Las imágenes de 2.000 supuestos pandilleros salvadoreños siendo trasladados a la gigantesca cárcel que el gobierno de Nayib Bukele ha construido en apenas unos meses han dado la vuelta al mundo. Vestidos únicamente con pantalones cortos blancos, los presos corrían descalzos, maniatados y con la cabeza agachada hacia la que será, según el presidente, “la casa en la que vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”. Bukele anunció que este centro penitenciario de alta seguridad, denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo y al que definió como el más grande de América, tendrá una capacidad para 40.000 presos, pero no hay forma de comprobar si esos datos son reales o de saber cuánto ha costado construirlo, porque la información pública sobre proyectos estatales es reservada y la rendición de cuentas brilla por su ausencia en El Salvador.
Sin embargo, sí hay informes fiables de organizaciones como Transparencia Internacional que advierten que el régimen de excepción que el mandatario impuso hace casi un año para combatir a las pandillas –que suspende algunos derechos constitucionales y amplía los poderes de las fuerzas de seguridad– favorece la corrupción. O de Human Rights Watch y la ONG Cristosal, que han documentado graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo ese régimen, incluidas “detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, muerte bajo custodia y procesos penales abusivos”.
El periodista Óscar Martínez, jefe de la redacción del reconocido periódico digital El Faro, dijo a la diaria que el régimen de excepción genera “zozobra y frustración” en el país, porque en cualquier momento “un policía puede detenerte si te considera sospechoso y podés ir a la cárcel dos años” en lo que se programa una audiencia para ir a juicio. “Todos conocemos a alguien que ha sido encarcelado injustamente y no hay nada que hacer”, lamenta, mientras que el gobierno sostiene que en estos casi 12 meses de uso de poderes de emergencia se ha encarcelado a unos 64.000 miembros de pandillas.
En cuanto al traslado de los supuestos pandilleros a la nueva megacárcel, Martínez recuerda que no se dispuso un día cualquiera, sino que coincidió con la publicación del requerimiento presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 13 líderes de la Mara Salvatrucha, en el que se confirma que el gobierno de Bukele negoció en 2019 con las pandillas la reducción de homicidios en las calles, beneficios carcelarios y apoyo electoral, tal y como ya había denunciado en una investigación el medio salvadoreño El Faro. “Ahora un gran jurado en Estados Unidos da por válido que este gobierno conspiró con la mafia pandillera más grande del mundo durante tres años”, señala.
Para ese traslado de presos, “Bukele eligió a los más tatuados, fue un show pensado, estructurado para presentarse a la población salvadoreña como el hombre fuerte. Se trató de una puesta en escena con un sentido propagandístico muy concreto que tiene que ver con que él es el salvador que terminará con las pandillas”, afirma Martínez. En su opinión, el presidente ya ha comenzado la carrera para presentarse a las elecciones de febrero de 2024, a pesar de que la reelección está prohibida por la Constitución. Bukele, asegura el periodista, “necesita construir su campaña” y, al día de hoy, “ha elegido que tiene que venderse como el mesías que destruirá las pandillas, el hombre fuerte que ha llegado a El Salvador y que el país necesita para que termine su misión”. “Es una estrategia política más que una política pública”, añade.
Control de los tres poderes
La fórmula de Bukele, sin embargo, no es nueva, ya que el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL) también pactó en la clandestinidad con las pandillas en 2012 cuando gobernaba, afirma Martínez. La diferencia, señala el periodista, es que Bukele controla los tres poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– además de la Policía y el Ejército.
En su opinión, el presidente ha logrado concentrar ese poder gracias a “una mezcla de decisiones populares pero también de imposiciones antidemocráticas, como cuando echó a los jueces del Tribunal Constitucional y nombró a otros jueces que son los que interpretaron la Constitución para que él se pueda reelegir”. En ese sentido, considera que existe una “utilización de las instituciones públicas para concentrar todo el poder”.
A pesar de ser cuestionado internacionalmente por su lucha contra las pandillas o por convertir el bitcoin en moneda de curso legal, Bukele cuenta con una alta popularidad entre sus ciudadanos y muy probablemente, estima Martínez, seguirá manteniendo esos altos niveles de popularidad en los próximos meses. La población, explica, no está precisamente preocupada por los jueces del Constitucional, sino que lo importante es que ahora “el marero ya no está” en su barrio y ese grupo criminal “ya no gobierna sus vidas”.
Sin embargo, apunta el periodista, la popularidad del presidente salvadoreño irá cayendo a medida que la población vea cómo sus familiares son encarcelados y, cuando llegue ese momento de mayor descontento popular, “utilizará al Ejército para reprimir”. “Bukele ha prometido duplicar el Ejército y utilizarlo en todas las labores de seguridad pública, y nadie duplica un Ejército si no piensa que lo va a utilizar tarde o temprano. Cuando haya menos aplausos, van a sonar más las botas militares”, afirma Martínez.
El periodista describe a Bukele como un “presidente militarista” que está fortaleciendo al Estado con el ejército. “y él es su comandante en jefe”, un rango que, aclara, también ocupó Daniel Ortega en Nicaragua. Pero a diferencia de lo que ha ocurrido en Nicaragua, sostiene, en El Salvador la democracia “se está destruyendo mucho más rápido”, pues Ortega asumió el poder en 2007 –aunque también fue presidente entre 1985 y 1990–, mientras que Bukele llegó a la presidencia en 2019.
“Creo que cada vez más se consolida una lógica tremenda y es que personajes como Ortega saben que si pierden el poder y se empieza a examinar cómo lo ejecutaron se van a encontrar delitos, incluso delitos de lesa humanidad”, afirma Martínez. Así “se ha insinuado en El Salvador por el encarcelamiento arbitrario y muerte de gente inocente”, señala. “Temo que Bukele ya haya concluido que no puede dejar el poder, y cuando un hombre que tiene todo el poder y mucho apoyo popular como Bukele y sabe que no puede dejar el futuro, es muy peligroso”, concluye Martínez.
También la directora interina para las Américas de la organización Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, dijo el jueves en Twitter que “detrás de la puesta en escena del traslado de detenidos a una mega cárcel en El Salvador, el gobierno esconde negociaciones con pandillas, comete abusos y concentra el poder”. Taraciuk señaló que, “más que imitar el modelo, la región debe preocuparse por sus consecuencias”.