Ciudad de Panamá y otras localidades del país fueron este domingo, una vez más, el escenario de grandes protestas populares que comenzaron hace más de una semana y que llevaron al país centroamericano a una agitación social inusitada.
Las manifestaciones comenzaron hace más de una semana, después de que el gobierno que encabeza el presidente, Laurentino Cortizo, confirmara la renovación por 20 años del contrato, renovable por otros 20, que tiene con la empresa Minera Panamá, una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, compañía que explota la mina de cobre a cielo abierto más grande de América Central, ubicada en la provincia de Colón, cerca de la costa del mar Caribe, a aproximadamente 100 kilómetros de la capital.
Al inicio, las movilizaciones fueron impulsadas casi exclusivamente por activistas de organizaciones ecologistas que sostienen que la explotación de esta mina, situada en un área protegida, el Corredor Biológico Mesoamericano, afectaría de manera determinante la biodiversidad del país, algunos de sus ríos y que también implicaría el desplazamiento de ciertos originarios de la zona.
Pero con el correr de los días, y enterados sobre los perjuicios que traería para el país, muchos ciudadanos y colectivos se sumaron a las movilizaciones, que en la noche del sábado reunieron aproximadamente a 50.000 personas en la capital del país.
Al igual que en los días anteriores, hubo enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, que reprimió lanzando gases hacia la multitud. Lo mismo sucedió en algunas carreteras que habían sido bloqueadas por manifestantes.
La situación de agitación social, poco habitual en Panamá, fue tal que el presidente Cortizo, a quien todos llaman por su apodo, Nito, determinó la suspensión de las clases hasta que la situación se calme.
Cortizo es un político centrista, integrante del Partido Revolucionario -fundado por el histórico líder panameño Omar Torrijos, presidente entre 1969 y 1981-, quien gobierna el país desde 2019, luego de imponerse en las elecciones sobre el conservador liberal Rómulo Roux, del partido Cambio Democrático.
El viernes, en un intento de apaciguar los ánimos, el mandatario firmó un decreto que prohíbe la concesión de nuevas concesiones de explotación minera en el país, pero ratificó que se cumplirá el acuerdo con los canadienses de First Quantum Minerals, lo cual no hizo más que agudizar las tensiones.
Desde el gobierno varios jerarcas salieron a hablar en los últimos días en respaldo a la decisión del presidente. Uno de ellos fue el ministro de Ambiente, Milcíades Concepción, que en una entrevista con la cadena televisiva local TVN Noticias, dijo que no existen informes científicos que determinen de manera concluyente que exista contaminación por la actividad minera.
Concepción expresó además que romper el contrato de manera unilateral por parte del gobierno “traería consecuencias catastróficas” al país por una potencial demanda internacional de la compañía canadiense contra el Estado panameño por incumplimiento, y se mostró partidario de que la situación sea resuelta por la Corte Suprema de Justicia, entidad ante la que se presentaron recursos de inconstitucionalidad por el acuerdo firmado con la minera.
Más contundente que el ministro de Ambiente fue su par de Economía, Héctor Alexander, quien dijo a la agencia Reuters que “Panamá es un país minero”, argumentando además que sin la continuación de la explotación de esta gran mina de cobre la economía del país tendría un crecimiento mínimo frente a las estimaciones del gobierno que pronostican que será cercano al 6%.
En la misma línea del gobierno, un editorial del diario La Estrella de Panamá señaló que la cancelación del contrato, además de una eventual demanda y una disminución en el crecimiento de la economía, acarrearía la pérdida de los más de 9.000 puestos de trabajo directo que genera la mina y afectaría de manera indirecta a otras 40.000 personas que realizan actividades vinculadas.