La segunda Fiscalía Superior Penal Especializada en Derechos Humanos de Perú solicitó 18 meses de arresto domiciliario para el exgobernante Alberto Fujimori por la llamada Masacre de Pativilca, cometida en 1992. Esta masacre fue llevada a cabo por el grupo parapolicial Colina, que estaba directamente vinculado al presidente, y según informó la agencia Télam, tuvo como víctimas a supuestos colaboradores del grupo armado Sendero Luminoso.
El juicio por este caso tendrá lugar el 18 de diciembre y abordará las acusaciones contra Colina por los delitos de secuestro, tortura y asesinato. Un abogado del expresidente, Elio Riera, afirmó: “Vamos a demostrar su inocencia; estoy seguro de que vamos a ganar este caso”.
Fujimori fue liberado el miércoles de la prisión de Barbadillo después de ser condenado hace 16 años por abusos contra los derechos humanos cometidos durante los años 90. Su excarcelación tuvo lugar después de que el Instituto Nacional Penitenciario peruano informara que daría cumplimiento al “mandato del Tribunal Constitucional que dispone la inmediata libertad” del exgobernante.
En 2017, Fujimori fue trasladado de la prisión al hospital por problemas de salud, y los médicos informaron que sufría una enfermedad terminal, recordó la BBC. Semanas después, recibió un indulto del entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que fue revocado por la Corte Suprema en 2018. Cinco años más tarde, el miércoles, el Tribunal Supremo votó a favor de sostener este indulto pese al fallo en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si Fujimori es condenado por el caso Pativilca, no estará protegido por el indulto de 2017. Es posible que vuelva a prisión, aunque también podría ser indultado una vez más. Su abogado dijo que insistirá en anular las condenas anteriores de Fujimori por violaciones a los derechos humanos, las que recibió por la masacre de Barrios Altos, en la que 15 personas fueron asesinadas, y la masacre de La Cantuta, en la que diez personas fueron secuestradas y desaparecidas.
“Hoy por fin tenemos a nuestro padre en casa”, dijo la hija del exgobernante de 85 años, Keiko Fujimori. “No hay odio ni rencor en mi corazón, sino gratitud”, agregó, según informó Reuters. Muchos de los partidarios de Fujimori esperaban con entusiasmo su liberación ese día en las puertas de la prisión.
A su vez, familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta protestaron frente a la Corte Constitucional. Se estima que la política del exgobernante contra la insurgencia armada dejó 69.000 muertos, señaló la BBC.
La organización Human Rights Watch condenó la liberación de Fujimori y dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería remitir el caso a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “La liberación de Fujimori es una bofetada a las víctimas de atrocidades”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. “La OEA debería examinar la liberación en el contexto de la gravísima erosión del Estado de derecho y de la protección de los derechos humanos en el Perú”, agregó. Goebertus trazó paralelos entre Perú, Nicaragua y Venezuela, y los describió como países que contravienen el sistema interamericano de derechos humanos.