El lunes se abrió una investigación independiente sobre el papel de las fuerzas especiales británicas en las muertes de 80 civiles afganos entre 2010 y 2013.
Oliver Glasgow, el abogado principal de la investigación, le explicó al Tribunal Superior que la acusación central de la investigación es que redadas en recintos familiares “fueron abusivas por integrantes de las fuerzas especiales británicas”.
Describió que los soldados “realizaron una política de ejecutar a hombres afganos en edad de luchar en circunstancias en las que no representaban una amenaza inmediata o estaban fuera de combate,” informó The Guardian.
En uno de los casos, parientes de nueve afganos fusilados afirmaron que las víctimas civiles estaban durmiendo en sus camas cuando fueron asesinados. Las ejecuciones tuvieron lugar en el distrito Nad Ali, en la provincia de Helmand, antes de un velorio el 7 febrero de 2011, según la BBC.
Las fuerzas especiales afirmaron que dispararon en defensa propia, después de que los nueve afganos les dispararan. Habibullah Alizai, propietario de la casa, recordó haber sido “interrogado y golpeado” por soldados británicos y dijo que fue la primera persona en descubrir a las víctimas muertas, incluyendo a sus dos hijos. Glasgow reconoció el testimonio de las familias de que “todos los fallecidos eran civiles inocentes, que nadie en el recinto estaba armado y que no había armas presentes”. El más joven de los asesinados tenía 14 años.
Otro incidente que se está examinando se refiere a una redada nocturna el 16 de febrero de 2011, en la que fueron asesinados cuatro miembros de una familia. Uno de los asesinados fue un hombre llamado Saddam Hussein, que, según las fuerzas británicas, era un comandante militar talibán. Sin embargo, su familia insiste en que era un estudiante sin relación con movimientos insurgentes y que las otras víctimas eran civiles.
Otro testimonio presentado ante la Justicia fue el de Mansour Aziz, que recordó que su cuñada y su hermano estaban durmiendo cuando fueron asesinados durante una redada nocturna el 6 de agosto de 2012.
Según Reuters, los dos hijos de la pareja, que tenían tres años y 18 meses, también fueron baleados y sufrieron heridas graves. Aziz declaró en un comunicado publicado por la firma legal Leigh Day, que representa a Aziz y a otras familias de víctimas: “Queremos saber la verdad y por qué fue nuestra casa la que fue allanada. Pedimos que el tribunal escuche a estos niños y haga justicia”.
La investigación podría durar hasta 18 meses y las condiciones de secreto significan que cierta información no se compartirá con el público ni con los medios. Además, las identidades de los soldados involucrados serán censuradas.