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Marcha en defensa de la democracia en Brasil, ayer, en Porto Alegre.

Foto: Silvio Ávila / AFP

Lula dijo que extremistas no tenían una agenda de reivindicaciones, sino que sólo querían un “golpe de Estado”

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Alrededor de 1.500 personas ya fueron detenidas por su participación en la asonada del domingo en Brasilia.

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Leído por Mathías Buela.
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En decenas de ciudades brasileñas se realizaron este lunes manifestaciones organizadas por entidades políticas y sociales en apoyo a la democracia y en rechazo a los actos golpistas protagonizados por miles de militantes ultraderechistas el domingo en Brasilia, quienes invadieron las sedes de los tres poderes del Estado.

Mientras centenares de funcionarios de mantenimiento y técnicos comenzaron con las tareas de evaluación y reparación de los cuantiosos daños causados por los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro en los edificios ubicados en la Plaza de los Tres Poderes de la capital brasileña, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tuvo una intensa jornada de trabajo, que comenzó con una reunión con las autoridades legislativas y judiciales. Luego de este encuentro se difundió un comunicado en el que todos los representantes de los poderes del Estado rechazaron en forma contundente el ataque perpetrado y reafirmaron su compromiso en defensa de la democracia.

Más tarde, ya entrada la noche, Lula recibió en un espacio que no fue violentado en el Palacio de Planalto a todos los gobernadores del país, incluyendo a aquellos más próximos a Bolsonaro, como el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, del partido derechista Republicanos, y el de Santa Catarina, Jorginho Mello, del Partido Liberal, por el que el exmandatario ultraderechista se presentó en las elecciones. Al tomar la palabra, el mandatario dijo que los extremistas que invadieron las sedes de los tres poderes no tenían una agenda de reivindicaciones, sino que sólo querían un “golpe de Estado”.

“Lo que vimos era algo que ya estaba previsto. Esto se había anunciado hace tiempo porque la gente que estaba en la calle frente a los cuarteles no tenía agenda de reivindicaciones”, dijo Lula, de acuerdo con lo que consignó Folha de São Paulo.

Por su parte, el gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho, del centroderechista Movimiento Democrático Brasileño (MDB), calificó los hechos como un acto de “terrorismo” y un “intento de golpe de Estado”.

Cuando le tocó hablar, el aliado de Bolsonaro Tarcísio de Freitas dijo que la democracia saldrá fortalecida y se reconstruirá tras los ataques del domingo. Sin embargo, pidió “gestos” a otros poderes y entidades federativas. “Estoy muy feliz de participar en este encuentro y de enaltecer la capacidad de diálogo. Le pido a Dios que nos dé sabiduría para que podamos promover la paz, recordando que la paz requiere gestos, gestos de todos, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Ejecutivo, gestos de los estados”, dijo el político derechista.

Mientras tanto, la gobernadora interina del Distrito Federal, Celina Leão, quien asumió tras la destitución por 90 días de Ibaneis Rocha (MDB), decretada por la Justicia, dijo que un acto como el del domingo no se repetirá. La jerarca también defendió a Rocha. Dijo que es un “demócrata” y que había recibido información “equivocada” y por eso las fuerzas de seguridad no pudieron controlar la situación.

Este lunes, tras la intervención de la seguridad en el Distrito Federal decretada por Lula el domingo, el campamento que estaba instalado frente al Cuartel General del Ejército en la capital fue totalmente desalojado y todas las personas que allí se encontraban fueron trasladadas a dependencias policiales, ya que todas enfrentan cargos criminales por haber sido parte de la asonada del domingo.

De acuerdo a lo que informó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, los arrestados son aproximadamente 1.500. Algo más de 200 fueron detenidos dentro del predio, por lo que serán procesados inmediatamente, pero en la mayoría de los casos habrá que investigar su responsabilidad y a partir de ahí las autoridades judiciales tomarán una decisión. Más allá de los autores materiales de los actos vandálicos, la idea del presidente es poder llegar a identificar y detener a los que financiaron estos actos.

“No es posible que un movimiento dure tanto como lo hizo frente a los cuarteles si no hay gente que lo financie. Vamos a investigar y vamos a averiguar quién lo hizo. Fue muy difícil para nosotros conquistar la democracia en este país. Necesitamos aprender a convivir democráticamente en la diversidad”, expresó Lula el lunes de noche en su cuenta de Twitter.

Mientras desde la ciudad estadounidense de Orlando, donde está desde el 30 de diciembre, se informó que el lunes Bolsonaro tuvo que ser internado debido a dolores abdominales, el senador Renan Calheiros, del MDB, anunció que ya había logrado reunir las firmas para crear en el Senado una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para analizar a fondo los hechos del domingo.

Calheiros manifestó que quiere que Bolsonaro retorne a Brasil para prestar declaración ante la CPI, y en caso de que no lo haga, pedirá que se decrete la prisión preventiva del exmandatario para garantizar la aplicación de la ley.

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