La Justicia Federal del estado de Espíritu Santo determinó que las operadoras telefónicas y las tiendas de aplicaciones eliminen de manera inmediata el servicio de acceso a la aplicación de mensajería Telegram.
De acuerdo a lo que informó el portal de la cadena Globo, la decisión se adoptó después de que la plataforma no entregara todos los datos sobre los grupos neonazis que utilizan esta herramienta y que fueron solicitados por la Policía Federal (PF).
De acuerdo con la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal, los operadores Vivo, Claro, Tim y Oi, así como Google y Apple, responsables de las tiendas de aplicaciones Playstore y App Store, recibieron la comunicación sobre la suspensión de Telegram en la tarde de este miércoles.
Telegram entregó parcialmente los datos solicitados por parte de las autoridades policiales. La corporación, sin embargo, busca obtener los datos de los integrantes y administradores de un grupo con contenido neonazi, pero los responsables de las aplicaciones no dieron los números de teléfono.
Además de la suspensión, la Justicia aumentó la multa a la plataforma de 100.000 reales, cerca de 20.000 dólares, a un millón por día –casi 200.000 dólares– por negarse a proporcionar los datos solicitados.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, comentó la noticia en un contacto con los medios que tuvo durante una actividad que se realizó en la tarde del miércoles en la ciudad de Fortaleza, capital del estado de Ceará.
“La PF pidió y el Poder Judicial concedió que la red social que no cumpla con las decisiones, en este caso, Telegram, tenga una multa y una suspensión temporal de actividades”, expresó Dino, de acuerdo a lo que informó el diario Estado de Minas.
El secretario de Estado destacó la importancia de la decisión de la Justicia porque “hay movimientos antisemitas operando en estas redes. Y sabemos que eso está en la base de la violencia contra nuestros niños, contra nuestros adolescentes”.
Expertos en derecho digital consultados por Folha de São Paulo consideraron que el bloqueo de Telegram determinado por la Justicia es una medida legítima, ya que está prevista en la legislación y además fue tomada luego de que la empresa incumpliera varias órdenes judiciales.
El retiro de plataformas digitales del aire está previsto en el Marco de Derechos Civiles para Internet, que data de 2014. Normalmente, la sanción se aplica cuando una orden judicial o solicitudes de autoridades son incumplidas en reiteradas ocasiones por alguna empresa.
De acuerdo con la ley, la medida puede aplicarse en situaciones de urgencia, cuando exista riesgo o daño inminente para una persona o la población. La intención de la legislación es forzar la colaboración de la empresa, que es la primera interesada en normalizar su servicio.
La abogada Patricia Peck, especialista en derecho digital y profesora de la Escola Superior de Propaganda e Marketing, dijo a Folha que considera la medida extrema pero legítima.
“Es una medicina amarga pero necesaria, y siempre debe usarse como último recurso, cuando se han agotado todos los demás recursos”, expresó Peck. “Cualquier suspensión de un servicio que afecte a los usuarios siempre tendrá efectos secundarios. Pero nosotros, como ciudadanos y como padres, queremos utilizar productos y servicios que respeten las leyes brasileñas y colaboren con las autoridades nacionales”, sentenció la experta.