahora los defensores de esta norma argumentan que necesita tiempo para desarrollarse. Mientras tanto, está integrada en su mayoría por militares.
La norma aprobada el jueves establece que “la participación [de las Fuerzas Armadas] deberá ser extraordinaria, regulada, subordinada y complementaria”, así como justificada por las autoridades civiles. “La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución mexicana”, agrega, según informó la agencia de noticias Efe.
Durante los últimos días hubo varios mensajes de rechazo a esta iniciativa. El miércoles, Amnistía Internacional (AI) y decenas de organizaciones más enviaron una carta al gobierno para transmitirle su preocupación por este despliegue militar interno. Manifiestan que la reforma “desconoce más de 15 años de evidencia que muestra el fracaso de la militarización como estrategia para controlar la violencia”, y que las Fuerzas Armadas mexicanas cometieron violaciones a los derechos humanos en años recientes, “generalmente sin rendir cuentas”.
El opositor y derechista Partido Acción Nacional también transmitió su rechazo. Una de sus legisladores, Mariana Gómez del Campo, dijo que “se pretende aprobar una prórroga de la presencia militar en las calles sin que exista ningún análisis serio que lo justifique ni un diagnóstico acerca de lo que ha funcionado y no ha funcionado en materia de seguridad”.
El miércoles 12 de octubre, organizaciones indígenas y de estudiantes de distintas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, se manifestaron en el centro de la capital contra esta reforma.
Una vez aprobada la norma, el jueves, el presidente de México, López Obrador agradeció a la Cámara de Diputados. “Aprovecho para agradecer a los legisladores porque ya se aprobó que la Guardia Nacional sea apoyada por la Secretaría de la Defensa y de Marina hasta 2028”, dijo. Agregó que esta norma permite “que siga siendo apoyada por las Fuerzas Armadas y se fortalezca la Guardia Nacional, que no es militarizar”.
López Obrador se refirió a las críticas de la oposición y las acusaciones de organizaciones sociales de que está en marcha una “militarización” en México. “No es militarizar, que no quieran los autoritarios ahora pasar como defensores de derechos humanos. ¿Qué hicieron los conservadores con el Ejército? Utilizarlo para reprimir sin fundamento constitucional”, manifestó. Agregó que los gobiernos anteriores “de manera ilegal usaban al Ejército, a la Marina, para labores de seguridad pública y, además, sin respeto a los derechos humanos”.
“Son unos reverendos hipócritas. Y ahora que se hace una reforma constitucional y que se pone el acento en la defensa de los derechos humanos, ahora se rasgan las vestiduras”, dijo.
La nueva norma se aprueba en momentos en que un grupo de hackers denominado Guacamaya Leaks dio a conocer miles de documentos de la Secretaría de Defensa Nacional, entre ellos algunos sobre un supuesto espionaje del Ejército mexicano a periodistas y activistas cometido durante el actual gobierno. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó el martes su “profunda preocupación” al respecto. “Estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos, y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado”, manifestó el representante de esa oficina, Guillermo Fernández-Maldonado.
Aunque López Obrador dijo que su gobierno “no espía a nadie”, la oficina de la ONU manifestó que “es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares”.