Desde hace casi dos semanas las calles de Ciudad de Panamá y de otras localidades del país son el escenario de masivas movilizaciones populares en reclamo de mejoras en las condiciones de vida, debido al impacto que la inflación está teniendo en muchos productos de la canasta básica, de los medicamentos y también del combustible.
Impulsadas inicialmente por la Asociación de Profesores, las protestas fueron sumando a otros actores sociales, como entidades indígenas, además de otros gremios. Ante esta situación, el gobierno que preside Laurentino Cortizo reaccionó tomando algunas medidas. El lunes informó sobre un congelamiento del precio de los combustibles que comenzará a regir el viernes, y también anunció la misma medida para diez productos de la canasta básica. Las protestas no se detuvieron y el martes el gabinete de Cortizo decidió tomar varias medidas de austeridad, como la reducción de 10% de la planilla de empleados públicos, de acuerdo a lo que informó la cadena local Telemetro. Además, entre otras disposiciones, el gobierno decidió iniciar un proceso de retiro voluntario de trabajadores del Estado, la suspensión de viajes a altos funcionarios excepto para representar al país en alguna actividad, restringir la asignación de teléfonos celulares en todas las entidades del gobierno y la suspensión de los viáticos a los funcionarios durante su participación en entidades públicas.
“He estado pendiente del acontecer del país y comprendo la insatisfacción de los diversos sectores por la situación que vivimos causada por los efectos de la pandemia y las consecuencias del conflicto en Ucrania, factores externos a Panamá”, expresó el mandatario en un mensaje a la nación.
Pero las disposiciones adoptadas por Cortizo, integrante del Partido Revolucionario Democrático –sector fundado por el histórico dirigente Omar Torrijos–, que es la mayor fuerza política del país y que se define como socialdemócrata, no fueron consideradas suficientes por los movilizados.
Este miércoles el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Saúl Méndez, confirmó la paralización del sector en todo el país, de acuerdo a lo que informó Prensa Latina.
Méndez, quien fue candidato por el izquierdista Frente Amplio por la Democracia en las elecciones de 2019 –ganadas por Cortizo–, en las que obtuvo menos de 1% de los votos, dijo que las movilizaciones de su gremio se realizarán en la capital, pero también en las provincias de Bocas del Toro, Coclé y Chiriquí. “Este pueblo no se va a rendir, porque está cabreado [molesto] del robo, de la corrupción, del alto costo de la vida, de ser humillado, ahogado en miseria para proteger los intereses del poder económico”, agregó el dirigente sindical.
Por su parte, mientras desde las cámaras empresariales se mostró preocupación por los perjuicios económicos que pueden ocasionar los cortes de ruta que hay en varios puntos del país, el Colegio Nacional de Abogados de Panamá llamó al gobierno a que establezca una hoja de ruta para responder a las demandas de los ciudadanos.
“Si el reclamo social se ha sostenido por más de diez días es una señal inequívoca para todos los sectores de la sociedad de que hay que rediseñar el camino. Aun con subsidios, aun con llamados al diálogo la ciudadanía persiste porque requiere cambios de fondo. Creemos que hay necesidad de establecer una hoja de ruta que legitime los cambios, cambios que exigen las olas de protestas”, manifestaron los juristas en un comunicado publicado este miércoles.