Por orden del Supremo Tribunal Federal, la Policía de Brasil lanzó este viernes la llamada Operación Última Milla, sobre un supuesto espionaje implementado desde la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) contra jueces, dirigentes políticos opositores y periodistas. La operación, lanzada en los estados de San Pablo, Santa Catarina, Paraná, Goiás y el distrito federal de Brasilia, incluyó órdenes de detención para dos exagentes de la Abin, y la incautación de 170.000 dólares.
Según aclaró la Policía, la investigación no apunta al expresidente Jair Bolsonaro, aunque se enfoca en el uso de un sistema de seguimiento de personas a través de sus celulares durante su gobierno, en los años en que la agencia era dirigida por el bolsonarista Alexandre Ramagem, de 2018 a 2021, informó O Globo. Tampoco Ramagem es objeto de la investigación, sino otros integrantes de la Abin y el fabricante del software.
Se presume que el espionaje fue posible gracias a un sistema de vigilancia que Brasil compró en 2018. El sistema de geolocalización, llamado FirstMile, permitía rastrear hasta 10.000 personas por año con sólo digitalizar su número de teléfono, y fue utilizado sin autorización judicial, según entienden los investigadores. El caso todavía se encuentra bajo secreto y no se conocen los datos de los espiados.
“El sistema de geolocalización utilizado por la Abin es un software intrusivo en la infraestructura crítica de telefonía brasileña. La red de teléfonos habría sido invadida reiteradas veces, con la utilización del servicio adquirido con recursos públicos”, manifestó la Policía Federal en un comunicado citado por Agência Brasil.
“Además del uso indebido del sistema, se investiga la actuación de dos funcionarios de la agencia que, en razón de la posibilidad de despido en un proceso administrativo disciplinario, habrían utilizado el conocimiento sobre el uso indebido del sistema como medio de coerción indirecta para evitar su despido”, agregó.
En un comunicado, la Abin aclaró que “la herramienta dejó de ser utilizada en mayo de 2021” y que los actuales responsables de la agencia, así como sus funcionarios, “reafirman el compromiso con la legalidad y el estado democrático de derecho”.
La revista Carta Capital informó que además de los dos funcionarios detenidos hay otros cinco apartados de sus cargos. Si son considerados responsables de las prácticas de espionaje que se investigan podrían ser acusados de diversos delitos para los cuales se prevén penas de cárcel y multas: invasión con dispositivo informático, organización para delinquir e interceptación de comunicaciones telefónicas.