El secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, Juan Pablo Ortiz, confirmó este lunes en una entrevista con la cadena Teleamazonas que la estrategia de presentar la muerte cruzada es una que el mandatario Guillermo Lasso está dispuesto a adoptar en caso de que estén los votos necesarios para destituirlo ante el juicio político que probablemente tendrá que afrontar. La muerte cruzada es el poder que le da la Constitución ecuatoriana al presidente para disolver la Asamblea.
En los días previos varios legisladores manifestaron que si el presidente decide utilizar este recurso sería inconstitucional, porque consideran que no existen argumentos para justificar su aplicación. Lasso está sumamente comprometido a raíz de una investigación publicada a comienzos de este año por el portal de investigación La Posta, en la que se dieron detalles sobre la existencia de una trama de corrupción en las empresas públicas que tiene como principal acusado a Danilo Carrera Drouet, quien es cuñado del mandatario.
La agencia Prensa Latina recordó que hace poco más de una semana el diario británico Financial Times publicó una entrevista realizada a Lasso en Quito en la que el presidente manifestó su intención de disolver el Legislativo mediante la herramienta de la muerte cruzada si existieran los votos para destituirlo.
“La malversación se define como un delito en el que alguien se aprovecha de los fondos públicos para su propio beneficio. No he utilizado fondos públicos para mi propio beneficio”, expresó Lasso, quien en todo momento defendió su inocencia.
El mandatario ecuatoriano dijo que “no descartaba” ganar un número suficiente de legisladores para evitar el juicio político, pero reconoció que en “el escenario más probable”, en el que no pudiera reunir el apoyo suficiente, convocaría a elecciones anticipadas antes de que el Congreso pudiera destituirlo.
“El otro escenario que evitaré, porque no es correcto, es la censura del presidente”, dijo.
Cuando se le preguntó si eso significaba que invocaría a la muerte cruzada para forzar elecciones tanto para su propio puesto como para un nuevo congreso, Lasso respondió: “Correcto. Eso es lo que declararía”.
Lasso dijo además que en caso de que las cosas se dieran de esta manera, él se presentaría nuevamente. “Tengo un deber para con mis votantes. Seré candidato”, manifestó.
La cuestión del factible juicio político está entrando en sus etapas finales en el ámbito parlamentario. De acuerdo con el cronograma, está previsto que el martes los asambleístas solicitantes del juicio a Lasso presenten sus argumentos basados en el delito de peculado y el miércoles tendrá espacio el propio gobernante para hacer su defensa. En este sentido, desde el gobierno se informó que Lasso no concurrirá a la Asamblea Nacional, pero sí lo harán sus defensores legales. Si se aprueba el juicio político, serán necesarios dos tercios del pleno de la Asamblea para aprobar la destitución, 92 de 137 parlamentarios.
Los contactos entre integrantes del gobierno y los legisladores son permanentes, y en ese sentido el lunes la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) expresó que vigilará todas las actividades de los legisladores del partido indigenista Pachakutik, para garantizar que se respeten las decisiones colectivas. Leónidas Iza, presidente de la Conaie, les advirtió a los asambleístas del Pachakutik que su actuación será seguida de cerca. Esto hace referencia al audio filtrado la semana pasada en el que la subcoordinadora nacional de Pachakutik, Cecilia Velasque, habría dicho que cambiaría votos a cambio de la asignación de un ministerio.