El Tribunal de Cuentas de Brasil aprobó con siete votos a favor y uno en contra que continúe el proceso de privatización de Petrobras, impulsado por el gobierno de Michel Temer, en 2017, y continuado por el de Jair Bolsonaro. El Ejecutivo actual se propone concretar la venta antes de las elecciones de octubre y, si supera algunos trámites que todavía debe cumplir, puede llegar a tiempo.
La privatización de la mayor empresa de electricidad de América Latina implica que el Estado brasileño venderá acciones y reducirá su participación en ellas de 72% actual hasta 45%. Para entonces, el control de Petrobras quedará en manos de un consejero y una presidencia que serán elegidos por los accionistas. El gobierno espera obtener por esta venta más de 21.000 millones de dólares.
La propuesta de privatización que recibió el visto bueno del Tribunal de Cuentas establece que el Estado sólo tendrá poder de veto en ciertas decisiones consideradas estratégicas. Por otra parte, excluye del trato a la subsidiaria Eletronuclear y la represa binacional de Itaipú, compartida con Paraguay y gestionada por Eletrobras.
La empresa está a cargo de un tercio de la generación de energía en Brasil y tiene la mitad de las líneas de transmisión del país. Además cuenta con unos 14.000 empleados.
“Se trata de un día histórico para Brasil”, tuiteó el miércoles el ministro de Minas y Energía, Adolfo Sachsida, después de conocer la decisión del tribunal. Otros actores políticos, por el contrario, advirtieron contra los efectos que tendrá esta privatización. “Sin una Eletrobras pública Brasil pierde buena parte de su soberanía”, dijo el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agregó que “las cuentas de luz van a volverse más caras” y afirmó que “sólo quien no sabe gobernar intenta vender empresas estratégicas”.
También la expresidenta Dilma Rousseff dijo que “al privatizar Eletrobras, Brasil abdica de su soberanía, pierde competitividad, disminuye el potencial de generación de energía renovable y penaliza a todos los consumidores”.
Por su parte, la Asociación de los Empleados de Eletrobras manifestó que las consecuencias de la privatización serán el aumento de las tarifas para los consumidores y de las ganancias de los accionistas.