La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este domingo mediante una serie de mensajes escritos en sus redes sociales que el gobierno que encabeza dispuso la intervención de los centros penales de todo el país.
“Sé del esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los Centros Penales”, expresó la mandataria, que asumió la presidencia del país en enero del año pasado.
De acuerdo a lo que informaron medios hondureños, el detonante de la decisión adoptada por la mandataria izquierdista, esposa del expresidente Manuel Zelaya, fueron los incidentes reportados de manera simultánea en cuatro cárceles del país durante el fin de semana.
Según informó el diario mexicano La Jornada, las autoridades penales hondureñas anunciaron en el anochecer del sábado que habían retomado el control en cuatro cárceles donde hubo enfrentamientos, pero el domingo se produjo un nuevo incidente en el penal de Santa Bárbara, ubicado en el noroeste del país, junto a la frontera con Guatemala.
Las peleas en los centros penales, que en total dejaron al menos un muerto y una veintena de heridos, fueron provocadas por integrantes de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Si bien estas dos organizaciones criminales fueron fundadas hace décadas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, la primera por salvadoreños y la segunda por mexicanos, ambas son internacionales y tienen una amplia penetración en varios países centroamericanos, incluyendo a Honduras.
Sin mencionarlo, pero sin dudas haciendo referencia a la política de seguridad impulsada en El Salvador por su homólogo Nayib Bukele, Castro expresó: “La intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad, de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención no solo con el castigo. Mañana 10 de abril, anunciaré los nombramientos y las primeras medidas de emergencia. Lo que importa son los resultados”, expresó la mandataria hondureña, que asumió el cargo en enero del año pasado, en medio de una profunda crisis a todo nivel en el país centroamericano, uno de los más pobres y menos desarrollados de todo el continente.
Hace seis meses, en noviembre, Castro había decretado la emergencia nacional debido a la inseguridad pública.
El viernes el gobierno aprobó el lanzamiento del Plan Nacional y amplió por seis meses más el estado de excepción. Según recordó la agencia Efe, en el marco del régimen de excepción, con el que la presidenta Castro le declaró “la guerra” a las pandillas, algunas garantías constitucionales están suspendidas con el fin de frenar la violencia y otros delitos como la extorsión por parte de bandas criminales, un flagelo que en los últimos 20 años dejó centenares de muertos y muchos negocios en la ruina.
Muchos micros, pequeños y medianos empresarios que se negaron a pagar las extorsiones pedidas por las pandillas que se reparten el control de muchos barrios de las principales ciudades del país, como Tegucigalpa y San Pedro Sula, se vieron forzados a cerrar sus comercios o a desplazarse a zonas del país donde la influencia de las pandillas es mucho menor.