El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este jueves la creación de un grupo de expertos para investigar si se cometieron violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando se desataron protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. La resolución fue presentada por Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú, y recibió el apoyo de cerca de 50 gobiernos. Votaron en contra Venezuela, Rusia, Honduras, Eritrea, Cuba, China y Bolivia, y hubo además 20 abstenciones, informaron las agencias de noticias Efe y Europa Press.
A partir de esta decisión, se establecerá un equipo de tres expertos con mandato inicial por un año para “emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018”. Deberán “recolectar, preservar y analizar información y evidencias” sobre esos hechos, “identificando a sus responsables”.
La resolución manifiesta preocupación por “el deterioro de la democracia y la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, donde se registra “un aumento de las restricciones al espacio democrático y de la represión a la disidencia”. Según detalló Efe, el texto enumera como acciones represivas “actos de intimidación, acoso y vigilancia ilegal o arbitraria de defensores de derechos humanos”, la falta de rendición de cuentas respecto de estos hechos, y las limitaciones al derecho a manifestarse y los juicios “sin el debido proceso”.
Por otra parte, el documento pide que cesen esas prácticas y otras que afectan a políticos opositores, activistas y periodistas, como las detenciones arbitrarias. Se refiere en particular a la muerte en prisión del exguerrillero sandinista Hugo Torres, el 12 de febrero, después de meses de detención en “condiciones indignantes”.
La procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, manifestó por videoconferencia la posición del gobierno de su país de “rechazo absoluto” a esta decisión.
Denuncia ante la OEA
Días antes de que se emitiera esta resolución, en otro ámbito internacional, la Organización de los Estados Americanos (OEA), Nicaragua fue centro de atención con un alegato presentado por su embajador ante el organismo, Arturo McFields. Durante una sesión ordinaria, el embajador pidió la palabra “en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida” en Nicaragua desde 2018.
“Tengo que hablar, aunque tenga miedo, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí”, manifestó.
McFields denunció que el gobierno de Daniel Ortega cerró 137 organizaciones no gubernamentales y que 170.000 nicaragüenses tuvieron que dejar el país por razones políticas. “En el gobierno nadie escucha y nadie habla, lo intenté varias veces, durante varios meses, pero todas las puertas se me cerraron”, manifestó McFields.
El funcionario se refirió también a la muerte de Torres: “Nadie debe morir en la cárcel y menos siendo inocente”.
McFields era hasta ese momento el encargado de liderar el proceso de salida de Nicaragua de la OEA, pero después de sus palabras, el gobierno tomó distancia y manifestó que su representante ante el organismo es el embajador en Estados Unidos, Francisco Campbell Hooker. “El señor Arturo McFields no nos representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez”, comunicó la cancillería nicaragüense.