El resultado de la elección presidencial en Paraguay, el 30 de abril, fue una gran sorpresa para mucha gente, tanto dentro como fuera del país. La única encuesta independiente había pronosticado un resultado muy ajustado entre Santiago Peña, candidato del Partido Colorado, y Efraín Alegre, de la alianza opositora Concentración para un Nuevo Paraguay, liderada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Sin embargo, el Partido Colorado ganó otra vez la presidencia confirmando su control del sistema político en forma casi ininterrumpida desde 1947, un total de 71 de los últimos 76 años, en un caso insólito en América Latina, tras la caída de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional mexicano en 2000.
Esta vez, Peña ganó contra Alegre por 43% a 27,5%, el margen más grande en la época democrática, luego del fin de la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). El Partido Colorado ganó una mayoría en ambas cámaras del Congreso (23 sobre 45 escaños en el Senado y 48 sobre 80 en Diputados), además de 15 de las 17 gobernaciones departamentales y 62% de las 257 bancas en las juntas departamentales.
Dos aspectos del resultado dominaron los reportes internacionales: por un lado, la denuncia de fraude electoral por parte de Paraguayo Payo Cubas, polémico exsenador y candidato populista de extrema derecha que obtuvo 23% de los votos y fue arrestado en medio de las protestas poselectorales; por el otro, la debacle de la izquierda agrupada en torno al Frente Guasú, que perdió cinco de sus seis escaños en el Senado, incluido el del expresidente Fernando Lugo (2008-2012).
Para muchos, el resultado fue una sorpresa debido a que el presidente colorado saliente, Mario Abdo Benítez, tiene un bajísimo nivel de aceptación como consecuencia de su pobre respuesta a la pandemia de covid-19 y del auge de la violencia vinculada al narcotráfico. El crecimiento negativo del producto interno bruto de -0,3% llevó a un alza tanto en la tasa de pobreza extrema como en el empleo informal, tradicional en el país, donde tan sólo 20% de la fuerza laboral está inscripta en el rudimentario sistema de seguro social. También se destapó una serie de escándalos que demostró la corrupción endémica en el sector público y en las más altas esferas del sistema judicial.
En este marco, en julio de 2022, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) –actual presidente del Partido Colorado, mentor de Santiago Peña y el hombre más rico del país– fue declarado “significativamente corrupto” por el gobierno de Estados Unidos. El 26 de enero, el Tesoro de ese país impuso sanciones contra cuatro de sus empresas que tenían vínculos financieros con Estados Unidos, lo que lo obligó a despojarse de parte de su gran imperio económico, el Grupo Cartes, en favor de sus hijos y de otros testaferros. Washington lo acusó de participación en actividades ilícitas que socavaban las instituciones democráticas de Paraguay y de sobornar a congresistas con pagos mensuales de hasta 50.000 dólares a cambio de su lealtad personal. También lo acusó de lavado de dinero y de terrorismo internacional por sus vínculos con miembros de Hezbolá.
Para entender el éxito del Partido Colorado a pesar de estos elementos coyunturales negativos, es necesario hacer hincapié en dos importantes factores de largo plazo: su “captura” de la identidad nacional y su control de la administración pública. Estos explican en gran medida su extraordinaria longevidad y su vigencia actual en el sistema político paraguayo, cuestiones que lo diferencian de cualquier otro partido gobernante de América Latina.
Historia colorada
El Partido Colorado fue fundado en 1887, pocos años después de la horrenda Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), cuando Paraguay fue derrotado por las fuerzas combinadas de Argentina, Brasil y Uruguay y sufrió una debacle demográfica, sobre todo entre la población masculina. Durante un largo período posterior de gobiernos liberales (1904-1939), el Partido Colorado logró reivindicar tanto la memoria del líder de la resistencia paraguaya a las fuerzas aliadas, el presidente Francisco Solano López, como la de Bernardino Caballero, uno de sus generales más renombrados y posteriormente fundador del partido.
Con el transcurso del tiempo, varios de sus ideólogos lograron captar y capitalizar para su partido el profundo sentido nacionalista que empezó a caracterizar a la cultura paraguaya, a la vez que tildaban a los miembros del opositor Partido Liberal (hoy en día, PLRA) de ser “legionarios”, o sea, descendientes de los numerosos paraguayos que pelearon con las fuerzas enemigas. Este mensaje simplista resultó ser muy eficaz durante la guerra civil de 1947, cuando milicias armadas del Partido Colorado, compuestas mayormente por campesinos pobres –llamados py-nandí (descalzos)–, lograron vencer a una alianza de liberales, febreristas y comunistas, apoyada por el grueso de la oficialidad del ejército que había derrotado a Bolivia en la Guerra del Chaco (1932-1935).
A partir de su victoria en la guerra civil, el Partido Colorado empieza su control de la administración pública, llenando primero el vacío en las Fuerzas Armadas como consecuencia del exilio de gran parte de sus oficiales y posteriormente en todos los rangos de los ministerios y empresas estatales. Durante la larga dictadura de Stroessner, la afiliación al Partido Colorado fue obligatoria para oficiales de las Fuerzas Armadas. En cada rincón del país, seccionales y subseccionales del partido se establecieron como una estructura paralela de administración pública y espionaje contra disidentes en un fuerte nexo con las autoridades municipales y departamentales, también copadas enteramente por el partido. Como consecuencia, el grueso de los profesionales (médicos, enfermeros, docentes, ingenieros, arquitectos, etcétera) empleados por el Estado eran colorados, además de la casi totalidad de los funcionarios administrativos de los ministerios y empresas estatales.
Tras la caída de Stroessner en 1989, mucha gente subestimó el nivel de agencia que había tenido el Partido Colorado durante la dictadura y pronosticó erróneamente su pronta implosión. Sin embargo, las décadas siguientes mostraron el aumento de su presencia nacional, llegando a 387 seccionales en 2019, y su maquinaria electoral se ha mostrado muy aceitada. El partido puede ofrecer becas de estudio u organizar “ferias de empleo” en conjunto con el sector privado, al tiempo que sigue manteniendo un férreo control de la administración pública, factor que ha debilitado la democratización en Paraguay por la falta de alternancia. Gracias a la promulgación de varias leyes de transparencia, se calcula que 85% de los 406.000 funcionarios públicos del país está afiliado al Partido Colorado, lo que se ubica en 70% en el caso de los funcionarios judiciales. Esto constituye un nivel de concentración partidaria en el sector público muy excepcional en el resto de América Latina, con la excepción de Cuba.
Un nuevo relato
En los últimos años, una nueva variante de su retórica nacionalista ha fortalecido aún más su atractivo político, sobre todo entre jóvenes de origen rural: el argumento de que antes de la Guerra de la Triple Alianza –es decir, a mediados del siglo XIX– Paraguay figuraba entre los países más desarrollados del mundo. Este argumento alentador, cuyos orígenes se remontan a los escritos del intelectual colorado Manuel Domínguez a principios del siglo XX y que carece, sin embargo, de validez histórica, ha sido muy difundido recientemente en las redes sociales, entre otros, por Fernando Griffith, ministro de Cultura (2013-2018) y viceministro de Educación (2018-2022).
Dos elecciones previas al 30 de abril ya indicaban la persistente fuerza del Partido Colorado. En las municipales de octubre de 2021 el partido ganó el control en 163 de los 261 gobiernos locales y logró 70% de todos los concejales del país. En las elecciones internas partidarias de diciembre, cuando Peña ganó la candidatura presidencial y Cartes fue elegido presidente del partido, unos 2.600.000 miembros fueron inscritos en el padrón partidario, de los cuales votaron alrededor de 1.200.000. El mismo día, la Concertación introdujo la novedad de permitir votar en su interna a cualquier persona inscripta en el padrón electoral nacional, pero tan sólo 600.000 ciudadanos lo hicieron, la mitad del caudal colorado.
En definitiva, la capacidad del Partido Colorado de captar el sentimiento nacionalista sigue tan vigente como hace décadas. Cuando el gobierno de Joe Biden sancionó a Cartes, Peña y los líderes partidarios declararon que esto constituía un ataque a su glorioso partido y otro ejemplo histórico de intromisión extranjera en contra de la soberanía nacional paraguaya. Igualmente, su férreo control del sobredimensionado aparato administrativo del Estado, repleto de planilleros (funcionarios públicos que ocupan cargos sin trabajar demasiado, pero cruciales para “sacar el voto” en las elecciones), sigue siendo un factor clave para entender su longevidad. Antes y después de ganar la elección presidencial, Peña insistió en que la selección de funcionarios públicos seguiría dependiendo en gran medida del nivel de compromiso partidario y que no alcanza con la idoneidad.
Estado y agronegocio
Sería erróneo concluir que la perdurabilidad del Partido Colorado es sólo producto de una cultura política “tradicional”, en la que priman factores de índole “afectiva”. Esto es, sin duda, una parte de la ecuación. En el período “democrático”, de 1989 en adelante, Paraguay ha experimentado enormes cambios económicos como consecuencia de la inmigración descontrolada de unos 300.000 brasileños, mayormente granjeros y hoy en día denominados brasiguayos. Estos mal llamados “colonos” han transformado la economía rural, catapultando a Paraguay al puesto de tercer exportador mundial de soja y ubicándolo entre los diez mayores exportadores de carne, además de producir crecientes volúmenes de arroz, maíz y azúcar orgánica.
Pero este auge del agronegocio no ha sido acompañado por cambios sociales significativos debido al bajísimo nivel de articulación con los demás sectores económicos. En esta economía dual, el Estado sobredimensionado cumple un importante papel de amortiguador político. A cambio de preservar la enorme desigualdad de ingresos, riqueza y tierra que caracteriza la actualidad paraguaya, la élite económica y su socio menor, el Partido Colorado, siguen tolerando en la esfera política la gran corrupción e ineficiencia del sector público, una especie de “precio de la paz”, como lo llamaba Stroessner.
Por eso, es cuestionable caracterizar el actual modelo de desarrollo paraguayo con la etiqueta de “neoliberalismo”. A pesar de un sinnúmero de estudios realizados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, ninguno de los sucesivos gobiernos colorados que dirigieron el país desde 1989 ha intentado siquiera una reforma tibia de la administración pública. Esto sigue siendo un tabú y es de notar la anuencia de los voceros del agronegocio frente a esta realidad política.
Este acuerdo tácito entre una élite económica, muy bien estructurada en la Unión de Gremios de la Producción, que congrega 15 gremios del sector agropecuario, y el liderazgo político del Partido Colorado, representado por los 90 miembros de su Junta de Gobierno, asegura la vigencia de una sociedad tremendamente desigual y el predominio político de un partido alejado de cualquier programa. Estos sectores mantienen relaciones cordiales entre sí, pero no se inmiscuyen en las actividades del otro.
Este fuerte nexo en la economía política del país es crucial para explicar el extraordinario y aparentemente contradictorio hecho de que el Partido Colorado se jacte de tener el nivel de afiliación partidaria más alto de América Latina (2,6 millones sobre una población de 7,5 millones), aun cuando la imagen del Estado paraguayo entre la población es tan mala. En el Informe 2021 de Latinobarómetro, los paraguayos expresaron el nivel más bajo de confianza en el gobierno y en la institución electoral del país de toda América Latina y el segundo nivel más bajo de confianza hacia los partidos políticos y el Congreso. Es el país donde la percepción de que se gobierna para la mayoría fue más baja (tan sólo 5%), y la abrumadora mayoría (93%) declaró que “se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio”.
Hasta ahora son muy contados los miembros de la élite económica que se han convertido en líderes del partido; el expresidente Cartes es la gran excepción. Pero tal como sucedió luego de la caída de Stroessner en 1989, si Horacio Cartes saliera de la escena política –ya fuera por una extradición a Estados Unidos, lo que con su protegido en el poder resulta cada más improbable, o por su incapacidad de seguir financiando la facción Honor Colorado que lleva sus iniciales–, muy probablemente el Partido Colorado se mantendría como un baluarte del conservadurismo en América Latina por mucho tiempo más.
Andrew Nickson ejerce la Cátedra Honorífica de Gestión Pública y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Birmingham, y es profesor de Gobernabilidad Local y Consolidación de la Paz en el United Nations System Staff College, Turín. Es autor del Diccionario histórico del Paraguay (Intercontinental, Asunción, 2017) y coeditor de Antología del Paraguay (Intercontinental, Asunción, 2021). Este artículo fue publicado originalmente por Nueva Sociedad.