En un reporte de la revista Nature, publicado el 7 de julio, Guatemala aparece en el último lugar entre 18 países de la región en cuanto a vacunación contra la covid-19, con apenas 35% de la población con el esquema de inoculación completo, y 11% pendiente de completarlo. La mayoría de estas vacunas fueron donaciones realizadas por los gobiernos de Estados Unidos, Israel y España. El Ejecutivo guatemalteco que preside Alejandro Gimmattei rechazó adherirse al mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y prefirió invertir más de 80 millones de dólares para comprarle 16 millones de dosis a Rusia, en un contrato que jamás se hizo público. Las vacunas llegaron al país poco antes de su fecha de expiración y terminaron, casi todas, destruidas.
Este caso, y muchos otros, han sido publicados en elPeriódico, medio independiente que, desde su fundación en 1996, ha denunciado en forma constante los abusos de poder. Los casos reportados por este diario incluyen tramas y amaños a todo nivel, además de poner sobre la mesa los vínculos entre los partidos políticos, los gobernantes de turno y el poder (cada vez menos) oculto que ejercen los carteles del narcotráfico, tanto en la presidencia como en el congreso y en todos los despachos municipales: carreteras sobrevaloradas, aportes no declarados para hacer campañas electorales, licitaciones hechas a la medida de contratistas, entre muchas otras maniobras bajo la mesa que se han hecho públicas gracias a su equipo de investigación.
Muchos de estos funcionarios, y ahora también algunos empresarios, se incluyeron en el listado de actores corruptos y antidemocráticos (Lista Engel), emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En este texto se destaca la mención de Consuelo Porras, fiscal general y principal protectora de la rosca que gobierna en sintonía con los carteles de la droga y los financistas de campaña. El señalamiento a Porras no impidió que el presidente Giammattei la designara para un segundo período en el cargo, burlándose de la Lista Engel y desoyendo las protestas que veían esta designación como la coronación del pacto que parece apoderarse del país sin que se vea alguna luz de recuperación.
La intimidación hacia elPeriódico ha sido constante. El medio soportó años de asfixia contra sus anunciantes, de boicot a sus redes de distribución y de bloqueos constantes para acceder a su página web. El último golpe ha sido la captura de José Rubén Zamora, su director, alegando lavado de dinero y tráfico de influencias. Los fiscales argumentan que la captura responde a sus actividades “como empresario, y no como periodista”, pero nadie les cree. La captura de Zamora era cuestión de tiempo, y responde a dos objetivos: silenciar al periódico e intimidar a cualquier otro medio que intente alzar la voz contra la corrupción. Con él también fue detenida la auxiliar de la fiscal especial contra la Impunidad, Samari Gómez, otra víctima de la “cacería de brujas” que busca perpetuar el régimen. De acuerdo a la versión oficial, Gómez fue detenida por supuesta revelación de información confidencial o reservada.
La organización Human Rights Watch ha mostrado su preocupación por los hechos que están sucediendo en los últimos tiempos en Guatemala. Juan Pappier, investigador de la organización, nota “un declive en el estado de derecho, con muy pocas garantías [...]: la mayoría de instituciones están cooptadas”. Decenas de jueces, fiscales, y ahora periodistas, han sido encarcelados como consecuencia de sus señalamientos a ministros y diputados corruptos, y otros tantos han debido exiliarse ante las represalias de los políticos, que buscan vengarse del trabajo anticorrupción desarrollado en la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y expulsada durante el mandato del presidente Jimmy Morales, en 2018.
En el país, la televisión abierta está en manos de un solo conglomerado, afín a cualquier político con posibilidades de ganar las elecciones, a quien le brinda espacios a cambio de favores cuando haya llegado al gobierno. Es la única fuente de información para millones de personas analfabetas en el área rural que dan por cierta esa versión de los hechos, y que nunca sabrán de los casos expuestos por un diario que sólo circula en la capital y que hoy corre riesgo de ser silenciado en forma definitiva.
Mientras la gente agoniza en los hospitales públicos por falta de camas y escasez de medicamentos, y los niños mueren en el Oriente del país por desnutrición crónica, el presidente Giammattei se abraza con el evangelismo más rancio para declarar a Guatemala como capital pro vida de América Latina. Cada vez hay más migrantes que intentan llegar a Estados Unidos por la falta de horizontes en sus lugares de origen, muchos de los cuales, todavía adolescentes, mueren en la ruta en manos de los coyotes que lucran con el tráfico de personas; la delincuencia común y las extorsiones asfixian a los pequeños empresarios y las redes criminales operan con total libertad; pero Giammattei prioriza hacer un viaje exprés a Ucrania para recuperar el terreno perdido con Estados Unidos y manifestar su consternación por la agresión rusa al presidente Volodímir Zelenski, haciendo la vista gorda ante lo que ocurre en su patio.
La comunidad internacional se rasga las vestiduras ante la falta absoluta de libertades en Nicaragua, y todo apunta a que las instituciones en Guatemala están yendo por el mismo camino. Falta un año para las elecciones generales, pero la campaña política ya empezó, aunque está prohibida, y no se ve por dónde pueda evitarse que el pacto de corruptos gane las elecciones con cualquier camiseta y siga gobernando ad eternum.
Leonel González de León desde Quetzaltenango, Guatemala.