El martes por la mañana el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso se presentará en la Asamblea Nacional, el órgano unicameral legislativo del país, donde ejercerá su derecho a defenderse en el marco del juicio político que está en marcha en su contra por presuntos actos de corrupción cometidos en empresas estatales en los últimos años.
La resolución para seguir adelante con el juicio se tomó la semana pasada con 88 votos a favor, apenas cuatro menos que los 92 que se requerirían para censurar y destituir al mandatario.
Tras la intervención de Lasso del martes ante los parlamentarios, se abrirá un debate en el que todos los congresistas tendrán la oportunidad de argumentar si están a favor o no de destituir al presidente derechista que asumió el cargo en mayo de 2021.
En un plazo de cinco días a partir del martes, el titular de la Asamblea Legislativa, el congresista independiente Virgilio Saquicela, convocará a una sesión en la que se votará la eventual censura y destitución del mandatario.
Si bien dentro de la Asamblea la oposición tiene la mayoría, no está claro que se pueda llegar al número de votos necesario para censurar a Lasso, principalmente por las divisiones internas en el partido indigenista Pachakutik. Sí se pronunciarán a favor de la destitución de Lasso la bancada de la Unión por la Esperanza (Unes), sector afín al expresidente Rafael Correa, el Partido Social Cristiano, una parte del Pachakutik y algunos legisladores de Izquierda Democrática. En caso de que efectivamente se alcancen los 92 votos necesarios, una posibilidad cierta, el reemplazante de Lasso sería el actual vicepresidente, Alfredo Borrero, quien ocuparía el cargo hasta el final del mandato. Si no se llegara a los 92 votos, el juicio quedaría sin efecto.
Lasso en todo momento afirmó que es inocente, e incluso el trámite de juicio político impulsado por los parlamentarios carecería de validez legal, de acuerdo a lo que expresaron algunos representantes, además de abogados constitucionalistas.
Pese a ello, la decisión de llevar al mandatario ante el pleno se tomó mediante una resolución, recordó el portal digital ecuatoriano Primicias. En el Legislativo no hay ningún informe que señale la responsabilidad política del presidente por los cargos de los que se lo acusa. Es por eso que una eventual censura y destitución podrían ser declaradas inconstitucionales al no haber cumplido con los requisitos que exige la ley. Este es uno de los argumentos que sostiene el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. El legislador, cercano al gobierno, abandonó la sesión plenaria en la que se aprobó la resolución para llevar a juicio a Lasso, por considerarla ilegal.
Por otra parte, en caso de que el Parlamento apruebe su destitución, Lasso aún tiene una carta para jugar -incluso ha manifestado que lo hará-, que sería apelar a una ley denominada “muerte cruzada”. Si el presidente tomara esta decisión, que implica la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral tendría un plazo máximo de siete días para convocar a elecciones legislativas y presidenciales para el resto del período vigente. Estas elecciones deberían realizarse “en un plazo menor a 90 días” a partir de la fecha de la convocatoria.
Durante esos tres meses y hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el presidente Lasso, siempre y cuando tenga un dictamen favorable de la Corte Constitucional, podría seguir gobernando mediante decretos-leyes.