Brasil vivió este domingo una de sus jornadas más duras desde el retorno a la democracia, en 1985, cuando miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, y luego de un breve enfrentamiento con la Policía irrumpieron primero en el Congreso y posteriormente en el Palacio de Planalto, la sede de la presidencia, y en el edificio que alberga al Supremo Tribunal Federal, el principal órgano judicial de la nación, generando una ola de destrucción en los edificios, que buscó quebrar la institucionalidad en el país.
La grotesca acción perpetrada en el lugar de los hechos por alrededor de 4.000 militantes ultraderechistas generó una casi monolítica respuesta desde los más diversos sectores y quedó por demás claro que para proteger la democracia en Brasil los crímenes cometidos este domingo no pueden ni deben quedar impunes.
En las primeras horas de la tarde seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que en su mayoría estaban concentrados frente al Cuartel General del Ejército, se dirigieron en masa hacia el lugar donde tienen su sede todos los poderes del Estado. En el predio había un cerco policial, pero los manifestantes, en su mayoría vestidos con la característica camiseta amarilla de la selección brasileña, comenzaron a avanzar, y si bien al principio los efectivos reaccionaron lanzando bombas lacrimógenas y gas pimienta, su respuesta en general fue tímida cuando no completamente pasiva, por lo que fueron rápidamente desbordados por la multitud.
Ya dentro de los principales edificios públicos del país, el Palacio de Planalto –donde funciona el Ejecutivo–, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, sede del Poder Judicial brasileño, los participantes de la asonada rompieron muebles, vidrios y piezas de arte, entre otras cosas. Además, de acuerdo a los numerosos registros que hay de los episodios –que inequívocamente recuerdan lo sucedido hace casi exactamente dos años en el Capitolio, en Washington, días antes de la asunción del presidente estadounidense Joe Biden–, algunas de las personas que invadieron las sedes estatales se sacaron fotos en las sillas que ocupan los legisladores, rompieron las puertas de los despachos de políticos de izquierda y lo mismo hicieron en la sede judicial.
Ante lo grave de las acciones, Lula actuó con rapidez, decretando la intervención de la seguridad en la capital y prometiendo también que los hechos sucedidos no quedarán impunes.
El mandatario, quien asumió la presidencia hace apenas una semana, estaba visitando la ciudad paulista de Araraquara –donde en los últimos días intensas lluvias provocaron la muerte de seis personas, además de cuantiosos daños materiales– cuando tomó conocimiento de los hechos que estaban sucediendo en la capital.
En un discurso emitido por los medios locales, además de comunicar la intervención, el presidente dijo: “Quien tiene que encargarse de la seguridad del Distrito Federal es la Policía del Distrito Federal y no lo hizo. Y fue por la incompetencia y mala fe de aquellos que deben velar por la seguridad del Distrito Federal”.
La molestia con la floja respuesta policial generó muchas reacciones y también indignación, luego de que varias grabaciones mostraran a efectivos policiales sacando fotos y registrando lo que ocurría con sus celulares, en vez de cumplir con su tarea.
“Quien haya hecho esto será encontrado y castigado. La democracia garantiza el derecho a la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones. No hay precedente en la historia del país de lo que hicieron hoy. Por eso deben ser castigados”, expresó el mandatario, quien agregó que lo visto hoy no tiene precedentes en la historia democrática del país y que jamás un grupo de izquierda actuó de esta manera.
“Y vamos a averiguar quiénes son los financistas de los que fueron hoy a Brasilia, y todos pagarán”, manifestó Lula, quien minutos después de hablar desde Araraquara voló hacia Brasilia.
Sobre el final de la tarde, cuando las fuerzas de seguridad, entre las que había militares, lograron despejar por completo el predio de la Plaza de los Tres Poderes, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flavio Dino, brindó una conferencia de prensa.
El secretario de Estado dijo que todos los actos criminales realizados por los ultraderechistas constituyen un crimen y que los culpables pueden enfrentar penas de hasta 12 años de prisión. Dino agregó que las personas arrestadas son aproximadamente 200.
“Tenemos dos delitos. Uno es la hipótesis de la violencia con grave amenaza de derrocar al gobierno legítimamente constituido, y el otro es el de las restricciones a los poderes constitucionales, ambos con pena de 12 años de prisión”, señaló el ministro.
Por su parte, el fiscal general de la República, Augusto Aras, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal que abra una investigación sobre los hechos, informó el portal Carta Capital.
También habló el ministro Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), quien lleva adelante las investigaciones sobre actos antidemocráticos de bolsonaristas en el país. En declaraciones recogidas por Reuters, el magistrado se comprometió a identificar y sancionar a los atacantes y a quienes los financiaron.
“Serán responsabilizados los despreciables atentados terroristas contra la Democracia y las Instituciones Republicanas, así como los financistas, instigadores, ex y actuales agentes públicos que continúan en la realización ilícita de actos antidemocráticos. ¡El Poder Judicial no fallará en Brasil!”, aseveró el ministro.
A última hora del domingo Moraes suspendió por 90 días al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, en el marco de la investigación. Indicó que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva” de las autoridades competentes y subrayó que la organización de esos actos golpistas era un “hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña”.
De esta forma, De Moraes señaló directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los acontecimientos.
Por su parte, el presidente del Congreso y del Senado Federal, Rodrigo Pacheco, quien integra el centroderechista Partido Social Democrático, también se manifestó sobre los hechos sucedidos en Brasilia.
“Las fuerzas de seguridad del Distrito Federal, además de la Policía Legislativa del Congreso, están comprometidas con la acción. Repudio con vehemencia estos actos antidemocráticos, que deben someterse urgentemente al rigor de la ley”.
La medida de intervención de la seguridad del Distrito Federal decretada por Lula había sido pedida ni bien sucedieron los incidentes por el líder del gobierno en el Congreso, el senador del partido ecologista Rede, Randolfe Rodrigues, y también por la presidenta del PT, Gleissi Hoffmann, quien además responsabilizó por lo sucedido al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, integrante del centroderechista Movimiento Democrático Brasileño.
Poco después, medios brasileños informaron que Rocha había determinado la destitución del cargo de la persona aludida por Hoffmann en su mensaje, Anderson Torres, exministro de Justicia durante el gobierno de Jair Bolsonaro.
La revista Fórum informó que luego de asumir el cargo en Brasilia Torres se fue de vacaciones a Estados Unidos, más precisamente a Orlando, en el estado de Florida, ciudad en la que también está Bolsonaro desde hace más de una semana. Entrevistado este domingo por Folha de Sao Paulo, el funcionario destituido manifestó que el gobierno del Distrito Federal actuó en forma correcta en la “planificación” para recibir a los manifestantes que terminaron generando los incidentes. “No hubo indulgencia, es la primera vez que me tomo vacaciones en mucho tiempo. Estaba planificado desde hace tiempo”, dijo Torres, a la vez que negó estar complotado con Bolsonaro.
“No vine a Estados Unidos a encontrarme con Bolsonaro. No me encontré con él en ningún momento. Estoy de vacaciones con mi familia. No había ningún complot para que esto [los actos golpistas] sucediera”, declaró.
Reacciones de adentro y de afuera
Entrada la noche, varias horas después de los actos vandálicos, el expresidente Bolsonaro se manifestó sobre lo ocurrido en su cuenta de Twitter, condenando las acciones, aunque en forma parcial.
“Las manifestaciones pacíficas, en forma de ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla”, manifestó el líder ultraderechista, en un burdo intento de equiparar lo sucedido este domingo con otros actos, mucho menos graves en todo sentido, protagonizados por agrupaciones sociales y sindicales.
Bolsonaro, desde Orlando, agregó: “A lo largo de mi mandato siempre actué dentro de las cuatro líneas de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad. Además, repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del ejecutivo de Brasil”, terminó diciendo el exmandatario.
A nivel internacional, el repudio a los hechos cometidos en Brasilia fue unánime. El presidente estadounidense Joe Biden expresó en Twitter: “Condeno el asalto a la democracia y a la transferencia pacífica del poder en Brasil. Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con todo nuestro apoyo y la voluntad del pueblo brasileño no debe ser socavada. Espero seguir trabajando con Lula”.
También los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro, se solidarizaron con Lula en sus redes sociales. Boric manifestó su “respaldo” frente a lo que calificó de “cobarde y vil ataque a la democracia”, mientras que Petro expresó su “solidaridad” con el presidente Lula y con el pueblo de Brasil frente al “fascismo”. Asimismo, instó a convocar una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para tratar este tema. El secretario general de ese organismo, Luis Almagro, condenó los acontecimientos y aseguró que se trata de “un atentado directo a la democracia” y “de naturaleza fascista”.
El presidente argentino, Alberto Fernández, llamó a los países de la región a estar unidos ante “esta inaceptable reacción antidemocrática que intenta imponerse en Brasil”. Advirtió que, además de defender la democracia, se debe trabajar para “no permitir nunca más el regreso de los fantasmas golpistas que la derecha promueve”.